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El Gobierno de Gustavo Petro está decidido a acelerar la reforma agraria a través de todas las formas posibles para que antes de que se acabe su periodo en la Casa de Nariño haya resultados tangibles que mostrar. Y es por eso que, según confirmó este diario, se determinó impulsar dos nuevos frentes para darle viabilidad inmediata a ese propósito justo cuando el país se alista a conmemorar el octavo aniversario de la firma del pacto de La Habana con las extintas FARC.
Por un lado, logró convencer al Congreso para que esta semana comenzaran las audiencias en torno a la reglamentación de la jurisdicción agraria, que cuenta con menos de un mes para no hundirse. Y –por el otro– el Ministerio de Agricultura delineó un borrador de decreto con el que pretende acelerar la compra de predios de forma directa a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Este último aspecto es el más novedoso y con el cual, ante la posibilidad de que el Legislativo ralentice sus propósitos, el Gobierno despliega sus facultades constitucionales para legislar vía decreto. Por eso, de acuerdo con el documento conocido en su integridad por El Espectador, se plantean desde la reducción de tiempos para las negociaciones directas de tierras hasta la forma en que se establecen los avalúos de los predios independiente de si hacen parte de los procesos de compra o de expropiación legal.
“Es una prioridad de la política pública del Gobierno Nacional facilitar el acceso a tierras de los sujetos de especial protección constitucional, por lo que resulta oportuno reglamentar lo necesario para agilizar el mecanismo de compra pública por oferta voluntaria para el Fondo Nacional de Tierras”, quedó establecido en las justificaciones del borrador de decreto.
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Para materializar ese objetivo, según los documentos oficiales, se quiere implementar un mecanismo para que la compra de tierras voluntarias se reduzca de siete a solo dos meses.
La ruta establecida contempla que el tiempo de vigencia de una oferta para comprar un predio sea de 10 días hábiles; luego, se le da el mismo lapso al propietario para que rechace o acepte la propuesta. Si se hacen observaciones a los procesos, la ANT tendrá seis días para resolverlas. Además, de acuerdo con el borrador de decreto, si todo esto se acepta, la escritura pública deberá perfeccionarse, máximo, en cinco días hábiles. Al hacer las cuentas, serían alrededor de 44 días.
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También se busca dejar claro que si no hay respuestas a las propuestas del Gobierno, se pueden entender como rechazadas y eso daría pie a la implementación de los otros instrumentos legales –con la expropiación incluida si se hace necesaria– para la adquisición de los predios o, incluso, para poderlos declarar como “de interés social y utilidad pública”.
“La propuesta de adquisición por negociación directa bajo avalúo de referencia deberá ser aceptada o rechazada no podrá ser declinada proponiendo alternativas de negociación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Si el término transcurre en silencio, se entenderá como rechazada la propuesta”, quedó establecido en parte del articulado que está abierto a comentarios públicos por al menos dos semanas.
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Ya a comienzos de octubre, como lo reveló en su momento El Espectador, la cartera de Agricultura había publicado un documento similar sobre cómo acelerar la reforma.
Sobre el nuevo documento que ahora revela este diario, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que la intención es “darle mayores herramientas a la ANT para viabilizar el proceso de compra por oferta voluntaria; teníamos unos términos extensos”. Y agregó que la intención es poder dar respuesta con mayor celeridad a “muchos propietarios que han hecho ofertas por sus tierras”.
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El interés de acelerar estas adquisiciones se enmarca en la ambiciosa meta de obtener 3 millones de hectáreas, que fue lo que prometió el presidente Petro para resarcir la inequidad rural.
A corte del pasado 31 de octubre, y de acuerdo con el contador oficial del Ministerio de Agricultura para la reforma agraria, el Gobierno ha gestionado 353.668 hectáreas para el Fondo de Tierras. Además, ha dispuesto otras 1,44 millones de hectáreas, a través de vías como financiación y entrega en cumplimiento de fallos judiciales.
El factor Congreso
Pero aquí no para la estrategia oficialista. En efecto, esta semana el Ejecutivo hizo uso del mensaje de urgencia que radicó para la reglamentación de la jurisdicción agraria y las comisiones primeras de Cámara y Senado se reunieron de forma conjunta para analizar el contenido de la iniciativa; y este miércoles varios legisladores, como Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), Paloma Valencia (Centro Democrático) y, entre otros, Julián Gallo (Comunes) se citaron para seguir buscando alternativas. Además, quedó claro que si no se logra sacar antes del 16 de diciembre próximo, habría extras para culminar su trámite.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “este es un proyecto fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz, que ha tenido suficiente concertación y debate durante dos meses”. Además, mostró el optimismo del Gobierno, que espera que para 2025 se nombren los primeros jueces agrarios.
Se trata de un objetivo que también manifestó la ministra Carvajalino. “Quisiéramos tener en el próximo año la designación de jueces y tribunales agrarios en la implementación”, precisó.
A esto hay que sumarle que, al consultar al Gobierno y a los legisladores progresistas, hay un acuerdo en que es más lo acordado que lo que está en discusión. “No hay oposición al proyecto, solo unos debates puntuales”, dijo uno de ellos. Y, para sustentar esto, agregó que ya poco se agita la tesis de que la jurisdicción agraria reviviría la llamada expropiación exprés, que tumbó la Corte Constitucional del Plan Nacional de Desarrollos (PND).
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“Eso es un coco que no tiene justificación, porque el articulado no habla de expropiación”, aseguró Gabriel Becerra, coordinador ponente del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara.
Sin embargo, el camino no está allanado del todo. Prueba de ello es la disimilitud de versiones que dan Carlos Alberto Benavides (codirector del Polo Democrático) y el senador Motoa de Cambio. Mientras que el primero aseguró que de los 80 artículos del proyecto de ley ya hay consenso en alrededor de 75, el segundo señaló que “hay unas líneas muy difíciles de conciliar”.
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Las principales diferencias son de corte jurídico, por la naturaleza misma de la propuesta. Uno de ellos tiene que ver con los principios que regirán a la jurisdicción agraria y el otro con las competencias de los jueces. No obstante, más allá de la filigrana, el reto está en que el Gobierno consiga conciliar las diferencias.
En todo caso, la instrucción de Petro es hundir el acelerador a fondo para implementar administrativa y políticamente la reforma agraria, un asunto que es parte fundamental del núcleo del progresismo y que la izquierda defiende desde hace varias décadas.
Este es el borrador de decreto que trabaja el Gobierno de Petro:
Esta es la justificación del borrador de decreto:
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