“No es lo que propusimos”

El primero tiene que ver con el principio de buena fe. El artículo ya fue aprobado y el Gobierno le impuso límites a la acreditación de las víctimas. El segundo escollo es el del universo, porque se insiste en excluir a las víctimas del Estado de la reparación por vía administrativa. Otro punto polémico es lo que tiene que ver con la restitución de bienes; nosotros insistimos en que se debe dar bajo las perspectivas de patrimonio, junto con los muebles e inmuebles que se tenían antes de que fueran despojados.

En lo que tiene que ver con las víctimas del Estado, ¿no es válido tener en cuenta la presunción de inocencia?

Eso es desconocer los principios internacionales en materia de reparación. Si usted lee las resoluciones de la ONU, se dice que la víctima lo es por la violación de los derechos humanos, independientemente de que su victimario haya sido judicializado, condenado e identificado. Exigir sentencia judicial para la reparación de las víctimas es violatorio de los compromisos internacionales.

¿No es un gran logro el que las víctimas sean reconocidas aun con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley?

El Gobierno ha planteado cuatro años anteriores a la expedición de la ley para que las víctimas puedan reclamar reparación. Sin embargo, eso es violatorio del principio de buena fe en un país que, como Colombia, ha vivido décadas de violencia.

Como están las cosas, ¿es preferible que la ley se hunda?

La ley que quiere imponer el Gobierno no es la que nosotros propusimos. De manera ilegal, la coalición uribista asumió como ponencia base la planteada por el Ejecutivo. Vamos a presentar proposiciones a los artículos que creemos inconvenientes, pediremos votación nominal y ya veremos qué decisión se toma.