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Colombia lleva tres gobiernos cocinando la política pública LGBTI y aún no está lista. Las razones son de vieja data. La administración de Álvaro Uribe, en su última etapa, se vio en la necesidad de iniciar su construcción, luego de que un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demostrara las violencias que sufría la población diversa. Luego, en el gobierno de Juan Manuel Santos se logró un avance más. Antes de que se acabara su mandato sancionó el decreto que creaba esta política pública. Ahora, el presidente Iván Duque debía reglamentarla. No obstante, han pasado dos desde que llegó a la casa de Nariño y no se ha implementado efectivamente.
¿Qué ha pasado? Una vez expedido el decreto 762 de 2018, que le daba vida a dicha política, el Gobierno disponía de seis meses para ponerla en práctica, pasar del papel a la acción real. El documento, además, establecía que su reglamentación debía realizarse de la mano con la ciudadanía. Imperaba que hubiera participación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otros, por algo obvio: son ellos los que conocen ciertamente qué necesidades tienen y qué falta para garantizar sus derechos. “El objetivo está encaminado a establecer y producir condiciones para que la igualdad sea efectiva y real, mediante medidas a favor de sectores sociales LGBTI, históricamente discriminadas y marginadas”, dice el documento.
A pesar de ese mandato, varias organizaciones sociales argumentan que ha faltado verdadera voluntad política para materializar este asunto institucional, pero que es supremamente importante para la población diversa. La existencia de una política pública los visibiliza y permite que haya datos e información a disposición del Gobierno para aplicar un enfoque diferencial en la prestación de servicios sociales y públicos. Por la falta de está, la fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, interpusieron una tutela en contra del Ministerio del Interior, entidad encargada de poner en marcha la política pública.
Lo hicieron al considerar que la cartera de la política “había omitido la obligación contenida en el decreto, de conformar un grupo técnico y un plan de acción para el goce efectivo de los derechos LGBTI”, comunicaron ambas organizaciones. El fallo, a favor de los demandantes, dio a la entidad 48 horas para presentar el plan de acción y los demás mecanismos para reglamentar la política pública. Cosa que hizo el Ministerio: “Procedió a realizar el ajuste del borrador del reglamento de funcionamiento y a su remisión a las entidades que hacen parte del grupo técnico para su aprobación”, fue la respuesta oficial entregada el 3 de julio al juez octavo administrativo del circuito de Bogotá.
Tanto esta réplica como la socialización de la política pública LGBTI que ha hecho el Ministerio, resultaron insuficientes para la GAAT y Caribe Afirmativo. Arguyen que la entidad no está cumpliendo efectivamente. “Esta política pública nace en unas condiciones bastante complejas. Sin avances por dos años, el Ministerio hace el plan de acción por orden de una tutela. Lo preocupante es que se construye en 48 horas, de forma exprés, sin invitar a la sociedad civil a participar y solo para responder al llamado judicial”, dijo Laura Frida Weinstein, directora de la GAAT.
La directora agregó: «El anterior director de derechos humanos del Ministerio decía que ya estaba listo, que solo faltaba socializarlo y eso nunca se dio. A partir de esta sentencia, se busca el plan de acción pero se hace sin involucrar a la sociedad civil y ahora hacen una estrategia para involucrarla. Eso termina siendo una cosa muy vacía. Si desde el principio no tuvieron en cuenta nuestra voz, es muy difícil ahora involucrarla, no sé cómo podrá ser esa participación».
Por su lado, Caribe Afirmativo, expresó las preocupaciones que dejó la socialización de la política pública, realizada el pasado 6 de noviembre por medio de Youtube. “No hubo participación de las organizaciones sociales. Nos invitaron a que nos conectáramos a la transmisión en Youtube, mandamos preguntas por ese medio, pero no se nos contestó”, contó. En ese sentido, explicó que aunque la ministra del Interior, Alicia Arango, dio un discurso de transformación social, las acciones que propone su cartera las consideran de muy corto alcance.
“Sus acciones estratégicas cuentan con indicadores de resultados, de cumplimiento, pero no miden el impacto de la política pública. El segundo es importante porque te permite evaluar si verdaderamente lo que estás implementado está cambiando realidades y paradigmas. Entonces la pregunta es: ¿esto está funcionando?”, concluyó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
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