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Durante el debate en Plenaria de Cámara de Representantes sobre el proyecto para prorrogar y modificar la ley 418 y ley de orden público, nuevamente fue protagonista una proposición que buscaba que el Gobierno no quedara habilitado para dialogar con desertores del Acuerdo de Paz de 2016.
Se trató de una propuesta del representante liberal Julio César Triana, que quería incluir un parágrafo al artículo quinto de la ley de “paz total”, en donde quedara como claridad que “no se podrá conceder ningún tipo de beneficio legal o socioeconómico, como resultado de procesos de negociaciones o diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz con los denominados como desertores”, decía.
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Una proposición en ese mismo sentido fue hecha el lunes por el senador Humberto de la Calle: según él, en defensa del Acuerdo de Paz de 2016, pues no quería que el Gobierno Petro pudiera hacer negociaciones con disidentes de las FARC-EP, que ya habían tenido su oportunidad al hacer parte de ese diálogo en La Habana.
Ambas proposiciones fueron negadas en sus respectivas cámaras, pues, las plenarias las votaron negativamente. Igualmente, el Congreso le dijo “no” a la creación de un nuevo artículo que proponía el Centro Democrático para también impedir diálogos con personajes como Iván Márquez, líder de conocida como Segunda Marquetalia.
Así las cosas, el Gobierno actual quedará habilitado para dialogar con las disidencias: una decisión que lamentó la oposición pero que celebró el Gobierno. “O se le da el tratamiento político a un grupo o se le da tratamiento de sometimiento a la justicia: no hay punto medio”, dijo el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático).
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