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Los agentes de la Procuraduría que este lunes 11 de diciembre realizaron una inspección a la sede de la Cancillería en Bogotá, la cual tenía como fin acceder a las actas e historial de los trámites y reuniones que se han realizado en torno a la fallida licitación de pasaportes entre el Estado y la firma Thomas Greg & Sons, revisaron los audios, videos y documentos que se expidieron tras la cita de conciliación que se realizó exactamente 18 días antes.
La diligencia se realizó como parte del expediente disciplinario que tiene el Ministerio Público por cuenta de las denuncias que se han presentado en torno a la suspendida licitación y a la actuación de algunos delegados de las partes, así como por su labor de mediador en la búsqueda de una conciliación para determinar si se avanza o no en una demanda contra Colombia por $117.000 millones.
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En ese contexto, y en medio del ruido que se ha generado en torno a un proceso que el propio presidente Gustavo Petro ordenó frenar por haber un solo proponente, algo que en todo caso la ley colombiana permite, El Espectador accedió a un apartado de lo que sucedió el 24 de noviembre en la Cancillería, cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica –en contraposición de la postura del Jefe de Estado y del canciller Álvaro Leyva– propuso avanzar en la conciliación con Thomas Greg y evitar así la millonaria demanda.
Ese último viernes de noviembre, la saliente directora de la Agencia Jurídica, la abogada Martha Lucía Zamora, reveló que cuatro días antes había sostenido una reunión con los representantes de la firma que hace al menos tres lustros maneja la elaboración de pasaportes en Colombia y que, tras escucharlos, se detectó un lazo entre uno de los funcionarios de esa entidad y el apoderado de la empresa.
En la cita, que de acuerdo con fuentes de la Cancillería nunca les fue informada, también estuvieron César Méndez, director de Defensa Jurídica de la Agencia, otra funcionaria experta en contratación, y el abogado Juan Pablo Estrada, representante de la firma Thomas Greg & Sons. Y ahí, de acuerdo con parte de un audio de ese comité en poder de este diario, se conocieron los lazos entre el apoderado de la firma y un funcionario de la entidad.
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“El apoderado de Thomas Greg hizo una petición por escrito a la Agencia, a través de los correos oficiales, en donde requirió que fuera escuchado por la Agencia, bajo esas funciones que les he descrito a ustedes, y que tuviera con ellos un espacio para hacer su presentación. En ese momento, el doctor César me comentó su relación de trabajo, de amistad, de haber sido profesores, compañeros de universidad, con el doctor Juan Pablo Estrada”, dijo en ese momento Zamora.
Y a renglón seguido agregó: “Lo expuso siempre desde el inicio y pues igual lo valoramos, lo consideramos, y, por razones obvias, no es una causa que le impida (sic) sustraerse de lo que es su función como director”.
Pero de acuerdo con el audio y las actas, que la Procuraduría recibió de la Cancillería en medio de la inspección, fue César Méndez quien expuso en el comité de ese 24 de noviembre que, desde la Agencia Jurídica, se recomendaba acceder a la conciliación con Thomas Greg. Y lo hizo con el apoyo de Martha Lucía Zamora.
Algunas fuentes extraoficiales advirtieron que las entidades y, más una como la Agencia Jurídica, tiene entre sus facultades analizar escenarios que permitan defender al Estado, pero que ese tipo de cercanías que la misma Zamora describió deberían haberse presentado al menos como un impedimento a analizar, incluso por escrito, paso que nunca se dio.
Este es el audio del comité de conciliación:
Cuando El Espectador le preguntó a Zamora por sus palabras en el comité del 24 de noviembre, la funcionaria –a la que según el presidente Petro se le pidió la renuncia hace más de un mes– aseguró que todo lo hizo por “transparencia”.
“No es reconocer una amistad, es poner en conocimiento del comité que él, el doctor Cesar, lo conocía desde la universidad. Conocimiento, no amistad. Eso es por transparencia. Grave hubiera sido guardar información y no ponerlo en conocimiento de todos” precisó la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica.
Además, recordó que en medio de toda esta polémica se conoció la cercanía entre Juan Carlos Losada, funcionario de la Cancillería, con el hijo del canciller Leyva, Jorge Leyva, quienes terminaron mencionados en medio de toda esa controversia de la licitación de pasaportes por un supuesto interés en el tema y reuniones, aunque ellos lo niegan, fuera del país para presuntamente hablar del proceso.
“Esa amistad nunca fue puesta de presente, ni que su abogado defensor era el apoderado del Ministerio. Eso nunca ellos lo expresaron por transparencia o conflicto de intereses. Por eso, me parece infame que se dude de la transparencia. Y, por eso (el tema de Méndez y Estrada), lo pusimos de presente a diferencia de ellos”, enfatizó Zamora.
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El Espectador también buscó al abogado Estrada para conocer su postura sobre lo dicho por la directora Zamora en el comité del 24 de noviembre. De inmediato negó “categóricamente” tener amistad o cercanía personal con Méndez.
“No soy compañero ni amigo de César Méndez y lo conocí en la Agencia Jurídica, porque he defendido muchas veces al Estado; jamás me he visto por fuera de la agencia y jamás he estado a solas con él, porque todas las reuniones son en equipo”, enfatizó Estrada. Y también dijo que lo dicho por Zamora lo debería explicar ella.
Además, explicó que la reunión para ser escuchada su postura sobre la conciliación la solicitó desde el 31 de octubre y le dieron agenda para las 9 de la mañana del 20 de noviembre en la sede de la Agencia Jurídica. Y esa cita es la que dijeron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que nunca les fue informada.
(Conciliación entre Cancillería y Thomas Greg se definirá el 15 de diciembre)
En todo caso, Estrada confirmó que sí conoció a Méndez hace unos cinco años cuando, en su ejercicio profesional, representó a Fonade y tuvo reuniones con la Agencia de Defensa Jurídica. Por eso, ratificó que la única relación que tiene con ese funcionario “es profesional”.
Lo cierto es que esta polémica se mantiene viva y la demanda contra Colombia por $117.000 millones, si no se logra la conciliación, es inminente. Pero Petro y Leyva, según fuentes enteradas, se mantienen en la postura de que no puede haber licitaciones con un solo oferente, pese a que la ley actualmente lo permita. Y, entre tanto, hay al menos 10 hojas de vida en el despacho del Jefe de Estado para determinar quién reemplazará a Zamora.
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