“No vamos a dar un salto al vacío”

Cortar el vínculo entre política y justicia, garantizar que todos los altos funcionarios del Estado sean investigados y acusados debidamente cuando comentan una falta, corregir y hacer más eficiente la administración de justicia —para lo cual se reemplazará el Consejo de la Judicatura por un Consejo de Administración—, acabar con la llamada “puerta giratoria” y mejorar el capital humano, es decir, que sólo lleguen los mejores a las altas cortes. Asimismo, mejorar el procedimiento de las tutelas para que cumplan su finalidad de proteger a los más débiles y, sobre todo, que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones sobre quienes recaiga una sospecha o una denuncia, porque los corruptos deben ser tratados como “traidores a la patria”. Son, en síntesis, las fórmulas anunciadas anoche por el presidente Juan Manuel Santos, en una alocución al país en la que defendió a la Corte Constitucional, rechazando las propuestas de revocar a todos sus magistrados o convocar una asamblea constituyente, como medidas para superar la crisis que vive hoy el alto tribunal por el escándalo de corrupción en torno al magistrado Jorge Pretelt. “No podemos ni vamos a dar un salto al vacío. No permitiré que se pongan en peligro las instituciones que hemos construido y preservado con tanto esfuerzo, ni que se pretenda reemplazar el Estado de Derecho por una especie de Estado de Opinión, donde prevalezca la versión del que más ruido haga, por encima de los conductos legales”, enfatizó el primer mandatario. En este sentido, la reforma de equilibrio de poderes que cursa su segunda vuelta en el Congreso apunta a ser la punta de lanza para retomar el rumbo de la legitimidad y credibilidad perdido en ese alto tribunal durante las últimas semanas. Y es que la crisis no da tregua. Ayer, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, representante Julián Bedoya, pidió investigar de oficio al fiscal general, Eduardo Montealegre, y a los magistrados Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y Gloria Stella Ortiz, también de la Corte Constitucional, señalados por Pretelt de haber incurrido en supuesto tráfico de influencias. A su vez, se conoció que Estados Unidos le canceló la visa, al tiempo que comienza a sentirse la presión de la gente: el Movimiento Ciudadano Blanco anunció para este jueves un “cacerolazo”, exigiendo la renuncia de toda la Corte. De ahí que el jefe de Estado pidiera no politizar los procesos investigativos en curso y acabar con el mecanismo —según él de distracción— en el que todo investigado por corrupción u otros actos ilegales se defiende alegando persecución política. En lo que sí insistió fue en “romper, de una vez por todas, ese cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho. Esa es tal vez la mayor falencia”. Y, precisamente, en la reforma de equilibrio de poderes se plantea que la selección de magistrados sea mediante meritocracia, y que sean las propias cortes las que los designen, sin consideraciones políticas ni partidistas. “No volveremos a ver a los jueces de nuestro país participando en la elección del contralor general o de los contralores departamentales, y habrá que discutir que tampoco lo hagan en la designación del procurador y el registrador nacional, porque queremos jueces que se concentren en juzgar y que no se distraigan en funciones electorales”, manifestó. Según indicó, hoy será expedido un decreto de autorregulación, elaborado en 2008 por una coalición de veedurías ciudadanas y denominada “Elección Visible”, para dar trasparencia y visibilidad al mecanismo de selección de los magistrados, con participación de la sociedad civil. Al mismo tiempo, les solicitó a las altas cortes acoger los códigos de ética establecidos por la Corporación Excelencia en la Justicia. Y en lo que tiene que ver con el tribunal de aforados —ente que debe reemplazar la inoperante Comisión de Acusación de la Cámara—, se le harán algunos ajustes a la propuesta para darle más facultades. “No será un tribunal que sólo investigue, sino que acusará directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados, con el fin de agilizar el proceso. Y el Congreso, en un término perentorio, evaluará la conveniencia de dar trámite a la acusación”. Más allá de la reforma del equilibrio de poderes, el primer mandatario anunció otras medidas que vendrán vía ley o por decreto. Por ejemplo, se presentará un proyecto de ley estatutaria, con mensaje de urgencia, que permita que los reglamentos de las corporaciones judiciales suspendan, como medida cautelar, a sus propios magistrados, cuando se encuentren en una situación patente de indignidad. Y en lo que tiene que ver con la tutela, le pidió a la misma Corte Constitucional avanzar en la modificación de sus reglamentos para garantizar que la revisión se oriente principalmente al amparo de los derechos fundamentales de los sectores sociales más necesitados. “Algunos han identificado que parte de los escándalos tienen que ver con la tutela contra sentencias, que genera inseguridad jurídica y el llamado ‘choque de trenes’, y que expone a la Corte Constitucional a presiones indebidas. Por eso estamos promoviendo medidas para racionalizar la tutela contra sentencias, evitando que se afecte la gran confianza que hoy tienen los colombianos en este mecanismo”, dijo Santos. Por otra parte, el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley en el que se redoblará la prohibición de cabildeo judicial y se señalarán severas consecuencias por su incumplimiento. “No queremos más abogados visitando las cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados”, advirtió. El presidente le pidió también a la Corte Constitucional que sus sentencias se publiquen a más tardar dentro de los tres días siguientes a la decisión respectiva, pues las demoras en su expedición crean espacios para la intriga, y que no se filtren antes de su publicación oficial. Finalmente, se radicará otro proyecto de ley que instaura el examen de Estado para los abogados, de manera que, en lo sucesivo, solamente podrán ejercer esta profesión quienes acrediten la formación, el conocimiento y la idoneidad suficientes. “Invito a fortalecer las colegiaturas, y a mejorar no sólo la autorregulación de esta profesión, sino el control ético de sus actuaciones. Porque la ética —que a nadie le quepa duda— sí tiene mucho que ver con el derecho, con el buen gobierno y con todo el funcionamiento del Estado”, concluyó.