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Los acercamientos definitivos se dieron el viernes. Delegados de la Cancillería y de la firma Thomas Greg & Sons se reunieron ese 29 de septiembre con el fin analizar de qué forma se podría utilizar la figura de urgencia manifiesta para que la misma firma que tenía la elaboración de pasaportes desde 2019 mantuviera ese proceso. Y, de paso, evitar que las largas filas que se han visto en las últimas dos semanas de gente afanada por sacar o renovar su documento de identificación internacional no se volvieran una constante.
Esos diálogos, que tenían el visto bueno de la Casa de Nariño, derivaron en que –tras unas últimas consultas jurídicas y el descarte de otras 16 firmas que no tenían cómo cumplir de manera inmediata con la prestación del servicio– este lunes y justo cuando se vencía formalmente el contrato que Thomas tenía vigente se autorizara continuar por 12 meses más expidiendo esta documentación con la misma firma. Según varias fuentes, el acuerdo se cerró por cerca de $150.000 millones.
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Lo que se hizo con esta urgencia manifiesta, a la que el Gobierno de Gustavo Petro acudió luego de echar para atrás una licitación de casi $600.000 millones porque al final solo terminó con un oferente, que era Thomas, fue andar una vía jurídica alterna para evitar que –tal cual lo alertaron la Procuraduría y la Defensoría– se presentara un desabastecimiento de pasaportes en todo el país.
Además, según información que confirmó El Espectador, el valor que se pagará por cada documento quedó establecido con las tarifas con las que Thomas se había presentado a la frustrada licitación. Eso se traduce en que, por ejemplo, la elaboración de un pasaporte ordinario costaba $49.364 en el contrato que se firmó en 2019 y se venció este lunes 2 de octubre, y ahora –bajo el paraguas de la urgencia manifiesta– ese valor se estipuló en $69.149.
De hecho, el dejar listo este proceso, que terminó sellándose pasado el mediodía de este lunes, le sirvió al canciller Álvaro Leyva para ratificar un mensaje que había dado 24 horas antes intentando dar tranquilidad en torno a la expedición de estos documentos.
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“La entrega de pasaportes continuará normalmente. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción”, enfatizó Leyva.
Además, en un comunicado dado a conocer cerrando la tarde de este 2 de octubre, la Cancillería agregó que la necesidad de hacer una licitación venía desde el Gobierno de Iván Duque, foco constante de críticas de la actual administración, y que lo subsanaron con prórrogas y adiciones. Y agregó que se presentaron 17 firmas para acoger la producción de los pasaportes desde este 3 de octubre, pero que 16 de ellas no tenía cómo asumir de forma inmediata ese proceso.
“La única firma que acreditó con la respuesta al llamado, en desarrollo de la urgencia manifiesta, de tener la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el objeto contractual de inmediato y sin solución de continuidad fue la firma Thomas Greg & Sons de Colombia”, se precisó en la comunicación oficial.
En todo caso esta decisión no fue sencilla de tomar, y no por la falta de claridad jurídica sino por las cuestiones políticas que podrían estar detrás. Desde que Petro dio la orden de buscar un proceso licitatorio con más de un oferente, lo que desató una tormenta porque se leyó como una posible intromisión indebida en un proceso reglado por ley, no había claridad de qué otra firma distinta a Thomas –que sumando la licitación que ganó en 2019 ya lleva 16 años continuos con el tema– podría garantizar la expedición de un documento que cada fin de año se incrementa en cuanto a solicitudes y renovaciones.
En efecto, en la frustrada licitación también participaron Cadena S.A., Smurfit Kappa, IN Groupe, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Idemia, Veridos México y Accesos Holográficos. Pero poco a poco se fueron bajando con argumentos en caminados a que, según denunciaron en su momento, había condiciones que solo podía cumplir Thomas, como los tiempos para implementar en el país los equipos necesarios o, entre otros, el acceso al material en el que se producen.
Consulte aquí: “Entrega de pasaportes continuará normalmente”, canciller Álvaro Leyva
Incluso, punto que aún no se descarta, Thomas analizó demandar a Colombia hasta por $100.000 millones porque se les cayó una licitación para que la que, según sus voceros, sí cumplían con todos los requisitos y que se frenó por una decisión con más interés político que jurídico. Y es que desde las campañas de 2010 y 2014 el ahora presidente Petro ha sido crítico con esa firma y varios de sus voceros.
Además, en medio de toda esta polémica, el secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, terminó con una denuncia penal en contra por una serie de supuestas irregularidades que él y su equipo niegan. Y, además, fue apartado por el canciller Leyva en la etapa final de la licitación que se cayó.
Ahora bien, fuentes de la Cancillería y de Thomas coincidieron, por aparte, en que en estos 12 meses que dura el contrato suscrito a la luz de la urgencia manifiesta –decretada el pasado 14 de septiembre– se deben delinear a fondo los requisitos de la licitación que se quiere abrir y que, siguiendo la instrucción de Petro, debe tener condiciones para que haya más oferentes.
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Y aunque no hay una fecha estipulada de cuándo se haría público ese proceso, sí es claro que al menos las bases deben quedar listas en lo que resta de este 2023. Incluso, aunque es de forma extraoficial, no se descarta que las otras firmas que terminaron bajándose del proceso frustrado decidan volver a participar.
“La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten”, dijo Petro en su momento en relación con Thomas.
Pero mientras esta polémica se resuelve del todo, algo a lo que aún le quedan 12 meses por delante, las filas en varios puntos de expedición de pasaportes han sido una constante por la cantidad de gente que va a sacarlo y por las quejas constantes de que no se consiguen citas vía internet. Y este lunes, como se registró en Bogotá, no fue la excepción.
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