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Este martes 18 de julio arrancaron formalmente las conversaciones entre el Gobierno y las bandas criminales Shottas y Espartanos de Buenaventura. A través de un acto simbólico de instalación de la mesa, llevado a cabo en la Casa de Encuentros Heriberto Correa Yepes (Bagnoregio), seis delegados de las bandas criminales formalizaron su voluntad de paz ante el comisionado Danilo Rueda y otros nueve representantes del Gobierno para la negociación.
Al lugar llegaron cuatro mandos altos de Los Shottas y dos delegados de Los Espartanos, sin embargo, vía streaming se conectaron otros integrantes desde la cárcel de Palmira, que también entrarían al proceso. Una fuente cercana a los diálogos, le confirmó a El Espectador que, aunque no hay un marco jurídico vigente para negociar, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está basando estas conversaciones en la Ley 2272, que le da facultades al Gobierno de avanzar en procesos de paz que busquen desescalar la violencia. Uno de los puntos que buscan posicionar en la agenda es de la violencia policial contra los jóvenes de Buenaventura.
Si bien este escenario es distinto a un proceso de paz con grupos armados políticos, como el ELN o las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, las bandas criminales de Buenaventura no son un asunto menor: entre las dos sumarían unos 1.700 integrantes que ahora buscan avanzar en un proceso de sometimiento a la justicia, que todavía no está claro porque debe ser radicada nuevamente en el Congreso hasta buscar su aprobación.
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Una de las claridades que hicieron varios delegados del Gobierno en la instalación es que los autodenominados “Los Chiquillos” o “Los Roberts”, que en algún momento querían posicionarse como una tercera banda criminal en el Puerto, no son precisamente una banda, sino que serían más bien un “combo”. Es decir, un grupo con control territorial mínimo que está adherido a Los Espartanos, como uno de sus apéndices. Fuentes cercanas al proceso de diálogo confirmaron que bajo esa figura, la de “combo”, podrían entrar al proceso de diálogo al hacer parte de los mismos Espartanos.
Sin embargo, su origen es mucho más antiguo. Dennis Huffington, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), le dijo a El Espectador que Los Chiquillos son un brazo armado de lo que hasta 2017 fue La Empresa, una banda criminal que hasta ese momento se disputaba territorio con La Local, pero que fue desmantelada con la captura de Robert Daniel Quintana, conocido como Robert, máximo cabecilla de esa organización.
El proceso de acercamiento con las bandas criminales no es nuevo ni es de este Gobierno. En realidad, comenzó con la suma de voluntades de la sociedad civil por lograr sentar a los mandos máximos en un proceso de negociación que inició en 2019 con monseñor Rubén Darío Jaramillo y otros líderes y lideresas sociales de Buenaventura. A partir de allí, el comisionado Danilo Rueda habría trabajado sobre los avances y le dio formalidad a las conversaciones como representante del Gobierno. De hecho, una de las acciones más visibles de esa intervención fue la tregua que hubo en octubre de 2022 y en la que se redujeron las muertes violentas en más de un 80 % durante tres meses.
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¿Quiénes son Los Shottas y Los Espartanos?
A finales de 2019 fue capturado Diego Fernando Bustamente Segura, conocido como “Diego Optra”, el líder máximo de la banda criminal La Local, que para la época era el grupo armado urbano más sólido y numeroso del Distrito. Con su captura, los mandos medios que quedaron a cargo de La Local comenzaron a tener disputas internas hasta que a finales de 2021 se fragmentaron como Los Shottas y Los Espartanos y pasaron de ser aliados a ser enemigos. Según Human Rights Watch, la confrontación gruesa entre estos dos grupos inició con pequeñas riñas en los barrios Juan XXIII, San Luis y Bellavista.
Eso se transformó en enfrentamientos armados en las que establecieron arbitrariamente fronteras invisibles, control de rentas locales, extorsiones a la ciudadanía y asesinatos selectivos. El hilo conductor de su guerra fue y siempre ha sido el narcotráfico a nivel local y sus conexiones para llevar droga por el Pacífico, que está a sus pies.
Estas dos bandas son las grandes herederas de esa organización en esta zona del Pacífico medio colombiano, aunque no por ello los únicos actores del conflicto. Otros grupos pequeños, que en jerarquía responden a esas estructuras, también aportan en las disputas por el territorio, como justamente Los Chiquillos, que se ubicaron en la Comuna 12 de Buenaventura, pero que son un brazo de Los Espartanos en esa zona de la ciudad.
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Las acciones y poderío de Shottas y Espartanos calaron en los barrios populares donde han organizado -y ejecutado- un conflicto sin cuartel. Las comunas 7, 8, 10, 11 y 12 se han llevado la peor parte de los enfrentamientos. Quizás por ello, el Gobierno empezó hace nueves meses allí lo que en su momento denominó como el “primer laboratorio de paz urbano”, que entre altos y bajos logró este martes la instalación de una mesa de diálogos.
Según la Policía Nacional, en los últimos seis años, 626 personas han sido asesinadas en Buenaventura como consecuencia de la guerra urbana. Ese indicador, de acuerdo con información de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- dejó una tasa (con corte a septiembre de 2022) de 61,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra que para ponerla en contexto es cercana a la que tenía El Salvador en los días más violentos de su guerra civil.
El Gobierno Nacional, dentro de su política de Paz Total, lleva más de nueve meses teniendo acercamientos con las dos grandes bandas de Buenaventura. El 7 de diciembre de 2022 se firmó una tregua de no agresión que se ha incumplido a lo largo de 2023 y que ha dejado indicadores poco alentadores, especialmente en mayo, cuando fueron registrados 23 enfrentamientos, confrontaciones entre Shottas y Espartanos en San Luis, Bellavista y Juan XXIII, justo en las zonas donde arrancó todo.
Shottas y Espartanos absorbieron a las bandas pequeñas
El 3 de julio de 2023, un video circuló por redes sociales alertando una nueva fase de la guerra en Buenaventura. Un grupo de muchachos pertenecientes a una banda autodenominada ‘Jalisco Nueva Generación’ amenazó con generar violencia si los “externos no se iban de su territorio”.
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En distintos sectores se creyó que era la llegada del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos armados y de narcotráfico más grandes de México, pero fueron las mismas semanas las que arrojaron la verdad sobre la identidad de estas personas.
Dennis Huffington, investigador de Pares, aseguró que el grupo Jalisco Nueva Generación es también una subdivisión de La Empresa, la misma banda criminal de la que se habrían desprendido Los Chiquillos. “Desde 2018 han tenido presencia en el oriente de Buenaventura, donde han controlado algunos barrios y el control del microtráfico. Sin embargo, lejos de las especulaciones, Los Jalisco surgieron de La Empresa… y son como una especie de disidencia de Los Chiquillos. Antes eran los mismos y ahora se pelean por el territorio”, agregó.
Según el investigador, cotejando información con las autoridades en el Puerto, en el último año los integrantes de la banda Los Chiquillos se aliaron con Los Espartanos, mientras que Los Jalisco se unieron con Los Shottas para perpetuar el conflicto y robustecer sus grupos.
Sin embargo, el investigador precisó que la población en Buenaventura no distingue a Los Jalisco ni a Los Chiquillos, sino que más bien los tiene referenciados como parte de Los Shottas y Los Espartanos, por lo que la guerra entre bandas criminales seguiría teniendo dos grandes protagonistas, que son justamente los que están sentados con el Gobierno para dialogar.
Los delegados del Gobierno para adelantar este proceso con los máximos líderes de las dos bandas son los congresistas Alexánder López Maya y Alejandro Ocampo, ambos oriundos de Cali y cercanos a las problemáticas del Pacífico. También está la concejal de Buenaventura Lucila Martínez Montaño. Por parte del sector empresarial, los representantes son Miladys Garcés Arboleda, administradora de empresas de la Universidad del Valle y actual presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura y Víctor Julio Gonzáles Riascos, director ejecutivo del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura.
Otro de los delegados es Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar. Los dos académicos que también acompañarán este proceso son Joaquín Garzón, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y Jesús Alfonso Flórez, decano de la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. Por las juventudes está William Mina, sociólogo especialista en Humanismo Social.
Con esos nombres sobre la mesa, el Gobierno busca que el “primer laboratorio de paz urbano”, que es como bautizaron a Buenaventura, dé sus primeros resultados. Allí inicia hoy una negociación para ponerle fin a una guerra que en este mes de julio no ha dado tregua en las comunas 10, 13, 15 y 16, en los barrios Vergel, El Retiro y Antonio Nariño, las más afectadas por los enfrentamientos.
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