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En dos frentes está desplegando el gobierno del presidente Gustavo Petro una estrategia diplomática con la que se juega la relación con su principal socio Estados Unidos. En ella, no solo está incluida la sombra de una descertificación en materia de lucha contra las drogas, sino también la relación bilateral con Venezuela.
La tensión ha aumentado en la última semana con el despliegue del poderío naval norteamericano ordenado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, que en el pasado no ha dudado en tomar decisiones contundentes contra quienes considera sus enemigos. El argumento, en esta ocasión, es ponerle freno a la amenaza terrorista que representa el Cartel de los Soles, la organización liderada, según inteligencia de Estados Unidos, por el mismo Nicolás Maduro.
La orden ya generó indignación en la Casa de Nariño y el presidente Petro se la jugó por defender la soberanía de su homólogo venezolano a través de su cuenta de X. Así, distanciándose de decisiones como las que han tomado los gobiernos de Argentina, Ecuador y Paraguay —todos con distancia ideológica del mandatario colombiano— que declararon como “organización terrorista” ese cartel, fue que parecen haber quedado atrás las intenciones de subsanar la relación con Estados Unidos.
Con la negativa de reconocer un cartel por el que Maduro tiene una recompensa de US$50 millones sobre su cabeza, fuentes diplomáticas le dijeron a El Espectador que el diálogo bilateral que se venía recomponiendo con la reunión de casi tres horas en Palacio con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y los senadores Bernie Moreno (Partido Republicano) y Rubén Gallego (Partido Demócrata) habría pasado a segundo plano.
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A un escenario ya complejo para Colombia en materia diplomática con su vecino, se le suman los posibles coletazos que esa decisión pueda traer para la descertificación en la lucha contra las drogas. Se trata del momento en el que el país tiene el 67 % de las hectáreas de coca en todo el planeta (253.000 hectáreas de acuerdo con cifras de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito de 2023) y se enfrenta a ataques constantes de grupos criminales que en solo 24 horas dieron golpes en dos departamentos, Antioquia y Valle del Cauca, con una cifra de al menos 20 personas asesinadas.
Y es que a esas cifras, no menores para la decisión de la descertificación, se le suman las revelaciones de tiempo atrás sobre la permisividad que el Gobierno venezolano ha tenido con los grupos ilegales en la zona , responsables del aumento desmedido de los cultivos ilícitos en todo el país.
Aunque el presidente Petro ha dicho en varias ocasiones que Venezuela contribuye a la pelea contra la criminalidad, las dudas en la Casa Blanca se mantienen, sobre todo cuando estructuras como el ELN también entraron en esa lista de la que hace parte el Cartel de los Soles.
En juego está la posibilidad de que se sustraiga la cooperación internacional en materia de defensa, lucha contra las drogas, asistencia social y económica que alcanza los US$453.096.000 (aproximadamente $1,8 billones). Eso, sumado a un recorte que analiza el Congreso de EE. UU. del 50 % a la asistencia no militar para Colombia.
Visto con incertidumbre desde los lentes de la relación bilateral con EE. UU, en Palacio no dejarán atrás la que ha sido una de las banderas de su política exterior, menos en el último año del “Gobierno del cambio”: el restablecimiento de la relación con el vecino país, que ha mantenido firme incluso en medio de los vaivenes con Perú y Ecuador, así como con El Salvador de Nayib Bukele.
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Y en esa vía es que fue firmado, precisamente, el memorando de entendimiento en materia comercial para la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela. En los mismos departamentos fronterizos en los que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino —con una orden de captura propia con una recompensa de US$15 millones— desplegó un refuerzo de 15 mil uniformados por la situación crítica con Estados Unidos, se desarrollaría una zona económica especial que generó ruidos por los alcances sobre la soberanía colombiana.
Por esas acusaciones desde el Capitolio es que tanto la canciller (e) Rosa Villavicencio como el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron llamados a la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, desde donde tuvieron que responder por las implicaciones. Allí es que la ministra de Exteriores dejó claro que “su contenido se limita a estipular intenciones entre los Estados, de acuerdo a su mutuo interés, (…) sin que ello obligue”.
El gobierno Petro, en todo caso, está mirando más allá y ya está cocinando la propuesta que le hará al Palacio de Miraflores. Todavía en fase preliminar, para la construcción de ese documento que se presentará en un próximo encuentro al gabinete de Maduro ya se han adelantado reuniones internas, en las que se han delineado las ventajas económicas y comerciales que traería dejar en firme un acuerdo en esa materia.
“Nos vamos a basar en la ley de fronteras que tenemos nosotros, en las unidades de desarrollo fronterizo, que también están establecidas en la ley colombiana. [Vamos a] esperar una próxima reunión con el Gobierno venezolano que también hará lo mismo, eso es lo que dice el el memorando de entendimiento”, señaló el embajador Milton Rengifo, en diálogo con El Espectador.
En un documento enviado desde el Ministerio de Comercio, en cabeza de Diana Morales, a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre ese memorando, se especifica que este “solo se enfoca en los temas de comercio, industria y turismo” y revela que, previo a la firma, no se realizó ningún tipo de estudio más allá de las cifras existentes de la relación binacional. Precisamente, reconoce que “no existen documentos preparatorios oficiales frente a esta iniciativa”.
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“El Equipo de Trabajo binacional que se encargará del desarrollo e implementación de esta iniciativa, a la fecha en la que se emite esta respuesta [15 de agosto], aún no se ha reunido para definir una hoja de ruta. Con el objetivo de avanzar en esta labor, esta Cartera Ministerial como entidad competente en materia de comercio, industria y turismo, que son los tres temas a revisar en desarrollo del memorando, se encuentra iniciando las coordinaciones internas y con el vecino país para acordar una fecha para llevar a cabo dicho encuentro”, se lee en el documento.
Eso sí, señala que “la balanza comercial con Venezuela es superavitaria para Colombia”, con un comercio “de manera fluida y con tendencia creciente” desde el restablecimiento de las relaciones bilaterales en 2022.
Tan solo el año pasado, explica el MinCIT, “las exportaciones [hacia Venezuela] fueron de USD 1.004 millones (49% más que el año anterior) y las importaciones fueron de USD 121 millones (3% más que el año anterior)”. Eso representó, en el comercio total de Colombia, el 2 % de las exportaciones y el 0,2 % de las importaciones, según cifras de la misma cartera.
Esos cálculos, en todo caso, poco beneficio traen a la Casa Blanca, que busca aislar al régimen.
Las cartas están sobre la mesa y el apoyo vocal a Maduro podría pasarle factura a Colombia en su relación con Estados Unidos. Desde el gobierno han sido claros que la soberanía colombiana no permite la intervención de pareceres extranjeros en materia de política exterior, pero lo cierto es que se mueve sigilosamente en Washington para acercar a sus aliados antes de la decisión sobre la descertificación.
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