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Con el final de la primera legislatura, llegan los balances de los partidos del Congreso, al igual que del Gobierno y las carteras ministeriales. Cada uno tiene su interpretación de lo ocurrido y asegura haber obtenido varias victorias en los casi ocho meses de ejercicio legislativo.
En la lista del Gobierno hay varios logros: la reforma tributaria de los $20 billones, el Plan Nacional de Desarrollo, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la aprobación de la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Además, aseguran que dos de las reformas sociales, la pensional y la de la salud, se mantienen fuertes y con rumbo a su aprobación en la segunda legislatura.
La oposición, por su parte, se adjudica el hundimiento de la reforma laboral y la regulación del cannabis, así como el de los proyectos de humanización carcelaria y sometimiento a la justicia de bandas criminales. “Finalmente, el Gobierno no tuvo éxito. Pretendía aprobar las iniciativas pasando por encima del legislativo, sin consensos ni construyendo sobre lo construido; no pudieron y el pueblo ha sido testigo y crítico de ello, tan solo basta con ver las movilizaciones masivas de la última semana”, le dijo a este diario el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático.
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Al margen de estas lecturas, lo cierto es que cada sector, como señala la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), tuvo sus períodos gozosos y dolorosos, por lo que tendrán que recalcular la ruta si quieren sacar adelante sus agendas en el próximo periodo legislativo, más aún cuando este coincide con las elecciones regionales.
El mayor reto lo enfrenta el Pacto Histórico, principal promotor de las iniciativas gubernamentales. En su rendición de cuentas de la legislatura, dicha bancada aseguró que le cumplió al país con la aprobación de leyes que “transformarán al país”. Así mismo, dijo que la caída de la reforma laboral obedece a la “falta de compromiso de algunos legisladores, especialmente de la oposición, para dar el debate en los tiempos establecidos”.
Sin embargo, este colectivo aún tiene varios pendientes que no incluyó en su balance. Lo primero es que debe consolidar la cohesión entre sus integrantes, ya que algunos mantienen fuertes disputas que suelen afectar las discusiones de los proyectos. Por ejemplo, en el último debate de la regulación del cannabis, el senador Paulino Riascos se fue contra sus compañeros Alexander López e Isabel Zuleta. Al primero lo acusó de no dejarlo entrar a una reunión de la bancada y a la segunda de exponerlo en redes sociales por apoyar una proposición con la que ella no estaba de acuerdo.
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Al inicio de la legislatura tuvieron desacuerdos por la elección de las mesas directivas, como sucedió en la Comisión Séptima de la Cámara, donde los representantes Agmeth Escaf y María Fernanda Carrascal se disputaron la presidencia. Al final ganó Escaf, pero en medio de los duros cuestionamientos de su compañera, que lo llamó el “nuevo manguito” por hacer supuestos tratos con Cambio Radical y el Centro Democrático para ganar esa elección.
También pasó con la designación de Roy Barreras como presidente del Senado, decisión que no convenció a los más petristas del Pacto Histórico. De hecho, antes de su salida por un fallo del Consejo de Estado, Barreras recibió críticas de Alexánder López, quien lo tachó de ser el “jefe de la oposición”.
El otro lunar de esta coalición está relacionado con el desorden o la falta de coordinación a la hora de aprobar o no las iniciativas. En varias oportunidades, congresistas del Pacto Histórico se ausentaron en debates claves. Vale recordar el reciente caso de Alex Flórez en la votación de la regulación del cannabis o el hundimiento del servicio social de paz, como reemplazo al servicio militar obligatorio, en la ley de paz total.
En esa oportunidad, la iniciativa fue archivada con una proposición de las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que recibió 39 votos a favor y 37 en contra. Lo que llamó la atención es que esto ocurrió, en parte, por la ausencia de seis miembros del Pacto Histórico: Roy Barreras, María José Pizarro, Wilson Arias, Pedro Flórez, Sandra Jaimes y Paulino Riascos. La mayoría se excusó diciendo que estaban enfermos o tenían otros compromisos impostergables.
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El paso a seguir
Para los analistas, el Pacto Histórico tiene dos caminos posibles de cara a la siguiente legislatura. El primero es el del diálogo, que implica volver a sentarse con los partidos y, de paso, que el Gobierno esté dispuesto a modificar el articulado de sus reformas. La segunda opción es la de los últimos meses, que incluye dos estrategias: tratar de convencer uno a uno a la mayor cantidad de congresistas posible y mantener el llamado del presidente Gustavo Petro a la movilización social.
Para la profesora Patricia Muñoz Yi, de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, si el objetivo es recuperar la gobernanza, el presidente y el Pacto Histórico deberán articular los reclamos de los sectores políticos y sociales. Advierte que vendrán nuevas marchas y que lo más probable es que la oposición intente capitalizar este caos en las elecciones del 29 de octubre.
No es poco lo que está en juego. Además de las reformas sociales, en la próxima legislatura el Gobierno destapará importantes cartas de su programa que dependerán de la relación con el Congreso. En la lista están la reforma a la educación, a los servicios públicos, el nuevo Código Minero, la modernización de la Policía, la modernización del Sistema Nacional Ambiental, entre otros proyectos.
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Por David Efrén Ortega
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