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El Gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a todos sus reparos, tuvo que extenderle el contrato para la elaboración de pasaportes a Thomas Greg & Sons hasta 2025. Además, y todo para esquivar una crisis, anunció que Portugal continuará después con esta tarea por diez años.
Así lo dio a conocer el canciller Luis Gilberto Murillo en medio del debate de control político al que fue citado este martes en la plenaria del Senado. Una sesión que terminó en medio de gritos y reclamaciones luego de que el funcionario indicara que algunas de las preguntas que hicieron los legisladores las respondería por correo electrónico.
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Y aunque solo faltando un mes para que el actual contrato venza se despejaron las dudas frente a quién seguiría con la expedición de las libretas, aún hay incertidumbre sobre si esta decisión que tomó el Gobierno fue por fuerza mayor, y casi que a regañadientes, pues el mismo jefe de Estado ha reiterado que es poco lo que confía en Thomas Greg. Es una firma a la que, incluso, ha acusado de haber facilitado fraudes electorales anteriormente.
Además, después de que cancelaran dos licitaciones para la elaboración de pasaportes, el propósito del presidente, y así se lo hizo saber directamente a Murillo, fue el de fortalecer lo público e institucional, dejándole a la Imprenta Nacional esta responsabilidad. Pero, según fuentes oficiales, esa entidad no estuvo lista en los tiempos esperados.
De hecho, y quizá para no arriesgarse a una nueva tormenta de críticas y dudas, se determinó que la Imprenta tampoco asumirá en 2025, como lo sostuvo públicamente su gerente Viviana León hace dos semanas. Este pronunciamiento, precisamente, habría generado malestar al interior de la Cancillería, que ha intentado tomar este caso con pinzas.
De acuerdo con documentos firmados por la Cancillería, a los que accedió El Espectador, el 3 de octubre todos los datos de los colombianos pasarán a estar bajo la confidencialidad del Gobierno, tal como lo pidió Petro. El mandatario dijo tener sus temores en torno a que esta información siga en manos de una firma privada.
Eso sí, la empresa que lleva casi dos décadas con el negocio continuará con la elaboración de los documentos. Ya se había visto que este sería uno de los desenlaces posibles de esta historia, pues en las últimas semanas Murillo se acercó a la empresa, e incluso le habría pedido que retirara la demanda que presentaron contra el Estado por más de $117.000 millones, luego de que no le dieran la primera licitación (que lideró el investigado excanciller Álvaro Leyva) pese a cumplir con todos los requisitos.
Finalmente, estas charlas se concretaron en la prorrogación del contrato de Thomas Greg, que estará vinculada con el Gobierno al menos hasta final de agosto de 2025. Si bien se habría puesto sobre la mesa la posibilidad de contratar a una nueva firma, los tiempos eran apretados para que un operador adquiriera a contrarreloj los insumos, el chip y demás elementos necesarios para la elaboración de las libretas.
Murillo defendió el nuevo esquema: “Este es un proceso ordenado y que garantiza la continuidad en el servicio y protege la información de los colombianos. Una y otra vez la misma firma se ganaba este contrato y en esto hay una sospecha”.
Ahora bien, en los mismos documentos, el ministerio de Relaciones Exteriores admitió que, si bien el gobierno extranjero de Portugal entrará a hacer parte del esquema a partir de octubre, solo será para brindar acompañamiento, fortalecer procesos y transferirle tecnología e infraestructura a Colombia.
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En septiembre de 2025 asumirá completamente el proceso el aliado internacional y esto será por diez años. Por eso, solo en 2035 Colombia y sus entidades como la Cancillería, Migración y la Imprenta Nacional estarían preparadas para expedir los pasaportes con la infraestructura, herramientas y maquinaria que dejaría Portugal dentro de una década.
Mientras llega el 2025, el gobierno portugués no solo acompañará a Colombia para fortalecer sus entidades, sino también, construirá una planta de elaboración de pasaportes en menos de ocho meses en territorio nacional.
Por su parte, la Cancillería, en conjunto con la Procuraduría, trabajará en un nuevo sistema de agendamiento de citas, pues el que usa actualmente es de 2001 y ha estado presentando fallas. “El mayor reto de agendamiento de citas está en Bogotá”, explicó Murillo.
Pero así como queda la duda de si este nuevo plan es de todo gusto para el gobierno Petro, existe expectativa sobre qué pasará ante un eventual fallo judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de Thomas, que espera recibir lo que supuestamente perdió al no adjudicársele la primera licitación de $416.000 millones, que fue declarada desierta en septiembre de 2023.
Este proceso está actualmente suspendido por petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Se espera que se reanude a principios de este mes, cuando se cumplan los 30 días que dio el tribunal de suspensión.
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Estas preguntas se las hicieron saber, precisamente, algunos de los senadores presentes en el debate de control político a Murillo, quien dijo no preocuparle un fallo en contra del Estado: “No le tememos a esta demanda y estamos dando esa batalla en los estrados judiciales. Cuando hay presunta corrupción, el gobierno tiene que parar procesos”.
La sesión terminó en medio de gritos y choques, luego de que el funcionario no respondiera todas las inquietudes de los legisladores citantes, entre ellos el conservador Nicolás Echeverry, quien dijo que lamentaba la falta de profundidad de muchas de las respuestas.
Si bien el Gobierno Nacional asegura que todo colombiano puede estar tranquilo y entregó su parte de seguridad, esta se sentirá o no luego del 3 de octubre, cuando inicie el nuevo esquema que busca mayor participación de lo público y transparencia en los procesos.
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