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Los ha dicho el presidente Juan Manuel Santos “no hay paz posible sin una verdadera reparación de las víctimas”, ese es una de los ejes centrales de la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), y fue una de las primeras banderas que izó con el trámite de la ley de víctimas y restitución de tierras que le ocasionó, en gran medida, el divorcio político con su antecesor, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.
Es una de las promesas, sin importar si el proceso de paz resulta exitoso, el regreso de las víctimas de la violencia a las tierras que les fueron despojadas a sangre y fuego y que fueron tituladas a nombres de terceros a través de maniobras fraudulentas. En ese eslabón los notarios del país cobran singular importancia porque son los encargados de reconstruir la historia de los predios que en algún momento les pertenecieron a los campesinos.
Por ese motivo, durante el III Congreso Nacional de Notarios, el presidente Santos destacó la importancia de la gestión de los notarios del país en el retorno de las tierras a quienes fueron afectados por el despojo al afirmar que “este es un tema fundamental en el país. La superintendencia delegada se ha encargado de ayudarle a la Unidad de Restitución de Tierras que fue creada por la ley de víctimas con los diagnósticos de estudios de más de 5 mil casos donde de reclamantes que fueron despojados a punta de violencia y de fusil”.
Y es que así lo plantea la norma según la cual se creó al Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, por eso Santos destacó: “la Superintendencia está investigando la tradición de cada propiedad reclamada ante la Unidad para que cada víctima pueda seguir adelante con su proceso y que pueda recuperar su predio. Estamos frente a una posibilidad de cambio como es la paz, una paz con más seguridad jurídica. En un escenario de paz y posconflicto esto va a ser necesario”.
Ante el reto que implica la reparación de las víctimas a través del retorno a sus tierras, el presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charry, destacó que son dos labores fundamentales las que tiene que cumplir. La primera es la titulación de los predios a quienes se les devuelvan las propiedades para que cuenten con seguridad jurídica.
Además, los notarios deben reconstruir la historia de la titulación y descubrir qué maniobras fraudulentas se emplearon para la apropiación de los predios que finalmente terminaron en manos de terceros, luego del despojo del que fueron víctimas los campesinos por medio de intimidaciones y violencia. Por este motivo Rojas Charry manifestó que “nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer la tradición jurídica del inmueble identificando quién le vendió a quién en esa la cadena de titulación, de la tradición como se dice jurídicamente, así logramos establecer el propietario. Después, debemos darles las escrituras, para que se haga real y material esa titulación a la víctima”.
Entre las cifras que maneja la Unión Colegiada de Notariado está, además de los 5.000 predios que fueron despojados de forma violenta y que ya fueron enviados a la Unidad de Restitución de Tierras, otros 15.000 que casos que hoy son objeto de revisión de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf), para establecer cómo fueron comprados y sí son fruto de despojo a manos de paramilitares, guerrilla o bandas criminales.
Al respecto el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, señaló que la entidad ha logrado recuperar cerca de 400 mil hectárea de tierras que pasaron al proceso de restitución para las víctimas de la violencia y que hay cerca de 250 mil que tienen irregularidades jurídicas que ya están siendo revisadas por los jueces agrarios. Casualmente esos predios están ubicados en zonas de histórico impacto de la violencia como: Meta, Córdoba, Antioquia y Bolívar.