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A la reunión entre Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC y hoy jefe del partido Comunes, y el presidente Gustavo Petro, también asistieron otros cuatro delegados de la antigua guerrilla: Carlos Antonio Lozada, senador de esa colectividad; Manuela Marín, delegada de la exguerrilla ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo (CSIVI); Camilo Fagua, asesor jurídico de Comunes; y Pastor Alape, encargado en esa colectividad de la reincorporación de todos los excombatientes que suscribieron el Acuerdo de Paz y dejaron las armas.
Este último punto había sido la piedra angular de la discusión durante la última semana entre la exguerrilla y el presidente. El llamado de urgencia de los dirigentes de esa colectividad al primer mandatario se alzó luego de que se conociera que los habitantes del antiguo espacio de reincorporación de Mesetas (Meta) tendrían que desplazarse ante amenazas de la disidencia de las FARC encabezada por Iván Mordisco.
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La controversia se profundizó luego de que Danilo Rueda, comisionado de paz, dijera en unas declaraciones que la salida de los excombatientes de ese espacio había sido una decisión de ellos, mientras que los ex – Farc denunciaban que se trataba de un desplazamiento. Rueda también estuvo en la reunión en Palacio.
Pastor Alape, en conversación con El Espectador, entregó detalles del encuentro.
¿Cuáles fueron los temas de discusión con el presidente Petro?
La reunión fue muy positiva, se abordaron los temas álgidos de la implementación del Acuerdo de Paz, como la integralidad en su implementación, los temas de seguridad entendiendo que es una violencia estructural y que en siete meses un gobierno no va a poder desmontarla, pero sí se pueden establecer mensajes que den aliento y seguridad en el territorio. Se acordó en el caso de Mesetas (Meta) continuar en la búsqueda del espacio donde el proyecto se va a reubicar y va a poder desarrollar las acciones concretas para la sostenibilidad de ese colectivo. A la vez se miró la situación de los demás territorios.
Y también se abordó el desafío de puntos estratégicos del Acuerdo de paz, como el punto uno, en lo que tiene que ver con la transformación de los territorios a partir de afianzar las comunidades en el retorno a las capacidades productivas, desde lo agrícola, de la producción de alimentos que ha sido parte de la agenda de este Gobierno y establecida en ese punto uno.
Por tanto, podría resumir que fue una reunión muy positiva en el sentido de movilizar esfuerzos para sacar adelante la implementación del Acuerdo de paz en el horizonte de la paz total.
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Es decir, sí se va a dar el traslado del espacio de reincorporación de Mesetas…
Efectivamente. O diríamos, cuando una comunidad no puede mantenerse en su sitio de origen por causas externas que la obligan, en términos del DIH, sería un desplazamiento. El Gobierno va a acompañarlo para que el impacto de ese desplazamiento no se sienta y se puedan garantizar las medidas humanitarias y los derechos de quienes constituyen ese espacio.
Ahí estaba el comisionado Rueda ¿Se resolvió la discusión de que sí se trata de un desplazamiento y no una decisión deliberada como él había dado a entender?
Aquí no se trata de armar un ring de boxeo. Esas son formas en las que a veces el funcionario va diciendo o no diciendo. Aquí quedó establecido es que hay que movilizar, trasladar esa comunidad. De ahí a ponernos a decir “es que usted se equivocó”, no; perdemos tiempo en eso cuando el tiempo de la agenda hay que movilizarlo de manera asertiva.
Días antes de la reunión el presidente había hecho unas declaraciones en las que criticaba el Acuerdo porque a su juicio había quedado incompleto y respondía a un país rural que ya no somos ¿Qué voluntad de cumplimiento ven en el Gobierno con lo que se pactó en ese Acuerdo?
Entendemos que esto se trata de un proceso donde hay que acompañar al Gobierno a superar todos los escollos que establecen otros sectores que le tienen miedo al cambio y es en esa dirección que nos comprometimos a trabajar. Hay voluntad, pero más allá de la voluntad se requiere también que la arquitectura institucional funcione. Y para eso consideramos que se requiere movilizarnos desde las bases de la sociedad para poder impulsar, presionar, la ejecución de la esa voluntad.
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Usted está a la cabeza de la reincorporación de los excombatientes, ¿qué balance hace de ese punto en estos meses de Gobierno?
Más allá de la aprobación de proyectos productivos, en lo que nos hemos estado empeñando es en hacer una evaluación profunda del enfoque que se ha venido trabajando, porque el Gobierno anterior en su mayoría le apuntó a los proyectos individuales. Nadie monta una empresa con $8 millones. Entonces parte del debate en el que estamos es poder actualizar el proceso financiero, partiendo de la cuota básica para iniciar que ya hoy no son $8 millones, y enfocarnos en poder generar una capacidad efectiva en productividad, comercialización y sobre todo en sostenibilidad. La idea es que a un horizonte determinado eso nos permita garantizar que cada uno de los firmantes ha encontrado sostenibilidad y/o empleabilidad, y nos posibilite desmontar lo que llamamos la asignación mensual.
¿Eso se trató en la reunión?
No, era una reunión en la que era muy complicado entrar con la lista de mercado y lo que hicimos fue tocar los temas estratégicos de la política de la implementación del Acuerdo, sobre todo subrayando la necesidad de una mirada integral de su implementación.
¿Se habló del funcionamiento de las instancias que creó el Acuerdo en donde se sientan el Gobierno Nacional y el partido Comunes como la Csivi o el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)?
Sí, lo que se planteó es cómo ajustar esas instancias, que ya han empezado a funcionar. Este 23 de marzo hay sesión de la Csivi y el 21 de marzo tuvimos reunión del CNR en Arauca, ampliado, desde el territorio, escuchando a las diversas expresiones de la reincorporación más allá de quienes nos mantenemos en el partido.
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