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Justo un día antes del llamado “Gran Paro Nacional” de 48 horas, el Gobierno se adentró en un terreno espinoso al desconocer la votación de la consulta popular en el Senado, abriendo un nuevo capítulo de pelea en el que, además de poder Ejecutivo y Legislativo, podrían terminar vinculándose los estrados judiciales.
La Casa de Nariño dejó claro que la consulta, se realice o no, es desde ya su bandera de campaña y que la usará para restarle legitimidad al Congreso y, de paso, a todo proyecto político que quiera abrir una batalla en las urnas contra el petrismo.
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Por lo mismo, el Gobierno sabe que la de este miércoles no es una marcha más y que por dársele el título de “paro nacional” y tener lugar en medio de la tensión más alta entre el Capitolio y el Palacio los ojos estarán puestos con más incidencia sobre la cantidad de personas que finalmente salgan a las calles a presionar la consulta y el trámite de las reformas sociales.
El anuncio que lanzó este martes el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la presunta irregularidad que anularía la votación de la consulta no fue casualidad ni se dio sin meticulosidad, pues se hizo en el momento preciso para avivar a las bases de la izquierda y darle gasolina a la movilización que está confirmada en más de diez ciudades.
Según el relato del oficialismo, el pasado 14 de mayo no solo hubo fraude en la plenaria, sino que no existiría siquiera un pronunciamiento oficial del Senado frente a la medida, dejando el camino abierto para convocar a las urnas vía decreto.
El presidente Gustavo Petro sostiene que el Congreso estuvo tan ocupado torpedeando la consulta, que se le olvidó seguir al pie de la letra la Ley Quinta que rige al Legislativo, pues no se habría leído la proposición de la consulta previo a abrirse la votación. En todo caso, el mismo Gobierno reconoció errores en la radicación de la segunda consulta y por ello debió presentarla nuevamente.
Esta idea la habrían construido Benedetti y su viceministro, Jaime Berdugo, quienes a su vez habrían sido las mentes para que se hablara de la consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.
La declaración fue rechazada tajantemente por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien tras el anuncio de los funcionarios estuvo reunido por varias horas con su equipo jurídico para determinar si el argumento del Gobierno tenía o no cabida y cuáles eran los precedentes que podía utilizar a su favor.
Después del encuentro publicó un comunicado en el que calificó la intención como un “grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes”, recordando que para él la consulta es únicamente para movilizar recursos a favor de la izquierda y su campaña para 2026. Le pidió posteriormente a Petro dejar de “usurpar funciones” que le corresponden únicamente al Congreso.
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A él se han sumado otras declaraciones de miembros de la oposición, partidos políticos y expresidentes que mencionan una supuesta violación a la Constitución en caso de que el presidente Petro llame a los ciudadanos a votar por las 12 preguntas de la consulta hundida con 49 votos contra 47. Ya se preparan movidas, inclusive, para anular completamente la consulta y en su lugar votar preferiblemente la otra radicada de 16 preguntas, que incluye temas de salud.
Las posturas están divididas y no hay una respuesta clara sobre la nueva batalla legislativa, pero, aún así, la izquierda sigue dirigiendo la agenda pública, teniendo como punto principal del debate a la consulta popular y dominando inclusive las discusiones y acciones en el Legislativo, que ya ha sacado su espacio para rechazar o apoyar la carta que se jugó el petrismo.
El mandatario, en el consejo de ministros convocado para hablar de la reforma agraria defendió la consulta y el paro: “Los trabajadores tienen derecho a salir porque lo que hizo el presidente del Senado fue un fraude. La consulta popular va, así se aprobara un buen texto de la reforma laboral”.
Y esto justamente tuvo lugar previo a las marchas, que si bien no fueron convocadas por el Gobierno, sino por las centrales obreras, serán una medición importante que podrán demostrar fuerza y respaldo o dejar en entredicho la capacidad del presidente Petro de convocar a la movilización genuina y espontánea. Como lo reveló este diario, el jefe de Estado tenía claro desde antes de conocerse la determinación de los senadores, que si se hundía la consulta no quedaba otro camino que entrar en «huelga general», que también defendió como un derecho constitucional en el consejo de ministros.
Según recientes mediciones como la de Cifras y Conceptos, un 57 % de colombianos está de acuerdo con que se realice una consulta popular, pero eso no se traduce directamente en que ese porcentaje salga a las calles para defender la medida, como lo reconocen varios congresistas del oficialismo.
Y aunque en los pronunciamientos que han hecho gobernadores, alcaldes, y funcionarios ha estado el de pedirles prudencia a los marchantes y recordar las afectaciones y violaciones de Derechos Humanos que se registraron en el estallido social de 2021, desde la coalición de Gobierno hay cierta duda sobre cuántas personas se sumarán a la jornada, pues ya el pasado 1 de mayo se llevó a cabo una movilización nacional y se teme que para esta oportunidad no se logre alcanzar los mismos números, especialmente porque se trata de un evento de dos días.
En todo caso, la directriz es que los senadores y representantes del Pacto Histórico se movilicen desde sus ciudades para liderar el paro e impulsar a los militantes, sindicatos, centrales, comunidades indígenas y campesinas. El mandatario Petro ha pedido reiterativamente no hacer uso de la violencia, no atentar contra los ciudadanos ni contra los bienes públicos.
Estas agrupaciones también han hecho lo propio para invitar a la movilización y se han conocido imágenes de panfletos repartidos en aulas del Sena y otras instituciones invitando a apoyar la consulta y participar en el paro. Esto ha sido duramente cuestionado por la oposición, que habla de un adoctrinamiento a los estudiantes.
Igualmente, han participado presencialmente en la discusión de la revivida reforma laboral, cuya ponencia alternativa presentada por la senadora Aída Avella (Pacto Histórico) fue derrotada con 12 votos contra 1, ganando la ponencia positiva que construyeron senadores opositores e independientes con 14 votos contra 1. Estos actores y el mismo Gobierno sienten que si bien muchos de los puntos del proyecto original siguen conservándose, la reforma fue “arrebatada” para eliminar puntos centrales.
Y esta es la premisa que viene divulgando el petrismo y que evocará en el paro nacional para alimentar la narrativa de un presunto bloqueo institucional en su contra, restarle legitimidad al Legislativo y a sus decisiones y promocionar a la consulta como el único camino viable para lograr cambios en el sistema laboral.
Lo cierto es que se vienen momentos de mayor agitación y si el Gobierno decide convocar a la consulta popular vía decreto se abrirán peleas fuertes que podrían terminar involucrando a la Corte Constitucional para que determine si se estaría o no vulnerando la Carta Magna y a la misma Registraduría, que es la encargada de abrir las mesas de votación y garantizar la logística de la jornada.
El Ejecutivo dio como plazo hasta el próximo 1 de junio para que el Senado se pronuncie, pero el senador conservador Cepeda está seguro de que la votación sí se dio legalmente hace tres semanas y que no puede terminar aceptando la idea del supuesto fraude poniendo en riesgo el “triunfo” que él y otros opositores se atañen.
Los pronunciamientos y movidas del Legislativo se harán con pinzas, pues varios congresistas admiten que se entró en una temporada de mayor tensión en la que fácilmente pueden terminar aportando sin quererlo a la campaña del oficialismo, que se concentrará en seguir imponiendo a los congresistas como adversarios del pueblo.
El petrismo está jugándose sus cartas para tener su discurso electoral cada día más claro e identificable ante la opinión pública para imponer el presunto bloqueo en su contra y la necesidad de un frente amplio que permita gobernar en armonía.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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