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El presidente Gustavo Petro se ha reunido dos veces con el fiscal general Francisco Barbosa para atender sus dudas con respecto a la iniciativa de “paz total” del Gobierno. El jefe del entre acusador ha manifestado especial preocupación por el Proyecto de Ley de sujeción a la justicia ordinaria, que se radicó en el Congreso hace tres semanas. De acuerdo con lo que señaló en ese momento el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, el articulado “contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario”.
El jefe de la cartera de Justicia anotó que en este proyecto “tendrá enorme protagonismo el poder judicial, tanto con la Fiscalía General de la Nación como con los jueces y magistrados”. No obstante, el fiscal expresó su desacuerdo con la iniciativa e hizo referencia específica al tratamiento a los narcotraficantes. “El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento”, dijo en el marco de la conferencia “Nuevas modalidades de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero”, en República Dominicana.
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Tras el más reciente encuentro entre el presidente y el fiscal, el Gobierno reafirmó que “el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena”. Aun así, la cooperación entre las dos ramas del poder ha resultado un insumo primordial a la hora de negociar con narcotraficantes en los varios intentos que ha hecho el Estado históricamente para acabar la problemática.
El rol de la Fiscalía
Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, resalta el rol que han tenido los fiscales en los anteriores procesos de negociación de sometimiento que se han llevado con narcotraficantes. Recuerda que fue en los años de la más ardua lucha contra el narcotráfico que se estrenó la figura del fiscal -creada con la Constitución de 1991-. “Mi impresión es que Gustavo De Greiff, el primer fiscal, tuvo un papel importante y efectivo en el sometimiento de esos narcotraficantes. Capturaron a Miguel Ángel Rodríguez Orejuela y a Gilberto Rodríguez Orejuela, dos cabezas principales del cartel de Cali”.
El historiador y politólogo Petrit Baquero también recuerda el rol de De Greiff en uno de los acuerdos “por encima de la mesa”, como él los denomina. Con el decreto 1833 de 1992, se indultó a una serie de narcotraficantes a cambio de colaboración con el fin de conseguir la caída del entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. En este, los beneficiarios fueron conocidos como “Los 12 del Patíbulo” y “Los Arrepentidos”. Entre ellos estaban Gabriel Puerta Parra, Luis Guillermo Angel Restrepo, Gustavo Tapias Ospina y Luis Enrique Miki Ramírez.
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Para Jaramillo Jassir, “el papel de la Fiscalía se ha venido a mi juicio desdibujando porque cada vez está más politizada. Cuando hay un fiscal que de alguna manera deslegitima el proceso de negociación, eso le está generando problemas de credibilidad a todo este esquema, a la apuesta de Petro de ‘paz total’”.
Para Baquero, “Barbosa ignora que en Colombia siempre se ha negociado con actores ilegales, con lo que se denominaba antes delincuencia común. La diferencia es que antes se hacía por debajo de la mesa. Esta vez se plantea un intento por encima de la mesa, es decir, que la gente sepa qué se está negociando, con quién se está hablando y cuáles son los objetivos. En las negociaciones por debajo de la mesa, muchas veces son acuerdos turbios que lo que buscan es derrotar a otro enemigo peor. Por ejemplo, Los PEPES o la donbernabilidad [pacificación del territorio cuando las estructuras criminales se sometieron al poder de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”] fueron acuerdos debajo de la mesa”.
Antecedentes de negociaciones con narcotraficantes
Como asegura Baquero, el Estado siempre ha tratado de negociar con actores al margen de la ley. “Acuerdos ha habido siempre. Uno puede rastrear, por ejemplo, acuerdos con los esmeralderos, cuando ellos obtuvieron las concesiones para las minas de esmeraldas a comienzos de los años 70, ahí se legalizó y se legitimó un grupo que anteriormente había sido asociado con la delincuencia, denominado como “La pesada”, donde se formó Víctor Carranza y Gilberto Molina”, cuenta.
“En los años 80, los esmeralderos, que tenían grupos armados, no tenían la capacidad para enfrentarse a Rodríguez Gacha, que era el narcotraficante más poderoso de la época. Entonces, optaron por empezar a dar declaraciones e información al gobierno colombiano y a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Eso hizo que se hiciera un pacto por debajo de la mesa con esos grupos que seguro tenían muchos muertos en el clóset y que estaban ligados a narcotraficantes”, continúa el autor de El ABC de la Mafia, quien recuerda que los narcotraficantes en distintos momentos, sobre todo el grupo de los extraditables, han buscado ser objeto de un indulto o de una amnistía. “El primero fue en 1984, cuando acababan de matar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Buscaron por separado a Alfonso López Michelsen y al procurador de la época, Carlos Jiménez Gómez. Hablaron con ellos por separado y le hicieron esa propuesta, pero esta se filtró y se cayó”, señala el académico.
De acuerdo con el historiador, en 1991 hubo una mezcla de acuerdos por encima y por debajo de la mesa, pero en el fondo eran más inclinados a lo segundo porque “los decretos (2047, 2147, 2372, 3030 y 303 de 1991) se hicieron a la medida de Pablo Escobar. Tan es así que la prohibición de la extradición de colombianos al exterior se volvió un artículo constitucional y ese mismo día Pablo Escobar se entregó”. 19 de junio de 1991.
Después de eso, y debido a los secuestros a los hijos de la oligarquía colombiana -Francisco Santos, Andrés Pastrana Arango Diana Turbay, Maruja Pachón de Villamizar y Marina Montoya-, Escobar “logró un acuerdo con el Estado (y el gobierno de César Gaviria) que le garantizó control absoluto sobre la cárcel de “La Catedral” [Envigado], lo cual quedó en evidencia luego de que se denunciaran los múltiples actos criminales que cometió allí”, anotó Baquero. En este caso específico, al narcotraficante se le cumplió lo acordado y fue este quien lo incumplió.
Por último, Baquero argumenta que aunque el acuerdo de Justicia y Paz (2005) fue diseñado para la desmovilización de los paramilitares, en esta ley también terminaron beneficiarios algunos narcotraficantes. De acuerdo con él, aunque la gran mayoría de paramilitares tenían nexos con el narcotráfico, también hubo “narcotraficantes puros”, es decir, sin mentalidad contrainsurgente, que terminaron siendo beneficiados por el acuerdo. “El problema con las miradas puristas es que en la guerra los actores se mezclan, se configuran de diversas formas y esas miradas puristas de las negociaciones han generado que se hagan debajo de cuerda”, concluye.
Por Daniela Cristancho
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