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Se siente una aparente calma después de casi una semana de bloqueos que pusieron en jaque a más de la mitad del país. Y sí, aunque levantar el paro camionero fue un alivio del que saca pecho el presidente Gustavo Petro, pues, dice, lo hizo en un tiempo récord, en el interior de su administración hay voces de preocupación que auguran que la campaña por 2026 ya inició en forma por cómo se dio ese pulso.
Quizá lo crea también el mismo mandatario, quien en las últimas dos semanas, luego de la crisis de combustible para avión, la reactivación de su expediente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el primer gran paro durante su administración, vio necesario radicalizar (una vez más) su discurso.
Por ello volvió a mencionar el supuesto golpe de Estado, que no llegaba a oídos de los colombianos desde hace un buen tiempo, casi desde que Juan Fernando Cristo pisó el Ministerio del Interior con la tarea de encaminar al país rumbo a un acuerdo nacional y con la misión de bajar el tono confrontacional con el que se estaban hablando el Gobierno y la oposición, especialmente la que está en el Congreso.
Petro no dudó, pese a su fuerte vínculo con las bases populares, en catalogar el paro camionero como uno empresarial, quitándole el sentido social que tenían algunos de los manifestantes. Aunque sería ingenuo pensar que no hubo intereses económicos de por medio, sí sorprendió que el Petro de 2021, que alentó las marchas contra la reforma tributaria que proponía Iván Duque, o el de 2018, que aplaudió a los manifestantes de Francia que se oponían al alza de la gasolina, no se presentó en esta ocasión.
De allí la frase que le hicieron saber muchos, no solo opositores del Centro Democrático o Cambio Radical, pues desde el centro también se vio: “Ser oposición es más fácil que gobernar”. Los ciudadanos también se la recordaron, lo que bien le puede costar algunos puntos en su popularidad, que para finales de agosto, y según la encuesta Invamer Poll, estaba en el 29 %.
Esta cifra, aunque de la Casa de Nariño para afuera parece no importarle al presidente, de puertas para adentro habría empezado a significar cierto agotamiento, como lo dicen algunas fuentes cercanas. Pero más allá de este sentir, la corroboración de que se adelantó la campaña presidencial, y por ello debe trazar una estrategia que les recuerde a sus votantes por qué creyeron en él en 2022.
En todo caso, varios sectores le reconocen al jefe de Estado que los 120 puntos de bloqueo se hayan levantado antes de que cumplieran una semana, y que esto se lograra a través del diálogo entre los gremios y el Ejecutivo, en cabeza de los ministerios de Transporte y del Interior.
Eso sí, cediendo, pues Petro terminó autorizando reducir la tarifa de los $1.904 a los $800 y paulatinamente, es decir, aumentándose $400 ahora y los otros $400 el próximo 1° de diciembre. Además, tuvo que despedirse de su idea de subir posteriormente el precio del combustible en $6.000, para así cerrar la brecha que actualmente existe con los precios internacionales.
Esto, además del costo político que supuso y del congelamiento en el que puso a su agenda y la radicación de la nueva reforma a la salud, marca un precedente en su gestión, y no sería descabellado pensar que más adelante sean otros los sectores que acudan a las vías de hecho para oponerse a algunas medidas. Todavía más cuando Petro plantea cambios profundos en los sistemas de salud, pensional, judicial agrario y de energía, y busca alternativas para adelantarlos con la premura de que solo le quedan dos años en el poder.
El clima se va a acalorar cuando tanto simpatizantes del Gobierno como oposición salgan en los próximos días a medir el pulso político y los efectos del paro en las calles. Las sindicales obreras, que piden la aprobación de la reforma laboral y el fallo favorable de la Corte Constitucional frente a la pensional, citaron para este 19 de septiembre.
La oposición está convocando para el 22 del mismo mes para mostrar su descontento con los más recientes eventos que sorteó Petro: el supuesto desabastecimiento de combustible para avión y el paro camionero, del cual aseguraron que la única manera de enfrentarlo era tumbando la medida que autorizaba el aumento del precio del ACPM.
El éxito o fracaso de estas jornadas de movilización se pueden ir traduciendo en votos para 2026, y es esa la intención que tendrían muchos de los convocantes: empezar a hacer cuentas, predicciones y a definir estrategias electorales. Y es mientras el Gobierno tiene que levantarse y sacudirse luego de los últimos golpes mediáticos, que la oposición ha sacado rédito político de estos.
De hecho, desde los partidos opositores esperan “contribuir” en el estancamiento en el que se encuentra la agenda legislativa del Gobierno, que, transcurrido ya más de un mes desde el inicio de la legislatura, no arranca. Y no lo harán solo oponiéndose a los proyectos, sino también citando a los ministros y altos funcionarios a más debates de control político. Dicen que no dejarán pasar estos últimos eventos y que seguro los llevarán a discusión en el Congreso. Desde la coalición oficialista los señalan de politizar estos hechos.
A propósito, aunque el Gobierno tiene de su lado a la Cámara, incluyendo a su presidente Jaime Raúl Salamanca, con el Senado los acercamientos no han dado su fruto. Efraín Cepeda, quien lo preside, solo horas después de reunirse con el presidente en la Casa de Nariño dijo ante la opinión pública que su corporación no es una notaría para aprobar todo lo que llegue y también le dio un ultimátum al Ejecutivo frente a su presupuesto de 2025, pidiéndole que o retira los $12 billones consignados en este como ley de financiamiento, o hunde el proyecto.
Si este segundo semestre comenzó a agitarse y solo en las últimas semanas han tenido lugar dos casos que impactaron a todo el país, 2025 lo será aún más polarizado. El que haya iniciado la campaña no es un sentir que solo lo impulsa el Gobierno, también la oposición. Ambos sectores adelantarían reuniones próximamente con el mismo objetivo en mente: subirse al podio en 2026.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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