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“No tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas si no llevamos a Colombia a la paz”, dijo el presidente Gustavo Petro en 2022 tras ser elegido como el primer mandatario de izquierda del país. Han pasado cuatro años desde esa afirmación y el balance sobre el manejo que Petro le dio a la paz prendió las alarmas en materia de seguridad y puso los ojos de organizaciones sociales, analistas y autoridades sobre la compleja crisis humanitaria a raíz de la violencia que creció en Colombia.
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, el expresidente Juan Manuel Santos e incluso integrantes del gobierno de Gustavo Petro, han señalado que la política de paz total del saliente presidente generó impactos altamente negativos como aumento de secuestros, crecimiento de la extorsión en los territorios y sobre todo el afianzamiento de las gobernanzas criminales en las comunidades. Además, no fue efectiva en la disipación del conflicto armado, sino que, por el contrario, propició el fortalecimiento de los grupos al margen de la Ley. “Desafortunadamente la situación humanitaria y de seguridad se deterioró bajo el gobierno Petro”, asegura Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW) para América Latina.
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Según analistas e investigadores del tema, desde que Petro inició su mandato, en Colombia los grupos armados pasaron de seis a nueve, crecieron en número y se fortalecieron en manejo territorial. ¿Dónde estuvo el quiebre de la política de paz total? Gustavo Petro llegó al poder con propuestas ambiciosas para el sector seguridad, pero, según la directora de (HRW), existió un fallo metodológico en la construcción de la paz total.
Esa estrategia nació como una iniciativa que buscaba dialogar con todos los grupos armados al mismo tiempo y llevar a cabo negociaciones simultáneas en todo el territorio nacional. Además, su enfoque también ponía sobre la mesa propuestas como la entrega de tierras a campesinos que la trabajaran, reparaciones efectivas para las víctimas del conflicto, el cambio en el enfoque en el tratamiento a los cultivos de uso ilícito y la defensa de los derechos humanos. Aunque cumplió con promesas como el cambio del servicio militar obligatorio y la transformación del ESMAD, e incluso mostró logros en materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito –asunto por el que sacó pecho en Estados Unidos–, la manera en que abordó las negociaciones afectó duramente a la población civil.
“Vimos un crecimiento en los indicadores de desplazamiento, casos de confinamiento de comunidades, secuestro, reclutamiento de menores. A falta de una política de seguridad efectiva, los efectos perversos de la política de paz total y la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, distintos grupos de crimen organizado ampliaron su control territorial y poblacional”, precisó Goebertus.
En detalle, el presidente Petro dio un salto al vacío sin paracaídas. En esa ambiciosa apuesta, el mandatario abrió una mesa de diálogo por cada grupo armado que mostró un asomo de intención por negociar. Bajo la sombrilla de la paz total levantó órdenes de captura, concedió beneficios, pactó ceses al fuego y sentó a dialogar a guerrilla, grupos residuales del paramilitarismo y bandas criminales urbanas. La intención era, sin mucho a cambio, firmar la mayor cantidad de acuerdos de paz. Sin embargo, las crisis en las mesas que pronto se hicieron evidentes provocaron fisuras al interior de las estructuras criminales que, a su vez, estancaron algunos diálogos y rompieron completamente otros.
De las 10 mesas de paz que abrió el presidente Petro, siete se mantienen activas en el papel, pero solo una, la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sigue en firme y con avances tangibles. El que se esperaba que fuera el proceso estrella de esa política, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), entró en fases de letargo y ciclos de violencia que desembocaron en su suspensión. Tras varios ataques armados contra civiles y fuerza pública, además de desencuentros por una negociación paralela con otros frentes de esa guerrilla que se agruparon bajo el nombre “Comuneros del Sur”, el grupo armado y el gobierno no pudieron llegar a un punto de acuerdo y la mesa se rompió en septiembre de 2024.
En ese contexto, los grupos armados sentados en las mesas de diálogo comenzaron a mutar. Fue el caso de las disidencias de las antiguas Farc. Inicialmente ese tablero se abrió con el Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”. Sin embargo, episodios de violencia en territorios del Cauca y Valle del Cauca provocaron rupturas en la mesa de “Mordisco” que derivaron en una nueva mesa de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), al mando de alias “Calarcá”. Con esa estructura, el proceso sigue activo, aunque con asomos de crisis por recientes revelaciones en medios de comunicación sobre beneficios del gobierno que habrían permitido su expansión territorial, como filtraciones de información para evitar controles militares, así como ofrecimientos para suspender ofensivas. Ese fenómeno se habría replicado con otros grupos armados ilegales que se consolidaron al tiempo en que negociaban con el gobierno.
Por ejemplo, un informe de Noticias Caracol reveló cómo, por medio de chats, cartas, fotos, correos, documentos internos y confidenciales de la Fuerza Pública, la disidencia de “Calarcá” habría podido esquivar controles y emboscadas del Ejército. Otro informe de ese mismo noticiero reveló audios de una reunión de septiembre de 2022 en la que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría ofrecido frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia del Clan del Golfo, la organización criminal más grande y poderosa del país.
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Para el caso de la Segunda Marquetalia, disidencia al mando de “Iván Márquez”, la mesa también fracasó luego de una fisura interna tras buscar acordar una agenda de diálogo. Fue así como varios frentes se apartaron de esa disidencia y se agruparon bajo el nombre Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando de alias “Walter Mendoza”, para continuar con la negociación con el gobierno. Es precisamente en esa mesa donde se han registrado mayores avances hasta la fecha como el lanzamiento de un plan piloto para sustituir 30.000 hectáreas de cultivos de coca en Nariño y Putumayo, la destrucción de material de guerra, así como el traslado de un centenar de sus combatientes a una zona de ubicación temporal.
La política de paz total, además de la negociación política, tuvo un brazo apuntando al sometimiento. El punto de quiebre fue que para ese tipo de conversaciones que se llamaron Espacios de Diálogo Sociojurídico no se alcanzó a conformar, precisamente, un marco jurídico. Esa fue precisamente la gran deuda y el gran reclamo en espacios con las bandas criminales en Medellín, Buenaventura y Quibdó. Si bien se lograron acuerdos para frenar la extorsión y la firma de algunas treguas, esas mesas urbanas terminaron estancadas y con pocos avances tangibles. Este también fue el escenario con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como “Los Pachenca”, grupos residuales del paramilitarismo. Aunque se instalaron espacios, no hubo una ruta hacia el sometimiento.
Entre diálogos, negociaciones y fracturas internas, los grupos armados ilegales, bajo la mesa, se expandieron y consolidaron su poder territorial. Así ha quedado evidenciado en informes de investigadores que se han dedicado a analizar la paz total a lo largo de los últimos cuatro años. Según la Fundación Ideas para la Paz, el número de integrantes en las filas de las estructuras criminales aumentó considerablemente entre 2024 y 2025. En detalle, el Clan del Golfo, el grupo con mayor crecimiento, pasó de 7.551 combatientes a 9.840, un aumento del 30 %. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano cerró el 2025 con un total de 2.089 integrantes, creciendo el 25 %. La disidencia de alias “Calarcá”, Estado Mayor de Bloques y Frente, tuvo un aumento del 22 % en sus filas con 2.958 integrantes. El Eln se mantuvo en un crecimiento del 9 % con 6.810 combatientes.
Un reciente informe de la Fundación Conflict Responses (Core) sobre la expansión del poder armado en el país, señala que todos los grupos armados organizados se fortalecieron entre 2018 y 2025 en aspectos militares, económicos y políticos. Asimismo, su expansión en el territorio ha sido evidente. El Eln tiene presencia en más de 219 municipios, el Embf en 113 municipios, la Cneb en 42 y el Clan del Golfo en 292 municipios del país. Precisamente, el Clan del Golfo es el grupo criminal con mayor fortalecimiento en todos los campos debido a las estrategias que han implementado. En cuanto a la estrategia militar, la estructura ilegal combina la autorregulación en la violencia para ganar tolerancia, como la reducción de homicidios, mientras que implementa ataques intermitentes a la fuerza pública, como el plan pistola.
En esas dinámicas, los impactos humanitarios han sido evidentes. Según la FIP el desplazamiento forzado aumentó en un 85 %, el confinamiento en un 12 %, así como el secuestro en un 113 % a 2025. Para la Fundación CORE “el fortalecimiento de los grupos armados no puede explicarse únicamente por la paz total. Los gobiernos de Duque y de Petro fueron incapaces de frenar el fortalecimiento de los Grupos Armados Organizados con políticas de seguridad insuficientes”. Para Gerson Arias, investigador de la FIP, los errores de visión, diseño, método y ejecución de la paz total influyeron en la expansión y consolidación de los grupos armados ilegales.
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“La decisión de generar un proceso de desescalamiento prematuro, con la suspensión de bombardeos, unos ceses al fuego a cambio de muy poco, y la firma de unos acuerdos parciales mientras seguían en armas, generaron incentivos para los grupos en materia de ampliar sus áreas de influencia, incrementar su nivel de reclutamiento y fortalecer sus finanzas”, explicó Arias. Y agregó: “Al no establecer mecanismos de articulación y coordinación mínimas se dio una ventaja estratégica a los grupos y los escenarios de confrontaciones se incrementaron, trayendo consigo un impacto humanitario muy fuerte”.
Arias señala que el país pasó de tener 15.210 integrantes de grupos criminales (entre integrantes armados y redes de apoyo o milicias) en 2022, a cerca de 29.000 en 2026; es decir, los armados casi duplicaron su número de integrantes. Así mismo la influencia de estas estructuras pasó de 300 municipios en 2022 a 646 en 2025. Los casos más preocupantes son los del Clan del Golfo y las disidencias. De igual manera, en términos de zonas de disputas, en 2022 había siete y actualmente hay al menos 14, que generan varios retos e impactos humanitarios y en materia de seguridad.
Al análisis sobre el deterioro de la paz se le suma un ingrediente clave: la implementación del Acuerdo de La Habana de 2016. Según el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, ese compromiso siguió registrando un progreso gradual, pero desigual. Los retos para el cumplimiento de puntos claves como la reforma rural integral y la reincorporación reflejan limitaciones persistentes en materia de presencia del Estado, coordinación institucional y seguridad en las zonas afectadas por el conflicto. “El panorama de la seguridad siguió viéndose moldeado por la evolución de la dinámica del conflicto, con actos de violencia localizada y de rivalidad entre grupos armados que causan daños a comunidades, líderes sociales y excombatientes”, resalta el informe.
Esa crisis de seguridad se debe en gran medida a las disputas por el territorio y las economías ilícitas. Si bien el Acuerdo Final de Paz tiene un marco integral para abordar los retos esperados en el marco del conflicto armado, la ONU reconoce que la implementación de estas medidas siguió enfrentando obstáculos estructurales, entre los cuales destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las políticas de paz, seguridad y desarrollo, así como entre las autoridades a nivel nacional y local.
Lo cierto es que, en medio del difícil panorama que surgió a raíz de la paz total, el mando del país da un timonazo hacia la derecha que encarna Abelardo de la Espriella. Sobre la mesa se mantiene la incertidumbre de lo que depare para la paz en los próximos cuatro años, pues desde el minuto uno, el presidente electo aseguró que el enfoque se volcará por completo hacia la seguridad y ya anunció que todas las oficinas de paz se eliminarán o se trasladarán hacia el sector Defensa.
Tanto Gloria Cuartas, actual directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, como Juanita Goebertus de Human Right Watch, ven con preocupación el futuro de la paz. “Cualquier movimiento, diferente a avanzar con la implementación, puede ser un grave incumplimiento al Acuerdo y a los compromisos internacionales que tiene Colombia al respecto”, sostuvo Cuartas. Por su parte, Goebertus, señaló que existe una “obligación que está dentro de la Constitución colombiana de cumplir de buena fe, por parte de todas las instituciones, el Acuerdo. Colombia ya vivió la experiencia bajo el gobierno Duque del tiempo perdido en un debate político sobre si se debía avanzar o no en su implementación. Sería fundamental que este gobierno priorice la recuperación de las condiciones de seguridad con un énfasis en la protección de la población”.
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Sin embargo, Goebertus también resaltó que “sin duda en los últimos años hubo avances muy importantes por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que imputó y condenó como criminales de guerra y de lesa humanidad tanto a los máximos responsables de las antiguas Farc, como a exmiembros del Ejército”.
De la Espriella recibe un país que enfrenta una crisis de seguridad importante, en donde las comunidades, las víctimas del conflicto armado y en general la población civil, se llevan la peor parte y siguen soportando las consecuencias de la guerra, que, durante estos últimos cuatro años no disminuyó como lo prometió el presidente Gustavo Petro.
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