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A falta de un año y cuatro meses para que termine el actual cuatrienio del Congreso, el gobierno del presidente Gustavo Petro renunció a pedir la venia de esa corporación para tramitar su programa de gobierno y desplegó una estrategia en dos frentes para saltarse ese poder, mostrar resultados y, de paso, afianzar sus apuestas en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
La movida se viene fraguando desde hace dos semanas, cuando el mandatario, ante la inminente derrota de su reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, anunció una “ruptura” con el Legislativo. Desde entonces, la Casa de Nariño ha impartido instrucciones a los funcionarios del Ejecutivo y a la bancada oficialista en el Congreso para que asuman nuevos roles en el último tercio de la administración. Ellos, por su parte, entendieron el mensaje y hoy aseguran que no hay vuelta atrás y que ya no es momento para hablar de “acuerdo nacional” y ni siquiera de negociaciones con los partidos para impulsar las iniciativas.
“El gobierno tiene derecho a explorar mecanismos cuando nota que ya hay un divorcio completamente sellado con el Congreso. Por todos los medios ha tratado de pasar las reformas; presentó la reforma a la salud y se la negaron, la volvió a presentar, pasó en Cámara, pero como va para la Comisión Séptima, es fácil deducir que también la van a hundir”, dijo Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, en entrevista con El Espectador.
De acuerdo con el funcionario, el presidente es claro en afirmarle a todo su equipo que no pueden gastarse los cuatro años del gobierno en intentar convencer a un puñado de congresistas y luego, cuando finalmente las mayorías no cedan, decirles a los colombianos que no pudieron implementar los cambios, en parte porque eso también condiciona la apuesta de extender una visión de país más allá de 2026.
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Son dos, básicamente, los mecanismos o fórmulas a las que hace referencia Bolívar, ambas relacionadas con los nuevos retos de los alfiles del petrismo. En primer lugar está la consulta popular anunciada hace 15 días por el presidente, con la cual busca que al menos 13 millones de colombianos se pronuncien en las urnas sobre los cambios que ha planteado en materia laboral. De hecho, es el jefe de Estado quien ha liderado este proceso, junto a sus ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y del Interior, Armando Benedetti.
El cambio de rol de este último es una de las muestras del giro en la estrategia política del Ejecutivo. Aunque no se ha cumplido el primer mes del decreto que lo oficializó como el puente entre la Casa de Nariño y el Capitolio, Benedetti ya no está enfocado en su tarea inicial: rearmar una suerte de coalición oficialista, sino que se dedicó de lleno al trámite de la consulta.
“Ya escogimos 11 temas, entre los que están los cambios en la jornada laboral, ahora hay que buscar una redacción más facilista; también se ha pensado en abrir una convocatoria digital para que la gente exprese sus principales problemas en el ámbito laboral e incluir esas preguntas en la consulta”, aseguró este martes el jefe de la cartera política, quien agregó que esperan que a mediados de abril esté todo listo para pasar a la plenaria del Senado y luego convocar la jornada de votaciones.
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A esto se suma que, según conoció El Espectador, el presidente Petro y su funcionarios más cercanos lanzarán la próxima semana la campaña por el sí a la consulta, muy probablemente en un municipio del Caribe, región en la que el presidente Petro ha reforzado su presencia. Por otra parte, desde la oposición y sectores independientes ya se mueven para impulsar el no y el abstencionismo.
Así las cosas, los diálogos de Benedetti se han limitado a los trámites de proyectos que han logrado generar ciertos consensos, como la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, por la cual se reunió este martes con los ponentes de la iniciativa de Cámara y Senado. A dicho articulado le faltan sus dos debates finales en las plenarias, lo que no es un dato menor, pues, por un lado, el Gobierno ha demostrado control de la Cámara, pero, por el otro, aún tiene pendiente medir el estado de sus fuerzas en el Senado.
Y es que esa votación de la Jurisdicción Agraria será un termómetro para la consulta popular, ya que la plenaria del Senado es la encargada de darle un visto bueno o no a las motivaciones y preguntas de la consulta popular. Petro y Benedetti necesitan 53 votos en esa célula, aunque algunas voces interpretan que el reglamento no define el tipo de mayorías, por lo cual el Ejecutivo podría lograr una victoria con los votos de la mitad más uno de los senadores que asistan ese día a la sesión.
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Más allá de los diálogos con cada bancada, el ministro Benedetti plantea presionar a los 105 senadores con el discurso de la democracia y los reclamos del pueblo en materia laboral: “yo quisiera ver quién en el Senado se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley”. La estrategia sería la misma que se ha empleado desde el oficialismo para cuestionar a los ocho integrantes de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral y podrían hacer lo mismo con la de la salud.
Este mismo martes, el presidente Petro confirmó, en un consejo de ministros que retransmitió hoy miércoles, que irán a fondo por la vía de la consulta popular, pero que también usarán todos los mecanismos administrativos a la mano. Esto implica emitir una serie de decretos en materia laboral y de salud para poner en marcha la mayor cantidad de cambios posibles planteados en la reforma. El anuncio fue, de alguna manera, la anticipación de otra derrota en el Senado.
“Si van a tumbar la ley, esto no es una amenaza, nosotros tenemos que aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo; yo no voy a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decreto hasta donde podemos salvar lo salvable y lo demás se liquida”, dijo ante su gabinete.
Esa mención a una liquidación levantó ampolla en la oposición, desde donde aseguran que el presidente quiere desmontar el actual sistema de salud aun cuando esa meta implique desfinanciar a las entidades prestadoras de los servicios. “Presidente, cumplir la ley no es liquidar EPS, es pagar lo que vale la salud de los colombianos. Las está llevando a la insolvencia y, mientras tanto, la gente muere sin medicamentos ni atención”, le respondió la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Con este panorama en el que el Gobierno considera que se agotó el tiempo para las vías tradicionales y en el que el Congreso mantiene sus reparos, ambos en parte atravesados por los intereses electorales para el 2026, se avecina un debate político que cambiará de escenarios para pasar a las calles y las redes, lo que muy seguramente también escalará el tono de la confrontación y la polarización.
Este miércoles incluso volvieron a chocar el presidente Petro y el conservador Efraín Cepeda, cabeza del Senado, por la visita de este último, junto con otro grupo de congresistas, a Estados Unidos para reunirse con congresistas republicanos. A través de su cuenta en X, el jefe de Estado publicó una foto en la que aparecen los senadores Cepeda, Honorio Henríquez (Centro Democrático), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Berenice Bedoya) y la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). “Que quede en la memoria de todo(a)s los colombianos. Estos congresistas fueron a buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia”, dijo.
Cepeda, a su turno, le respondió usando expresiones similares: “Que quede en la memoria de todos los colombianos que estos congresistas tuvieron que salir a pedir garantías ante un Gobierno que busca desconocer permanentemente la separación de poderes, que ultraja a los congresistas que no obedecen las imposiciones del Gobierno y que vive exponiendo la seguridad de los que no están de acuerdo con él al descalificarlos y tratarlos de criminales”.
La próxima semana, cuando la Comisión Séptima del Senado inicie la discusión de la reforma laboral, se terminará de marcar el rumbo del choque entre ambos poderes y, en buena medida, el de la campaña electoral.
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