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El presidente Gustavo Petro mantiene sus esperanzas en que el próximo año, justo tres meses antes de que deje la Casa de Nariño, el país entrará en un nuevo esquema para la elaboración de los pasaportes con la vinculación de la Imprenta Nacional y la salida de Thomas Greg & Sons, firma a la que se le acaba de prorrogar el contrato de urgencia manifiesta hasta abril de 2026 por $161.000 millones. Ya van dos intentos fallidos que han dejado altos costos políticos y una cadena de suspensiones e investigaciones a funcionarios del petrismo. La pregunta que se hacen en el Ejecutivo es si la tercera será la vencida.
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Aunque el jefe de Estado se habría molestado fuertemente con la entrega de una nueva urgencia manifiesta a Thomas Greg, que se consumó este 27 de agosto, terminó aceptando este camino, pues de por medio estaba la posibilidad de generar interrupciones en la expedición de estas libretas, algo que no solo habría generado caos nacional, demandas por la violación a los derechos a salir del territorio y movilizarse libremente, sino un duro golpe mediático para su proyecto, y justo en tiempos de campaña electoral.
Toda la incertidumbre y malestares que ha suscitado este capítulo en la administración Petro ha provocado o ha influenciado la renuncia de tres cancilleres, Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, al igual que suspensiones e investigaciones contra funcionarios como el propio Leyva y el exjefe de despacho de Presidencia Alfredo Saade, quien se habría extralimitado en sus funciones solicitándole a trabajadores de la Cancillería retrasar citas de diligencia de la libreta, como lo advirtió Sarabia públicamente.
Y más allá de estas salidas poco amistosas y de las indagaciones que tiene encima el Gobierno, los intentos por cambiar de esquema han terminado costándole más plata al Ejecutivo, pues ya en dos oportunidades ha tenido que pedir adiciones presupuestales por el crecimiento de la demanda de pasaportes ante el temor que se despertó en el país sobre eventuales complicaciones en la continuidad de este servicio.
Este mismo mes, por ejemplo, mientras el Ministerio de Hacienda alegaba tener la billetera con pocos activos, a la Cancillería le tocó solicitar rápidamente $15.000 millones más para cubrir los gastos no previstos de julio y agosto, meses en los que se disparó la solicitud de pasaportes, como lo advirtió Thomas Greg en un documento enviado a la cartera. Esta misma situación ocurrió en septiembre de 2024, un mes antes de que finalizara el entonces contrato vigente con la misma firma.
Otro de los resultados de este crecimiento en las solicitudes es que hay 116.000 documentos sin reclamar, como informó la canciller Rosa Villavicencio, quien también terminó vinculada en una investigación de la Procuraduría por las supuestas inconsistencias en este asunto.
Su nombre está siendo estudiado para determinar si hay irregularidades en la firma del convenio entre la Cancillería y la Imprenta del pasado 18 de julio, cuando quedó pactado que la entidad que dirige Viviana León (también investigada) entrará al esquema de pasaportes desde mayo de 2026 bajo la guía del gobierno de Portugal, al que se le dará $1.3 billones para preparar a la entidad y transferirle tecnología.
Según el Ministerio Público, esta firma podría transgredir los principios de la contratación estatal, pues no existirían documentos ni estudios previos que demuestren que esta ruta es segura y está bajo los parámetros de la ley de la contratación y la función administrativa.
Lo mismo creen varios funcionarios de la junta directiva de la Imprenta, que en diciembre del año pasado hicieron un estudio detallado de la realidad financiera y tecnológica de la entidad, determinando que no hay manera de adentrarse en el negocio de pasaportes sin hacer ajustes importantes y mejorar los estados financieros. Las peleas han llegado incluso a oídos de órganos de control.
Bajo este nuevo esquema, cada libreta costará 17 euros, equivalentes a $80.407 al cambio actual, con una cláusula que aclara que su valor podría variar según la tasa de cambio. Igualmente, se permitirá la subcontratación, por lo que no está sentado que salgan completamente los privados.
A pesar de estas tensiones y de las posibles investigaciones que se puedan seguir abriendo contra la administración actual, Petro mantiene su apuesta para que Thomas Greg salga de este proceso, como es su deseo desde que asumió las riendas del poder, no solo con los pasaportes, sino también con su participación logística en las elecciones del país.
Petro ha sido insistente en que tiene desconfianza con la empresa privada por el manejo de los datos privados de los connacionales y que por ello se deben fortalecer las capacidades de la Imprenta Nacional para que, al cabo de diez años, en el 2036, sea esta entidad la que produzca en su totalidad los documentos, ya sin la ayuda de un aliado extranjero ni privado.
“El cambio de modelo lo que pretende es recuperar soberanía para la ciudadanía en cuanto al control de información y la protección de los datos de los ciudadanos por parte del Estado, que se ha perdido a lo largo del tiempo por la aplicación de políticas neoliberales; se ha perdido el control de sectores estratégicos”, indicó la canciller Villavicencio en entrevista con El Espectador.
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No será tarea fácil y el Gobierno vio que sus anteriores intentos no fueron exitosos. En 2023 se frenó precipitadamente la licitación en la que participaba e iba ganando Thomas Greg, una decisión que provocó la suspensión de Leyva y una demanda por $117.000 millones contra el Estado, recurso que este año fue retirado sin mayores explicaciones de parte de la empresa.
En 2024 también se quiso dar el paso con Luis Gilberto Murillo, pero solo se logró darle forma al esquema con la promesa de que en 2025 sí se les diría adiós a los privados y se le daría la bienvenida a Portugal. El entonces funcionario dejó la cartera en medio de los choques entre Colombia y Estados Unidos de principio de este año y llegó a la entidad Laura Sarabia.
A esta altura solo se había firmado un memorando de entendimiento con Portugal que no era vinculante ni tenía carácter comercial, a pesar de que ya había sido aprobado por la Asamblea de Portugal en febrero.
Del tema poco se siguió hablando, hasta que faltaron aproximadamente dos meses para que Thomas terminara funciones. Con el tiempo encima, la Cancillería empezó a dar pistas de que nuevamente se debía prorrogar el contrato de la firma, levantando ampollas en el seno del Palacio, pues como dijeron varios funcionarios, se creía que Petro había sido lo suficientemente claro en que la salida de Thomas Greg era inminente.
Sarabia defendió su gestión y responsabilizó a Murillo de no tener el camino tan despejado como lo dijo públicamente. Y entonces llegó Alfredo Saade, quien desvirtuó los pronunciamientos de la entonces ministra y dijo que él sí obedecería al presidente, retirando a Thomas del proceso.
Tras la renuncia de Sarabia, la Cancillería admitió que ya el tiempo estaba en contra y por tercera vez se vio obligada a prorrogar el contrato de Thomas Greg.
Y es que adoptar un nuevo esquema no es tarea fácil y la meta de la canciller Villavicencio es que en estos ocho meses que empiezan a correr desde este lunes, la Imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal obtengan todos los certificados internacionales y la autorización de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para elaborar los pasaportes y que estos sean aceptados en todos los aeropuertos.
Petro busca que el cambio de esquema sea parte de su legado como presidente y que pueda ser incluso una de sus banderas y promesas cumplidas, pues desde antes de posesionarse recalcaba que el país debía priorizar los esquemas públicos para restar la dependencia de los privados, en este caso de Thomas Greg, que desde hace casi dos décadas viene produciendo sin contratiempos los pasaportes.
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