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Una fuerte polémica se generó por las modificaciones presentadas en la ponencia de la reforma constitucional de reequilibrio de poderes, en la cual se incluyó un artículo según el cual el tribunal de aforados no será el encargado de juzgar a altos funcionarios, como se había planteado en un principio. De acuerdo con el texto, hará la investigación y acusará, pero el juzgamiento quedará en manos del Senado de la República.
Esto es, en síntesis, elevar el juicio político a todos los funcionarios aforados —presidente de la República, vicepresidente de la República, contra los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación—, lo que para los críticos significa “ampliar la impunidad” que se venía dando en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Al anunciar que bajo esas condiciones la Alianza Verde no apoyaría la reforma, la senadora Claudia López advirtió que “de lo que se trata acá es de aumentar la impunidad a todos los altos funcionarios, se tratará del único tribunal en el mundo que no tiene que juzgar. Se les dará el juicio político que tiene el presidente, tal como ocurrió con Ernesto Samper, eso es impunidad garantizada. Acá nos dan caramelo con eliminar la reelección y de fondo están buscando que no haya juzgamiento real a aforados”.
López hizo responsable de las modificaciones en la ponencia al Gobierno —en especial al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo— al señalar que la propuesta que habían dejado lista los ponentes el pasado viernes no tenía contemplado este “manifiesto de impunidad” y “se buscaba que el tribunal de aforados se compusiera de magistrados propuestos por cortes, Cámara de Representantes y presidente, para que sean juicios serios y equilibrados”.
La senadora agregó que, por el contrario, se presentó una propuesta de “juicio político a altos funcionarios que fue impuesta por el Gobierno a sus parlamentarios de la Unidad Nacional. Los arrodilló a su voluntad”. De paso, denunció que el fiscal general, Eduardo Montealegre, está “amenazando” a los congresistas con la posibilidad de investigar a sus socios políticos y de igual forma lo estarían haciendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: “Eso es matoneo”, dijo.
En respuesta, el ministro Juan Fernando Cristo afirmó que “no es solo Claudia López la ponente, son siete más. A ella le aceptamos varias propuestas que planteó con argumentos. En este tema del tribunal de aforados no hay una decisión y ha surgido una fórmula que me parece que no es motivo para unas declaraciones tan agresivas y salidas de tono”.
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