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El último gran acuerdo logrado entre el Gobierno y la oposición en el Congreso pende de un hilo. Si bien el escenario estaba dado para que todas las fuerzas apoyaran el desarrollo final de la jurisdicción agraria, una demanda presentada por el Ejecutivo puso en vilo el proyecto porque supuestamente dar ese paso es “revivir el fantasma” de la expropiación exprés con la excusa de darle celeridad a la extinción de dominio, lo cual va en contravía de los pactos suscritos.
En efecto, a la Corte Constitucional llegó un documento pidiendo tumbar 13 artículos del decreto 902 del 2017, que se expidió al término de la administración del ahora expresidente Juan Manuel Santos y que, según el Gobierno actual, le quitan facultades a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para definir procesos agrarios a través de la vía administrativa. Esto último, según la administración de Gustavo Petro, ralentiza el deslinde de tierras y la recuperación de terrenos baldíos.
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De acuerdo con Felipe Harman, director de esta entidad, el decreto representó “un golazo al campesinado colombiano”, y se convirtió en una “afrenta” contra los acuerdos de paz con las Farc, subrayando que la medida buscaba precisamente dar solución a los problemas de tierras consignados en el punto uno de los documentos firmados en La Habana.
Dentro de su concepción, y por eso interpuso la demanda, la medida presidencial buscaba “medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.
Para el Ejecutivo es prioritario que alto tribunal revise esta solicitud ante las “evidentes dilaciones” en el Congreso para la aprobación de la jurisdicción agraria, que tiene como objetivo la definición de competencias jurídicas para la solución de estos conflictos. Pese a los acuerdos, el proyecto aún no ha sido debatido en plenaria, por lo que el funcionario aseguró que desde la ANT “nos hacemos responsables de las repercusiones políticas de esta demanda”.
Y es que según la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), la administración Petro estaría buscando recuperar la potestad para tomar los predios identificados como baldíos, o aquellos improductivos en el margen de tres años, sin la intermediación de un juez, facultad que ya poseía la ANT a través la ley 160 de 1994, pero que fue limitado por el decreto 902 del 2017. Sin embargo, la medida ya había sido revisada tras declarar inexequible varios parágrafos del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo.
Sin embargo, Harman señaló como “irrisoria” la denuncia pues no se estaría atentando contra la propiedad privada ya que, de las 680.000 hectáreas investigadas por la entidad, apenas 240.000 son reconocidas como baldías. El restante es acreditado como propiedad privada. En este sentido, el Gobierno asegura que tras esta la promulgación del decreto se han retrasado los procesos, colapsando a su vez el órgano jurídico.
Para la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, hoy “se tiene una necesidad de asumir en fase administrativa los procesos agrarios en clarificación y recuperación de baldíos, porque desde que el decreto 902 judicializó todos los procesos agrarios y ante la inexistencia de la jurisdicción agraria, hay un vacío que tiene trancadas muchas de las decisiones que afectan al campesinado y el patrimonio de la nación”.
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La jefa de esta cartera le dijo a El Espectador que “existe un conflicto permanente sobre las competencias, por lo que hoy no tenemos decisiones en ninguna de las jurisdicciones que hayan avanzado” en estos procesos. “Si tuviéramos una respuesta en la jurisdicción agraria, no habría discusión sobre el decreto de ley 902”, recalcó. En el proyecto quedarían consignadas tanto las competencias como los ámbitos en los que se podría aplicar la vía administrativa en conflictos de tierras.
Carvajalino también apuntó a un lento trámite de la jurisdicción agraria en el Congreso, por lo que se hace importante este paso adoptado por la ANT mientras el Legislativo logra la aprobación del proyecto de ley. El mismo fue aprobado en diciembre del 2024 en las comisiones primeras de Senado y Cámara, pero desde entonces, ante el trámite de otras reformas como la ley laboral o la reforma a la salud, no ha sido retomado en las plenarias donde ya existen sus ponencias.
Vea aquí el documento completo
¿Presión o ruptura?
En medio de la polémica, ponentes del proyecto aseguran que es mucho más factible una definición oportuna en el Capitolio, que un fallo por parte de la Corte. Así lo dejó ver el senador Alejandro Carlos Chacón (Liberal), quien además manifestó que la demora para su debate en las plenarias radica en la Cámara.
El congresista reveló a este diario que lo pactado entre los sectores es que sea esa corporación que la apruebe este proyecto en primera instancia, para que a partir de los posibles cambios que surjan en un salón dominado por el Gobierno, inicie el debate en Senado y desde allí analizar las nuevas propuestas. Sin embargo, en la Cámara de Representantes aún no se asoma este punto en el orden del día.
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Los votos no serían un problema. Aunque un pequeño sector opositor aún pide ajustes en el texto de más de 70 artículos, la generalidad del proyecto está respaldada por las bancadas. Sin embargo, otro punto por el cual su trámite no ha culminado es la disposición desde el ministerio del Interior.
Tras la salida de Juan Fernando Cristo de esta cartera, el proyecto quedó “huérfano”, y aunque la ministra Carvajalino explica que se ha hecho un “trabajo tripartita entre Justicia, Interior y Agricultura”, esta consigna no ha quedado en evidencia en el Congreso, donde incluso aseguran, que el Gobierno ya perdió interés en la iniciativa.
Y aunque se pueda entender en algunos sectores que esta representa una medida de “presión” para la aprobación del proyecto, Carvajalino y Harman insisten en que son caminos necesarios para “resolver el estancamiento ante las decisiones de administración de los bienes baldíos en los procesos de clarificación, deslinde y recuperación que nos corresponde tomar”.
Sin asomarse en el orden del día de Cámara, se estima que el proyecto tenga su discusión en el próximo mes de noviembre. Sin embargo, por tiempos, el Senado extendería su estudio por lo que podría incluso iniciar en marzo del 2026, con el atenuante que para entonces, la campaña habrá acaparado los focos del Ejecutivo y Legislativo.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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