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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó este martes las pretensiones de ciudadanos que pedían la protección a sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al control político, los cuales consideraron estaban siendo vulnerados por el Ministerio de Hacienda Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil al no destinar los recursos para adelantar la consulta con fines de revocatoria del Alcalde Mayor de Bogotá el 2 de marzo.
En la decisión el tribunal señaló que “la Registraduría Nacional del Estado Civil explicó debidamente las razones que le impidieron llevar a cabo los trámites requeridos para que la revocatoria se hiciera el 2 de marzo, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas con la inexistencia de la partida presupuestal requerida para todos los procesos de contratación estatal ”.
La sala advierte que “lo que se encuentra protegido constitucionalmente es que el ciudadano pueda participar en el ejercicio del control político; en este caso que se le garantice al accionante la oportunidad de manifestarse a favor o en contra de la revocatoria del mandato del burgomaestre Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego, situación que actualmente se encuentra plenamente asegurada por parte de la Registraduría Nacional y Distrital del Estado Civil”.
Se señala además en las decisiones que “la revocatoria se celebrará de todos modos y en un plazo corto frente a la fecha inicial, no observándose que tal dilación genere un daño grave al actor o una irremediable vulneración a sus derechos”.
Los Registradores Distritales emitieron el viernes 14 de febrero la Resolución 0183 por la cual se modifica la fecha para la votación de la consulta con fines de revocatoria de mandato del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego.
En la Resolución 0183 los Registradores establecen como nueva fecha para la consulta el domingo 6 de abril de 2014.
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