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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se metió en las dos entidades públicas en las que la empresa Thomas Greg and Sons tiene sus principales contratos: la Registraduría, con la que, bajo el modelo de unión temporal, firmó el más alto de todo 2023 con recursos del Presupuesto General de la Nación por $1 billón, y la Cancillería, con la que tiene pendiente suscribir otro por casi $600 mil millones para elaborar y personalizar los pasaportes en el país. Y todo en las últimas 24 horas.
Las inspecciones de la SIC también se dieron, entre miércoles y jueves, en las oficinas y planta de Thomas en Bogotá, donde –entre otras cosas– se imprimen las libretas de pasaportes hace más de dos décadas. Estas diligencias se hicieron para verificar, según la entidad que dirige Cielo Rusinque desde el pasado 2 de febrero, si esa firma y sus contratantes cumplieron o no con los preceptos de la libre competencia para contratar con el Estado.
Las revisiones a los equipos tecnológicos y otros archivos de la Registraduría, la Cancillería y las dependencias de Thomas, ejecutadas por un grupo de ocho funcionarios delegados por la SIC, se constituye como la primera decisión de fondo que ha tomado Rusinque en sus 41 días en el cargo. La superintendente, candidata a doctora en Derecho Constitucional, suele ser más reconocida por su defensa y activismo en favor de las causas del presidente Gustavo Petro, al punto de que se convirtió en una de las personas más cercanas al jefe de Estado.
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Todo esto coincide con las pullas que ha lanzado el presidente Petro contra la firma desde que estalló el escándalo por la fallida licitación de pasaportes. Aunque el jefe de Estado lleva cuestionando los contratos otorgados a Thomas desde 2010, su guerra frontal se ha intensificado desde mitad del año pasado, cuando esa empresa quedó como única oferente en el proceso licitatorio, y ha llegado a decir que el poder que concentra podría, según él, llevar a un “fraude electoral”.
El pasado 26 de febrero, un día después de que el ahora insubsistente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le adjudicara el contrato a Thomas, el primer mandatario afirmó que la empresa “puede controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones”.
Pero este jueves, el registrador Nacional, Hernán Penagos, le respondió a Petro sin mencionarlo. Desde Cartagena, donde asistió al congreso de Asobanacaria, aseguró que su entidad es la única constitucionalmente encargada de custodiar los datos de identificación de los colombianos.
Horas más tarde, a través de un comunicado, Penagos precisó que aunque están abiertos a que cualquier entidad inspeccione la Registraduría, sí le preocupa “el abuso de poder y la extralimitación de funciones por parte de algunos servidores públicos”. Esta sería la primera vez que la SIC inspecciona la entidad que él dirige desde el 1 de diciembre de 2023.
A lo que se refirió Penagos es a que, 24 horas antes –y a puerta cerrada– la SIC le pidió a la Registraduría acceso a documentos reservados, por lo que le solicitó a la Procuraduría acompañar el proceso para evitar un posible abuso. “La Superintendencia busca hacer un rastreo de información y equipos de computadores de la Registraduría, lo que ha generado reclamos de varios funcionarios que argumentaron posible violación al derecho a la intimidad”, indicó el Ministerio Público, dirigido por Margarita Cabello.
Fuentes cercanas a la industria de impresión de documentos le indicaron a El Espectador que este tipo de inspecciones son atípicas y que aún quedan dudas sobre si la SIC tiene competencia para hacerlas. Sin embargo, Rusinque justificó el actuar de su entidad es la autoridad encargada de defender la libre competencia y, por lo tanto, está investigando una denuncia de posible colusión: acuerdos entre dos o más oferentes para restringir esta competencia.
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Thomas provee siete de los ocho softwares que la Registraduría usa en procesos electorales; el séptimo está a cargo de Indra, una empresa española, pero la SIC solo inspeccionó lo relacionado con la primera. Cuando El Espectador buscó a Thomas por lo que ha pasado en las últimas 24 horas, la firma indicó que no piensa pronunciarse.
Dada la cercanía de Rusinque con Petro, en el contexto de este debate, ha vuelto a sonar un viejo trino del primer mandatario. “Hoy por hoy, la única multa que tengo vigente es la de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una delegación del presidente de la República. La SIC es una oficina del presidente y cumple con funciones del presidente”, se lee en su mensaje de marzo de 2020, cuando el jefe de Estado era Iván Duque.
En medio de actual revuelo, en el que ya han tomado cartas la SIC y la Procuraduría, el tema de la licitación de pasaportes también caló en la Contraloría. En efecto, su acompañamiento lo solicitó el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien hace una semana advirtió que no firmará el contrato adjudicado a través de tres polémicas resoluciones a Thomas.
El contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, desde Mitú, Vaupés, contó que ya han desarrollado, de manera separada, diálogos con el canciller y con delegados de Thomas, y que se espera que la próxima semana se pueda realizar una mesa de trabajo conjunta con la empresa y el Ministerio de Relaciones Exteriores para buscar un acuerdo que permita garantizar la continuidad en la prestación del servicio de expedición de pasaportes y también evitar una nueva demanda contra la Nación, que podría ascender a los $600 mil millones del contrato que está frenado y que sería distinta la que ya camina, por el mismo tema, tasada en $117 mil millones.
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Murillo, quien asistió esta semana a dos debates de control político en el Congreso, explicó que la situación, que también está evaluando la tríada de la Secretaría Jurídica de Palacio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y Colombia Compra Eficiente, también la puso en conocimiento de la Fiscalía y la regiduría.
Thomas Greg tiene también contratos firmados con la Lotería de Cundinamarca, por $1.900 millones (021-2023), y con la Gobernación de Boyacá, por $1.500 millones (CD-0514-2023_1), entre otros. Y en este momento continúa imprimiendo pasaportes, por lo menos, hasta octubre de 2024, cuando finalice el contrato que firmó con la Cancillería por un año firmado bajo la figura de urgencia manifiesta.
Murillo, que en principio solo sería canciller encargado hasta el próximo 24 de marzo, ha asegurado que siete meses son suficientes para solucionar el problema y que, de hecho, espera hacerlo en un mes. Fuentes cercanas a la Cancillería dijeron que lo más probable es que la impresión y personalización de pasaportes termine en manos de la Imprenta Nacional, algo que se ha rumoreado en los pasillos de San Carlos desde hace más de dos semanas. Sin embargo, el proceso de que el país se encargue de sus propios pasaportes, un modelo que siguen países como Alemania, podría tardar años en materializarse.
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Por Daniela Cristancho
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