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La batalla por el capital político de Antioquia estalló de frente entre el oficialismo y la oposición. La reciente imputación al exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas no solo reactivó tensiones con su sucesor, Federico Gutiérrez, sino que amplificó un enfrentamiento de fondo entre el presidente Gustavo Petro y los liderazgos regionales del uribismo. Y la pelea —en la que la izquierda intenta arrebatarle a la derecha este bastión— no es menor: se trata de un departamento en el que están en juego más de cinco millones de votos, según los datos de la Registraduría en las elecciones pasadas.
En Antioquia, tanto en las presidenciales como en las regionales, el oficialismo no logró consolidar una victoria. En 2022, Gustavo Petro no ganó en ninguna vuelta en el departamento, y un año después, su fuerza política tampoco pudo hacerse con los principales cargos locales. Por el contrario, el uribismo se fortaleció con las victorias de Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín y Andrés Julián Rendón en la Gobernación. En la capital, de hecho, “Fico” superó con más de 500.000 votos a Juan Carlos Upegui, el candidato por el que Daniel Quintero renunció anticipadamente para hacerle campaña y que era considerado la carta del oficialismo.
Quintero, quien llegó a la Alcaldía de Medellín en 2019 con más de 300.000 votos, está ahora en el centro de la polémica por un caso que involucra un predio destinado inicialmente a la construcción de un ecoparque. Según la Fiscalía, el entonces mandatario sabía que se trataba de un bien del Estado bajo custodia del Distrito y que, al apropiarse de este, habría favorecido a terceros, lo que hoy tiene a varios exfuncionarios bajo investigación. Él, en todo caso, ha negado cualquier tipo de irregularidad y —por el contrario— ha dicho que la responsabilidad la tiene el alcalde Gutiérrez.
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Este caso es el round más reciente del viejo y duro enfrentamiento entre el exalcalde y su sucesor. Desde que Federico Gutiérrez volvió a un segundo periodo en la Alcaldía de Medellín no ha parado de lanzar señalamientos contra su antecesor, acusándolo de corrupción y de dejar la ciudad en crisis. Quintero, por su parte, ha salido a defenderse y a dedicarse a hacerle oposición, al punto de lanzarle pullas hasta por el aplazamiento del concierto de Shakira. La pelea ha llegado incluso a la Fiscalía, donde se han denunciado mutuamente por injuria y calumnia.
En este capítulo se terminó subiendo el presidente Petro, quien tampoco ha sido tímido en casar múltiples peleas con los dirigentes de Antioquia y otros departamentos en los dos años y medio que lleva en la Casa de Nariño. Para el jefe de Estado, todo el caso de Aguas Vivas se trataría de un “proceso construido” y con motivaciones políticas detrás. En respuesta a esas afirmaciones, el también excandidato presidencial lo ha acusado de defender corruptos. “En últimas y desde el principio han sido tus aliados”, señaló en uno de sus trinos de esta semana.
La confrontación además implica otros puntos sensibles, como Hidroituango y la situación de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Tanto Gutiérrez como Quintero han defendido su gestión. Mientras el primero resalta que durante su administración se evitó una tragedia y se avanzó en la recuperación del proyecto, el segundo le reprocha que el colapso ocurrió precisamente bajo su mandato, lo acusa de irregularidades en la construcción y le recuerda que ya hay exfuncionarios de su equipo imputados por la Fiscalía.
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Frente a estos temas también ha cerrado filas la institucionalidad antioqueña. Tanto Gutiérrez como el gobernador Andrés Julián Rendón —quien también llegó al cargo con el respaldo del Centro Democrático— han asumido una postura de defensa frente a lo que consideran ataques o intentos de debilitamiento por parte del Gobierno Nacional.
Y es que, 24 horas antes, durante uno de sus consejos de ministros televisado, Petro y el ministro de Minas, Edwin Palma, lanzaron una serie de críticas contra EPM, empresa que fue uno de los motores de la “Gran marcha del orgullo paisa” que se llevó a cabo en Medellín el domingo pasado y que lideró el Centro Democrático. La manifestación culminó frente al edificio inteligente de EPM, donde el expresidente Álvaro Uribe defendió a la empresa como “un legado de décadas de buena administración antioqueña”. Dijo que “las Empresas Públicas de Medellín, su platica, le ha servido a toda Colombia”.
La política de “paz total” también se ha convertido en otro frente de disputa. Mientras el presidente Petro insiste en que gracias al diálogo con bandas urbanas —como parte de esa estrategia— se ha logrado una reducción en los homicidios en la capital de Antioquia. Incluso este jueves aseguró: “Medellín rompe el récord del mundo porque la ciudad más violenta pasa a ser la menos violenta. Medellín disminuyó en 8,7 la tasa de homicidios en estos dos meses. Si sigue disminuyendo, casi podría asegurar que la tasa de homicidios nos daría por debajo de 10 por 100 mil habitantes”. Sin embargo, los mandatarios locales tienen una lectura distinta. Aseguran que esa disminución se debe, más bien, a sus propias políticas de seguridad, inversión social y control territorial.
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La confrontación entre los mandatarios ocurre en un contexto clave: la puja por Antioquia, un bastión electoral que será decisivo en 2026. Dentro de los cinco precandidatos uribistas que impulsaron la marcha del pasado 30 de marzo, dos —Paola Holguín y Andrés Guerra— son antioqueños. Incluso, voces cercanas al partido señalan que su aspiración pasa, en buena parte, por medirse de cara a las elecciones regionales de 2027.
Tampoco es gratuito que el presidente Petro haya intensificado sus visitas a esta región, ni que los miembros del Pacto Histórico estén promoviendo la conformación de al menos 50 comités por el “sí” a la consulta popular solo en Antioquia. En las presidenciales de 2022, Petro no logró ganar ni en primera ni en segunda vuelta, pero sí se acercó a su meta de un millón de votos, subiendo de 600.000 apoyos en 2018 a más de 900.000 cuatro años después. Ahora busca superar esa cifra con miras a consolidar un relevo progresista en la Casa de Nariño.
Pero no la tiene fácil. Desde la derecha advierten que las decisiones del Gobierno, como el freno a varios proyectos de infraestructura, podrían pasarle factura. Ahí se cuentan las demoras en las vías 4G, que el Ministerio de Transporte no ha priorizado, y la tensión por los $423.000 millones que finalmente fueron girados para el Metro de la 80, tras un largo pulso con el Ejecutivo.
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Por lo pronto, la Procuraduría inhabilitó por ocho años a Upegui y el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó su pérdida de investidura, dejándolo fuera del Concejo de la capital antioqueña, dado que su padre, Carlos Alberto Upegui, fue designado por la Secretaría de Educación de Medellín como rector de la Institución Educativa de carácter público San Lorenzo de Aburrá durante los tiempos que generaban inhabilidad.
En paralelo, aunque la Fiscalía ya imputó cargos a Quintero por el caso Aguas Vivas, el juez aún no ha dado luz verde y la audiencia quedó aplazada para el 21 de abril. El exalcalde insiste en que todo se basa en mentiras y asegura que la Fiscalía ni siquiera ha escuchado su versión.
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