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El gobierno del presidente Gustavo Petro utilizó las últimas 24 horas para trazar una estrategia que le permita frenar la entrega a Thomas Greg del contrato por cerca de $600.000 millones de la polémica licitación de pasaportes, lo cual –a su vez– llevó a la firma a diseñar su propia respuesta. Esto incluiría una acción contra el canciller (e), Luis Gilberto Murillo.
Todo comenzó el lunes de forma privada, cuando Murillo se reunió por tres horas con la nueva secretaria Jurídica de la Casa de Nariño, la recién posesionada Paula Robledo, con quien analizó los caminos jurídicos para ponerles freno a las tres resoluciones que hace semana y media firmó el ahora exsecretario de Cancillería, José Antonio Salazar, y que desconociendo las directrices del Petro y su equipo decidió revivir el proceso y otorgárselo a una empresa que ha sido duramente criticada por el Gobierno.
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De esa cita, según información a la que accedió este diario, surgió parte de la nueva estrategia, que consiste en tomar una decisión conjunta como Gobierno y que incluye que la Secretaría Jurídica de Palacio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y Colombia Compra Eficiente expidan –por petición del Ministerio de Relaciones Exteriores– conceptos jurídicos unificados que ratifiquen que lo hecho por Salazar carece de validez normativa y por lo mismo no podría dársele ninguna validez. Fue la notificación de que la licitación sigue en stand by.
De hecho, Murillo lo confirmó ante la Comisión Segunda de la Cámara carca de 18 horas después de su cita con Robledo. Allí dijo que el insubsistente exsecretario sí tenía facultades sobre temas contractuales, pero que no obedeció las directrices legales que había impartido el Ejecutivo. Eso se traduce en que Salazar –a quien Petro calificó de “traidor”– habría actuado individualmente y sin sustento jurídico para firmar las polémicas resoluciones, pese a que desde el 26 de febrero había un acto que, dijo él, lo habilitaba para ello.
“Este es un proceso que hay que revisarlo. Estamos estudiando integralmente para ver cuál es el mejor camino que debe seguir el Gobierno Nacional. No vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares”, notificó Murillo de forma previa a ese debate en una declaración al programa “Avanza el Cambio”.
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Y es que, según el cronograma de la licitación, el plazo para que la Cancillería y la empresa firmaran el contrato era precisamente este 4 de marzo, pero ahora, tras las declaraciones del canciller, quedó claro que, al menos por el momento, eso no sucederá. Murillo precisó que ahora se deben esperar los conceptos jurídicos solicitados.
Todo esto se da en un momento en el que, además, la relación entre el Ministerio de Exteriores y la ANDJE estaba debilitada tras los roces que desembocaron en la renuncia de su entonces directora, Martha Zamora, y que tuvieron su punto más caliente con el suspendido canciller Álvaro Leyva. Pero, con la llegada del exmagistrado del Consejo de Estado Gustavo Gómez a la jefatura de la entidad, Murillo espera subsanar los ruidos.
El propio canciller (e) Murillo afirmó que su cita con Gómez y Robledo fue “muy productiva” y que “se avanzó bastante”, por lo que prono habrá anuncios de fondo sobre el despliegue de la nueva estrategia jurídica y política.
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No obstante, algunos expertos sí cuestionaron que la discusión no se levara a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, la cual, a petición del Gobierno, puede emitir conceptos en relación con controversias jurídicas y que podrían tener un halo mayor de independencia por tratarse de una instancia distinta a las que eligió el Ejecutivo y que están bajo su subordinación. Incluso, así se lo hicieron saber a Murillo varios congresistas que en la mañana de este martes –y de forma previa al debate– desayunaron con él en el Palacio San Carlos.
En todo caso, el ministro –tanto en el Congreso como en medios– dio un parte de tranquilidad en torno a que aún faltan siete meses para que se termine el año prórroga que se le dio a Thomas Greg para que siga elaborando pasaportes mientras se resuelve todo el lío jurídico. Esa decisión se adoptó en el marco de la declaración de urgencia manifiesta, en octubre del año pasado: “Se han tomado todas las medidas necesarias para que en ningún momento afecte a la ciudadanía”.
Ahora bien, mientras que el gobierno Petro avanza en su nueva estrategia, hay expectativa sobre las acciones que podría tomar Thomas, firma que ya tiene una demanda contra el Estado por $117.000 millones. Ese recurso judicial lo interpuso, precisamente, después de que no hubiese conciliación con la Cancillería tras la caída de la licitación origina, que fue la misma que quiso revivir Salazar antes de ser sacado del Ministerio.
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La semana pasada, la empresa, que se ha encargado de la elaboración de los pasaportes por más de una década y media, hizo lo que ordenaba el acto de adjudicación y envió una carta al Palacio de San Carlos expresando su disposición a firmar el contrato licitatorio. Pero ahora, con la notificación pública de Murillo, estarían alistando una segunda demanda basada –entre otras cosas– en que las tres resoluciones que revivieron este drama contractual no hayan sido suspendidas, revocadas o anuladas.
Y aunque la segunda demanda aún está ciernes, Murillo dejó claro que no tiene miedo de ir a los tribunales: “Yo conozco perfectamente los riesgos de esto, llevo 30 o más años en la administración pública y he sido víctima de las malas decisiones de la justicia”.
Por ahora, mientras todo esto se resuelve y las partes de la pelea destapan a cuentagotas sus cartas, el Congreso mantiene su disposición de pedir explicaciones políticas sobre lo hecho por Leyva y Murillo, y la Casa de Nariño analiza hasta qué punto puede tensar la discusión con Thomas. Pero, como toda novela siempre tiene múltiples capítulos, falta ver cuáles se escribirán con las acciones de una firma a la que Petro acusó de afectar la democracia colombiana.
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Por Daniela Cristancho
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