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El pasado 2 de julio se publicó el decreto 1085 de 2023 que aterrizó algunas de las promesas que el presidente Gustavo Petro hizo para La Guajira y que declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento por un periodo de 30 días.
Al respecto, la Casa de Nariño anunció que Petro acudirá el próximo viernes 11 de agosto a una audiencia convocada por la Corte Constitucional para explicar las razones para por las que se expidió ese decreto y se declaró la emergencia.
De acuerdo con el Gobierno, la situación de crisis en La Guajira se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos vitales, como consecuencia de la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático –agravados en los climas desérticos–, y los problemas energéticos por falta de infraestructura.
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“Creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia porque se avecina una calamidad pública. Las instituciones dedicadas a ese menester nos hablan, con cada vez mayores probabilidades, de la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”, afirmó el presidente el pasado 29 de junio en Riohacha, capital del departamento, donde despachó durante la semana en compañía del Gabinete Ministerial.
Según La Casa de Nariño, las medidas excepcionales buscarán garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en La Guajira, mediante la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios, y titulación de tierras.
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La audiencia será el viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y fue citada por solicitud de la Presidencia de la República y será presidida por la magistrada ponente, Natalia Ángel Cabo. La sesión incluye la participación de a los representantes de las entidades públicas, miembros de la sociedad civil y expertos en materia de cambio climático.
También intervendrán representantes de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayú, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre otros.
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