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La licitación de pasaportes ya se llevó por delante a un ministro, a una directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien el presidente Gustavo Petro tildó de “traidor”. Y, mientras se desenreda qué pasará con el contrato de casi $600 millones que se le adjudicó a Thomas Greg and Sons y que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se niega a firmar, se pasó por alto una vieja demanda que sigue activa y que también toca a esa misma empresa y a la propia Cancillería.
Se trata de un proceso judicial que se abrió por petición del grupo Cadena hace casi cinco años, durante el gobierno de Iván Duque, y en el que hasta el momento no se ha fijado la audiencia inicial, pero en el que se repiten algunos de los actores que protagonizan el escándalo actual del proceso licitatorio, parte de las quejas sobre los pliegos y señalamientos en torno a funcionarios casi idénticos a las de hoy.
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De acuerdo con la demanda radicada el 11 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en 28 años, entre 1991 y 2019, hubo 43 procesos de contratación relacionados con el suministro y personalización de pasaportes y visas, de los cuales en 40 casos Thomas Greg and Sons, individualmente o asociada con otras firmas, fue la única oferente. En las tres ocasiones con otros interesados, estos fueron descalificados. Esa empresa se ganó los 43 contratos, lo que supuso una ganancia de más de un billón de pesos (de 2019), según el expediente.
Aunque en Colombia no son ilegales las licitaciones a las que se presenta un solo oferente, estos procesos despiertan preguntas sobre el posible privilegio hacia una compañía a la hora de diseñar el pliego. Este es el mismo reclamo que el presidente Petro ha estado haciendo desde mitad del año pasado, cuando empezaron a sonar ruidos acerca de la licitación que se declaró desierta, y que repitió finalizando la semana pasada.
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Los comentarios de las empresas oferentes en la licitación pública 001 de 2019 para la elaboración de pasaportes, durante el mandato del fallecido canciller Carlos Holmes Trujillo y que en ese momento se tasó por $332 mil millones, se centran en los mismos tres temas que los discutidos hoy: la necesidad de proveer muestras, los tiempos (tanto los estipulados para presentar la propuesta como para la implementación del contrato) y quién califica las muestras.
La insuficiencia del cronograma
El meollo del asunto siempre ha estado en las muestras, un requisito que muchos han argumentado que, en comparación con otros países, es atípico en las licitaciones para elaborar y personalizar libretas. En Colombia, quienes estén interesados en participar en estos procesos tienen que acompañar su propuesta, o presentar 10 días después, un ejemplar de pasaporte colombiano producido por ellos y que cuente con una serie de características específicas. No se admiten muestras genéricas como un pasaporte hecho para otro país y que cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad. Esto solo se permitió en 2014.
En pocas palabras, quienes han querido ofertar para imprimir pasaportes en los últimos años argumentan que una única empresa puede alcanzar esos requisitos, aquella que lo ha hecho durante las últimas décadas y que, por lo mismo, ya tiene a su disposición las muestras.
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En 2019, se les dio a las empresas interesadas 32 días desde que se entregaron las instrucciones de las 14 muestras para que las entregaran. En ese momento, Cadena, Get Group y VSF Global hicieron comentarios en los que pedían ampliar el tiempo a, más o menos, siete semanas. Sin embargo, la Cancillería del momento sólo accedió a darles 12 días hábiles más. Al cierre de esta edición, la Cancillería no había respondido las preguntas de El Espectador sobre este lío judicial. Cadena y Thomas Greg and Sons, por su parte, no quisieron opinar sobre este antiguo proceso en los tribunales.
En julio de 2023, cuando se retiró del proceso original para elaborar pasaportes, Cadena también argumentó que “la obligación de presentar muestras de un tercer chip con las pruebas técnicas” era “imposible cumplir en los tiempos estipulados”. En la última licitación aún no había fechas de entrega de las muestras cuando Murillo decidió suspender el pasado 23 de febrero, el mismo día en el que le devolvió a José Antonio Salazar la competencia para dirigir el proceso licitatorio.
De manera similar, desde hace años ha habido quejas por el apretado cronograma para comenzar con la producción de pasaportes una vez adjudicado el contrato. En 2019, dieron cuatro meses; en la primera licitación de 2023, dos; y en la última, que fue suspendida, se extendía hasta cinco meses a partir de la adjudicación. De acuerdo con las empresas de hace cinco años y las de ahora, esos tiempos no corresponden a la realidad de la industria, a la puesta en marcha de la logística, incluida la importación de los insumos. Así mismo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece, como varios de los oferentes, entre ellos Get Group, que el tiempo mínimo para poner a andar un proceso de generación de documentos de seguridad, como las libretas es de seis meses.
¿Cambiar al evaluador?
Otra coincidencia entre lo que sucedió hace cinco años y lo que se lleva debatiendo desde 2023 es sobre quién debería evaluar los ejemplares de las libretas que exige la Cancillería y que presentan los oferentes. Ambos casos cuestionan a Migración Colombia.
En la demanda de 2019 se menciona a Robinson Valencia Giraldo, contratista de Migración Colombia y quien sigue vinculado a la entidad hasta hoy. Fue designado como perito para evaluar que los ejemplares -que solo presentaron Cadena y Thomas- cumplieran con las especificaciones técnicas dispuestas por el ministerio. De acuerdo con los demandantes, Valencia, que emitió el concepto favorable que llevó a la adjudicación del contrato a Thomas, no les practicó las pruebas idóneas -bajo los parámetros ISO establecidos por la OACI- a las muestras.
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Cuando perdió la licitación, en mayo de ese año, Cadena envió a un laboratorio alemán llamado Fogra los pasaportes de la firma y una libreta elaborada por Thomas para que fueran evaluados. El informe de los expertos indicó que ambas muestras cumplían con los requerimientos técnicos de seguridad que, bajo estándares internacionales, deberían tener este tipo de documentos. Sobre los detalles que exigía la Cancillería, el dictamen alemán dijo que ambas firmas incumplían con algunos. Es decir, ninguna de las dos se apegaba plenamente a las especificaciones del pliego. Cuando El Espectador buscó a Valencia, este dijo que no podía hablar sobre el tema debido a que está “mencionado pero no involucrado” en el lío judicial entre la Cancillería, Cadena y Thomas Greg.
Cinco años después, en la primera licitación, la que Murillo tiene suspendida, que Valencia volvería a aparecer como evaluador de las muestras, en su condición de coordinador de apoyo técnico y científico de la Subdirección de Control Migratorio. En la segunda, según el documento confidencial de especificaciones al que accedió este diario, quedó firme que los ejemplares serán evaluados por un Comité de Expertos Técnicos, designado por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Mientras tanto, los oferentes abogan por la necesidad de que sean laboratorios internacionales certificados, incluso la misma OACI, la que evalúen las libretas para así evitar posibles sesgos o falta de transparencia.
La demanda que puso Cadena en contra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Temporal Pasaportes 2019 (Thomas Greg and Sons) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumenta que la adjudicación de la licitación de ese momento infringió las normas que protegen la libre competencia en el mercado y los principios de transparencia e igualdad de oportunidades que, según la Ley 80, rigen la contratación estatal. Sin embargo, no piden dinero, solo que se declarara nulo el acto administrativo que adjudicó el contrato y que se abriera un nuevo proceso de licitación, algo que no sucedió.
El proceso podría tardar más de cuatro años en resolverse. Sin embargo, al igual que no ha afectado las licitaciones entre 2022 y 2023, este lío judicial no tendría ningún efecto sobre el contrato adjudicado a Thomas Greg por el insubsistente José Antonio Salazar. Mientras tanto, la firma le envió una carta a Murillo esta semana pidiendo que se haga efectivo el contrato por casi $600 mil millones. El canciller encargado ha sido enfático en que no lo firmará, pues está esperando el concepto jurídico de la Secretaría Jurídica de Palacio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y Colombia Compra Eficiente, y en que no teme enfrentarse a las instancias judiciales.
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Por Daniela Cristancho
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