Otra prórroga para liquidar Estupefacientes

Fue en septiembre de 2011 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que en tan sólo un año la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) estaría liquidada. Ahora, después de casi tres años de escándalos judiciales y de haber iniciado el proceso de supresión, el Ejecutivo amplió por tercera ocasión el plazo para que las funciones y los bienes de esa entidad pasen a ser administrados por otras dependencias del Estado. Entre tanto, la Contraloría ha dicho que las demoras en el proceso de liquidación y la falta de información sobre la situación jurídica, financiera y administrativa de parte de los bienes que administra la DNE representan un riesgo para las finanzas del país.

El pasado 17 de julio, mientras el presidente Santos cumplía una apretada agenda diplomática en Brasil, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, investido de funciones presidenciales, firmó el Decreto 1335 mediante el cual se fijó el próximo 30 de septiembre como fecha límite para que el Ministerio de Justicia asuma parte de las funciones de la entidad liquidada y que los bienes incautados al narcotráfico y en poder de la DNE pasen a ser manejados por la Sociedad de Activos Especiales S. A. S. (SAE), que está bajo el control del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno se vio en la obligación de ampliar el plazo una vez más, pues la agente liquidadora de la DNE, María Mercedes Perry, no ha podido entregar “algunos asuntos liquidatorios” al Ministerio de Justicia. También, porque el pasado domingo 20 de julio entró en vigencia la Ley 1708 (el nuevo Código de Extinción de Dominio) que le exige al Ejecutivo que la entrega de información completa sobre los bienes a cargo de la DNE, específicamente del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), a la SAE quede oficializada mediante un acta de entrega que, al día de hoy, ha sido imposible de firmar.

Al parecer no está claro el estado financiero, jurídico, administrativo y tributario de los bienes de los que dispone la DNE y que, a diciembre de 2013, sumaban 28.086 propiedades entre extinguidas e incautadas, cuyo valor asciende a $5,8 billones. Una realidad sobre la cual la Contraloría General de la República advirtió el pasado 29 de mayo.

Según los hallazgos del organismo de control, en los registros del proceso de supresión en poder del agente liquidador, además de que no existe detalle sobre la situación financiera, tributaria, administrativa y jurídica de los bienes, la situación financiera de los mismos no corresponde a su avalúo catastral del año 2012-2013 o falta el valor base de los bienes, necesarios para que la SAE asuma la administración de las propiedades incautadas al narcotráfico.

Además, el decreto firmado por Iragorri obliga a la agente liquidadora de la DNE a entregarle a la SAE, durante este semana, un plan de trabajo para finalizar la supresión de la entidad antes del 30 de septiembre y la información financiera y contable de todos los bienes del Frisco.