Para no repetir la historia

«Es importante saber que inteligencia no es investigación judicial ni criminal. La inteligencia tiene una función eminentemente preventiva”. Con estas palabras, el senador liberal Juan Manuel Galán celebró la aprobación hoy, en la Comisión Primera, de lo que es considerada la columna vertebral de la ley de inteligencia y contrainteligencia, la herramienta jurídica que, según el Gobierno, les permitiría a los organismos judiciales hacer este trabajo en el marco constitucional y legal,  estableciendo  los  límites y  principios que lo rigen, poniendo así fin a los desmanes del pasado, léase las interceptaciones telefónicas ilegales o ‘chuzadas’.

Por lo menos el 50% del proyecto recibió el visto bueno de la Comisión y se espera que en la sesión de mañana se apruebe el resto del articulado. Según el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, “la ley establece que sólo podrán ser objeto de actividades de inteligencia los delincuentes o quienes representen una amenaza para la seguridad de los colombianos (…) nadie puede ser objeto de seguimiento o interceptaciones por razón de credo, razón, género o filiación política. La Ley limita sensiblemente y clarifica la competencia propia de los servidores de inteligencia”.

Galán agregó que lo votado corresponde a un número importante de artículos en los que se refiere a las definiciones de lo que es o no inteligencia: “Se aprobó lo referente a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que deben estar implícitos en las labores de inteligencia. Además, se aprobó lo referente a la reserva y centros de protección de datos para tener claro qué información debe estar en los archivos y que no para depurar los datos de inteligencia”.

Asimismo, explicó el congresista, se aprobó un protocolo de protección para los agentes de inteligencia y sus familias. “Vamos en eso, en una ley marco de inteligencia y contrainteligencia que, reitero, es muy importante para que no repitamos las tristes historias de las chuzadas, de los asesinatos del DAS, de los falsos positivos desde los agentes de inteligencia”. Y añadió que “la ley garantiza que existan responsables jerárquicos claramente definidos que son quienes autorizan las misiones de inteligencia y cuando se cometan esos abusos, estará claramente definido quiénes son los responsables porque todo se tiene que dar en el marco de una operación en la cual debe mediar una orden judicial”, enfatizó Juan Manuel Galán.

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, las críticas siguen rondando la iniciativa, que una vez salga de la Comisión primera pasará a la plenaria del Senado para su último debate.

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda ha dicho que existen varios problemas en el proyecto, ya que “luego de la criminal acción del DAS en el renombrado escándalo de las chuzadas, la ley no permite abrigar esperanzas de que se va a poner punto final a la acción criminal de los organismos de inteligencia”.
Para Román Ortiz, consultor en temas de seguridad, el debate en torno al manejo de la inteligencia en Colombia se ha contaminado y toda la discusión se ha centrado en cómo controlar las agencias, sin prestar la debida atención a la forma que debía tomar el aparato de información estatal para servir a las necesidades estratégicas del país.

En un análisis escrito para la página razonpublica.com, Ortiz señala que la ley que se discute en el Congreso “propone avances fundamentales hacia un trabajo más armónico de todos los servicios, puesto que define el funcionamiento de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) como máximo órgano de coordinación, e introduce la figura del Plan Nacional de Inteligencia como hoja de ruta para determinar los objetivos de inteligencia”.

Sin embargo, advierte, “un salto cualitativo en la coordinación de la inteligencia exigirá medidas que escapan a los alcances de cualquier ley. De hecho, los servicios involucrados -militares, policiales y civiles- tendrán que desarrollar una reflexión conjunta liderada por el Gobierno nacional para definir qué misiones les corresponde desarrollar a cada uno teniendo en cuenta su naturaleza y capacidades”.

Igualmente, Ortiz llama la atención sobre un asunto que considera aún está pendiente: el futuro del DAS. “Es la única agencia de inteligencia civil del país y pasadas parte de las premuras políticas que empujaron a tomar la decisión de disolverlo cabe preguntarse si esta decisión resulta acertada para las necesidades de la Nación”.

Lo cierto es que todo indica que mañana la ley de inteligencia y contrainteligencia será aprobada en tercer debate y quedará a sólo un paso de ser realidad.

El debate sigue y hay que tener en cuenta también el examen por parte de la Corte Constitucional, tribunal que hundió una iniciativa similar durante el gobierno de Álvaro Uribe por vicios en su trámite. Galán, por su parte, concluye que “esta ley cambiaría la dinámica de funcionamiento de los organismos de inteligencia en Colombia, los cuales tendrían que asumir la responsabilidad política, administrativa, disciplinaria y penal del trabajo que realizan”.