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Horas convulsas se han vivido durante las últimas cuatro semanas en los despachos de la Casa de Nariño y otras entidades del Ejecutivo que tienen la misión de cumplir una promesa clave con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder: garantizar una “paz total” por la vía del diálogo para desestructurar grupos armados y bandas criminales dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Es por esto que los últimos 30 días han estado marcados por reuniones reservadas, cruces de memorandos y oficios, consultas en el Congreso, fuego amigo y una robusta actividad contractual.
El pasado 25 de septiembre, una circular de 11 páginas de la Agencia de Contratación Pública, que llegó a todos los despachos de la Presidencia y varias oficinas más, motivó un acelerón en las movidas. El documento les recordó a los funcionarios que a partir del próximo 8 de noviembre empezará a regir la Ley de Garantías con motivo de las elecciones de 2026, lo que implica límites a la contratación directa y los convenios interadministrativos.
Como es natural, la información puso a correr a todas las entidades que quieren dejar contratos listos para no ver afectados su funcionamiento y programas. El Palacio presidencial no fue la excepción, particularmente la oficina de la Consejería Comisionada de Paz, a cargo de Otty Patiño. Esta dependencia, en el último mes, suscribió contratos por más de COP 16.000 millones enfocados en garantizar la logística y personal (negociadores y asesores) para que los diálogos de paz puedan continuar. A este monto se suman los cerca de COP 6.500 millones que se vienen ejecutando con la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde finales de junio para la seguridad de quienes participan en los procesos de negociación.
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El convenio más cuantioso, de hecho, se firmó un día después de la notificación de la circular. Se trata de una alianza de COP 10.000 millones entre el Fondo Paz —entidad que financia las actividades de la Consejería de Otty Patiño— y la empresa estatal Servicios Postales Nacionales 4-72, para la producción de los eventos, encuentros y demás actividades de la Consejería en el desarrollo de la política de paz total.
Según conoció El Espectador, los recursos se gastarán en los próximos cuatro meses para la realización de al menos 170 eventos en el marco de los espacios de negociación con las disidencias de alias Calarcá, el Frente Comuneros del Sur (Nariño), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (facción de la Segunda Marquetalia al mando de Walter Mendoza), los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Clan del Golfo y las bandas de Buenaventura, Medellín y Quibdó.
Por ejemplo, las conversaciones con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente de alias Calarcá, que se escindió de las disidencias de alias Iván Mordisco, requerirán en los próximos meses 31 eventos que costarán COP 3.060 millones e incluyen reuniones de verificación, la instalación de puestos de comunicación en el Catatumbo, visitas técnicas de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y hasta la distribución de elementos y materiales de primera necesidad y alimentos no perecederos en Tibú.
La mesa en Nariño implicará espacios por COP 1.420 millones, la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, por COP 2.518 millones; y los espacios de conversación sociojurídica con bandas, un total de COP 1.500 millones. A esto se suman 790 millones para el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, COP 400 millones para eventos territoriales con enfoque poblacional y COP 312 millones más para reuniones del despacho de Otty Patiño y procesos exploratorios.
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Que la elegida para manejar los COP 10.000 millones sea 4-72, adscrita al Ministerio de las TIC, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de si una empresa de servicios postales es la adecuada para este tipo de procesos. Como lo reveló este diario en junio pasado, durante este Gobierno la firma se transformó en una megacontratista de eventos, lo que incluso ha generado cuestionamientos de la oposición. Desde la empresa, sin embargo, responden que la actividad logística es natural de la compañía y aseguran que el cambio hace parte de una reestructuración para “salvar” cientos de empleos.
A finales de agosto, la dirección de 4-72 le envió una carta al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) para demostrar su experiencia en materia de eventos y adjuntó los soportes de siete contratos que suman más de COP 157.000 millones por servicios logísticos. La Unidad de Víctimas, el Ministerio del Deporte, el DANE, Prosperidad Social y el ICFES están entre los clientes de la compañía.
Vuelos y otros contratos de la paz total
También con la misión de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la paz total, desde la Casa de Nariño, el pasado 19 de septiembre, se ordenó contratar el servicio de tiquetes aéreos para los desplazamientos nacionales e internacionales de la Consejería Comisionada de Paz y el Fondo Paz. En este caso, la inversión fue de COP 1.000 millones que se repartirán en viajes de alistamiento logístico, encuentros con comunidades, firmas de acuerdos y entrega y destrucción de material de guerra.
Desde la oficina del comisionado argumentan que “el tránsito hacia la paz exige una presencia constante en los territorios por parte de representantes del Gobierno, organizaciones internacionales, organismos de derechos humanos y otros actores clave del proceso de paz. Para ello, se requieren los desplazamientos aéreos del personal encargado de los diálogos, acercamientos y negociaciones, así como de quienes lideran acciones de desescalamiento de la violencia”.
Una muestra de la destinación de estos recursos está en los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, para los que se requirió, a mediados del mes anterior, el desplazamiento hasta Catar de 12 delegados, seis de cada parte, con el objetivo de “consolidar la confianza” en las conversaciones. El Gobierno señala que la meta es acordar con este grupo el desescalamiento del reclutamiento de menores, la erradicación de cultivos, las posibles soluciones al problema de la migración y el abandono de la explotación de oro y madera, entre otros temas.
Los COP 1.000 millones serán operados por la empresa Pubblica S.A.S., que ya ha estado bajo la lupa de sectores de oposición por otros contratos millonarios con entidades del Ejecutivo. En los últimos años, esta compañía ha firmado contratos similares con ENTerritorio, Ecopetrol, La Previsora, los ministerios de Educación y Justicia, pero también con otro tipo de entidades como la Procuraduría y el Ejército.
Entre los convenios firmados por la oficina de la Casa de Nariño también está uno de COP 319 millones con el Comando de Ingenieros Militares para la destrucción de material de guerra y otro de COP 810 millones con la División de Asalto Aéreo para garantizar horas de vuelo para el desplazamiento de personal y bienes requeridos en el desarrollo de las mesas de diálogos de la paz total. Para asegurar estos procesos, en los últimos meses el comisionado Otty Patiño cruzó varios oficios y correos con el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.
En el caso de la destrucción de armas y explosivos, este mismo fin de semana iniciará un primer ejercicio de ese tipo con las disidencias de alias Walter Mendoza, que entregaron 14 toneladas de material de guerra. Para su destrucción, el presidente Petro firmó un decreto que autoriza, entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre, la suspensión microfocalizada de operaciones militares en zonas rurales de Nariño y Putumayo.
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En el segundo caso, los COP 810 millones garantizarán que este tipo de procesos y otros similares en las mesas de paz estén blindados con el transporte y las operaciones de aeronaves artilladas y de alta tecnología, como los helicópteros UH-60 Black Hawk, Sikorsky S-70 o los rusos Mi-17.
Las contrataciones también incluyen un acuerdo de COP 1.216 millones con la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ) —organismo de la Arquidiócesis de Bogotá— para fortalecer los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC) como instancias de participación ciudadana en el desarrollo de paz total. Así mismo, se encuentran las renovaciones de contratos de negociadores y asesores como Vera Grabe (COP 175 millones), Feliciano Valencia (COP 117 millones), Yezid Arteta (COP 117 millones), Rodrigo Botero (COP 91 millones), Fabio Valencia Cossio (COP 117 millones), entre otros.
La contratación de negociadores para procesos suspendidos, como el que se lleva a cabo con el ELN, ha generado más cuestionamientos por la falta de resultados; sin embargo, desde el entorno de los diálogos señalan que, al final de cuentas, las mesas no están canceladas y que es necesario mantener trabajo en territorio con las comunidades y dejar la puerta abierta a las exploraciones.
Los alfiles de Petro en su apuesta de paz total
Más allá de la tarea de hablar con los grupos armados y las bandas, a cargo del comisionado Patiño, el jefe de Estado les ha dado carta blanca a una tríada de su gabinete para obtener resultados en la materia en los 10 meses que le quedan a la primera administración de izquierda pura en Colombia. Se trata de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, así como del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus.
Los dos primeros tienen la responsabilidad de abonar el terreno en el Congreso para la aprobación de la ley de sometimiento, el marco jurídico para que los grupos criminales dejen la ilegalidad. Además de la resistencia que genera entre las bancadas y hasta en la Corte Suprema de Justicia, el proyecto se estrelló con la dura pelea entre los dos jefes de cartera que deben velar por su trámite.
Las diferencias entre Benedetti y Montealegre salieron a la luz pública por la filtración de unos chats en los que el segundo acusó al primero de no estar comprometido con la paz total y hasta habló de las posibilidades de que termine en la cárcel por sus líos penales. El choque llegó hasta el punto de requerir un jalón de orejas del presidente Petro y los buenos oficios de dos mediadores, Roy Barreras y Julio César Ortiz, para sentarlos a tomarse un café y lograr un apretón de manos que se leyó como reconciliación. Esa “tregua” se pondrá a prueba en los próximos días, cuando por fin se conozca una ponencia de la ley de sometimiento y ambos trabajen codo a codo para salvar esa piedra angular de la paz total.
Benedetti, además, está al frente del acercamiento formal con exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que busca retomar los pendientes de la Ley de Justicia y Paz.
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El triunvirato lo completa Lemus, con quien Petro ha consolidado una transformación de la DNI que incluye el objetivo de la paz total. El director, de bajo perfil en la opinión pública, fue uno de los hombres clave en el “cese al fuego” entre las bandas “Los Costeños” y “Los Pepes”, que tienen azotada a Barranquilla bajo los mandos de Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, y Digno Palomino, respectivamente. En el inventario de sus movidas también está el papel que jugó la DNI en la custodia de alias “Mocho Olmedo”, cabecilla del Frente 33 de las disidencias, a quien Petro ordenó no extraditar.
“La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y el avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita. La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”, dijo el mandatario en uno de sus trinos.
Así, con el despliegue de contratos millonarios y la confirmación de una delantera para enfrentar los enredos políticos y judiciales, el presidente Gustavo Petro espera encontrar la fórmula para destrabar varias mesas de su paz total y afianzar otra de las banderas con las que espera dejar un legado y reafirmar que su apuesta de gobierno merece otros cuatro años más en el poder.
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Por David Efrén Ortega
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