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El mismo día en que el presidente Gustavo Petro conmemora sus dos primeros años en el poder y le da el pistoletazo de partida a los 730 días que le restan como jefe de Estado, la Fiscalía tiene previsto pedir cárcel en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla por su responsabilidad en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este –el peor escándalo de corrupción que se ha destapado en lo que lleva la primera administración de izquierda– enredó a varias personas de la entraña misma del mandatario y de su proyecto progresista.
Y hace un año, nueve días antes de su primer 7 de agosto como inquilino de la Casa de Nariño, la Fiscalía de Francisco Barbosa –reemplazado hace cuatro meses por Luz Adriana Camargo– ejecutó una orden de captura contra el primogénito de Petro, Nicolás Petro, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por supuestamente recibir dinero de origen ilícito con destino a la campaña presidencial de su padre, pero que al final se habría quedado en sus bolsillos.
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Estos dos momentos –cargados de ese simbolismo del que tanto hace gala el Ejecutivo para promover su narrativa progresista– escenifican lo que ha sido el turbulento mandato de Petro, un hombre que en su tercer intento logró llegar al solio de Bolívar con 11,2 millones de votos en una apretada segunda vuelta contra el ahora condenado por corrupción Rodolfo Hernández. La razón es que si bien ha tenido logros por destacar en varios frentes, las polémicas que rodean a su administración, y que además suelen estallar en fechas claves como esta, han terminado opacando su labor.
No en vano en la más reciente encuesta de Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, la aprobación del líder del autodenominado “gobierno del cambio” se ubicó en el 34,6 %, mientras que su desaprobación quedó en el 58,3 %. La medición se dio precisamente para medir el pulso del país a propósito de los dos años del actual mandatario en el poder y se realizó entre el 26 y el 29 de julio pasados con 1.200 encuestados en 54 municipios del país, de los que 15 son capitales.
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Si bien estos datos difieren de un sondeo que financió la propia Casa de Nariño hace menos de tres semanas con el Centro Nacional de Consultoría, en el cual la aprobación del jefe de Estado quedó en el 47 % y su desaprobación en el 45,4 % –aunque nunca se reveló la totalidad del estudio ni su ficha técnica–, hay una coincidencia: en ninguna de las dos encuestas logra el respaldo decidido de la mitad de los consultados.
Aunque a lo largo de estos dos años ha intentado varias estrategias para girar a su favor esas tendencias, los resultados no han sido los esperados. De hecho, ha ejecutado tres remezones en su gabinete –con lo que ha tenido al menos 38 ministros y 55 viceministros–, ha usado la calle como mecanismo de presión política a través de marchas constantes y plantones, ha apelado al relato constituyente para promover reformas que se ajusten a su programa de gobierno y que no necesariamente tengan controles en las ramas Judicial y Legislativa, y hasta potenciado la agenda internacional con más de 30 salidas al exterior. Pero no todo sale como busca.
Es más, solo esta última semana ha esquivado meterse públicamente de lleno con la crisis que se desató en Venezuela ante las denuncias de posible fraude electoral que enlodan al régimen de Nicolás Maduro y que tienen sumido a ese país en una ola de violencia interna que puede crecer e impactar con fuerza en Colombia.
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Y no solo por la porosidad de una frontera de más de 2.200 kilómetros con presencia de grupos criminales binacionales y la oleada de migración irregular que podría sobrepasar las capacidades con las que actualmente se atienden a 2,8 millones de ciudadanos venezolanos legalmente registrados en el país –y todo en medio de un incierto panorama económico nacional–, sino también porque la figura de Maduro se está convirtiendo en una especie de lastre para la izquierda democrática latinoamericana, de la que precisamente Petro busca erigirse como líder junto Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Andrés Manuel López Obrador (México).
“El presidente Maduro tiene una gran responsabilidad: recordar el espíritu de (Hugo) Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido”, precisó el mandatario colombiano, quien desde que llegó al poder en 2022 reabrió las fronteras con Venezuela y se ha reunido en ese país en más de cinco ocasiones con el líder del régimen.
Pero Petro llega este miércoles 7 de agosto a sus dos años de Gobierno justo cuando han pasado 10 días de las polémicas presidenciales en Venezuela y la cúpula del Palacio de Miraflores poco o nada ha escuchado a los delegados de la Casa de Nariño. La crisis sigue, promete acrecentarse y golpear la que tal vez es la principal apuesta del mandatario en materia de relaciones exteriores: promover la transición democrática en el país vecino.
“Colombia, como parte activa de la comunidad internacional, seguirá ofreciendo sus buenos oficios para contribuir en el fortalecimiento de la democracia regional”, matizó el canciller Luis Gilberto Murillo.
Además, en estos 24 meses de progresismo como poder político, se han roto las relaciones con Israel por sus acciones en la guerra contra Hamas en Palestina, se ha mantenido una postura ambivalente por la invasión que desató la Rusia de Vladimir Putin sobre Ucrania y se han fortalecido los lazos con China, Irán y otras naciones. Eso sí, pese a las polémicas –que no han sido pocas y generalmente han nacido desde Bogotá–, el principal socio sigue siendo Estados Unidos.
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“No podemos hablar de riesgos. No está peligrando la cooperación de Estados Unidos con Colombia. Todo lo contrario, lo que yo he sentido hasta ahora, y no quiero adelantarme a las votaciones que se darán en el Congreso en su momento, es que se puede ser optimista y que vamos a lograr continuar con esta relación bipartidista”, le dijo a este diario recientemente el embajador en Washington, Daniel García-Peña.
Pero más allá del escenario coyuntural de Venezuela, por donde pasó el polémico Armando Benedetti –actual delegado diplomático de Colombia ante la FAO y procesado administrativamente por posible violencia de género y penalmente por presunto enriquecimiento ilícito–, el jefe de Estado ha tenido otras apuestas a lo largo de estos dos primeros años.
De la coalición a la colisión
Cuando Petro asumió el poder, logró armar una coalición oficialista con el apoyo de los partidos Liberal, Conservador, de La U, Alianza Verde, Pacto Histórico, Comunes y otros, con la cual tuvo mayorías para pasar una reforma tributaria que la Corte Constitucional terminó aterrizando en sus alcances y, además de ciertas reformas, un ajuste a la ley de orden público que le permitió sentar las bases jurídicas para su apuesta de paz total.
Pese a que algunas mesas de diálogo con narcobandas urbanas y grupos criminales rurales se mantienen, que van desde Los Shottas de Buenaventura, pasan por las disidencias de alias Calarcá y siguen con el ELN, resultados concretos no hay aún y tampoco se avizoran en el corto tiempo. Por un lado, las estructuras delincuenciales no han mostrado un compromiso firme de dejar sus actividades ilícitas, y por el otro el Gobierno no logra cohesionar equipos y narrativas para sostener su propuesta política para finalizar las diversas guerras que padece Colombia y por las que tiene más de 250.000 hectáreas de coca tapizando el territorio nacional.
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De hecho, solo este viernes, mientras Petro estaba en regiones antioqueñas como El Aro y Zaragoza, entregando tierras a víctimas del conflicto, en la vereda Gorgona –del municipio de Remedios– estructuras de Clan del Golfo se tomaban ese casco urbano para generar presión a la ciudadanía y demostrar que, según confirmaron fuentes militares, tienen un poder armado con el cual retar al Estado.
Pero volviendo al Capitolio, al que el progresismo también llegó en el 2022 con 20 curules en el Senado y 27 en la Cámara tras obtener más de 2,8 millones de votos bajo el paraguas del Pacto Histórico, la denominada luna de miel con el resto de colectividades terminó fracturándose con rapidez.
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Los trámites de las llamadas reformas sociales, como las de la salud, educación, pensional y laboral –entre otras iniciativas– rompieron los canales de diálogo político y resquebrajaron a la coalición, al punto que varias de ellas se hundieron y la que sobrevivió, que fue la cirugía al sistema de retiros, enfrenta una dura andanada de demandas ante la Corte Constitucional.
Y ahora, con la llegada del conservador Efraín Cepeda a la presidencia del Senado y de Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) a la jefatura de la Cámara, las apuestas hablan de un nivel similar de confrontación con el Legislativo al que ha habido en los últimos 12 meses. No obstante, el llamado al acuerdo nacional que Petro planteó el pasado 20 de julio, y a los intentos de tender puentes del actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo (la tercera persona que pasa por esta cartera), la fuerza legislativa no es la mejor para el jefe de Estado.
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De hecho, ya se sabe que la Casa de Nariño no insistirá en la frustrada reforma a la educación que le costó el cargo a la exministra Aurora Vergara, quien reemplazó en el cargo a Alejandro Gaviria –ahora duro crítico del Gobierno–, y tampoco se ha presentado ningún proyecto nuevo pese a los anuncios hechos previamente. Hasta el momento, solo ha llegado la iniciativa legal del presupuesto para 2025 por $523 billones, pero que tiene la salvedad de que al menos $12 billones deben buscarse a través de otra reforma tributaria. Y en todo esto es clave cómo se muevan políticamente el Ejecutivo y sus delegados.
“Aquí nadie se está escuchando, todo es insulto, descalificación, y eso no es bueno para la sociedad. En el caso del gobierno actual, he llegado a la conclusión de que en estos dos años al establecimiento colombiano le ha costado mucho trabajo construir una relación de gobierno y oposición razonable, democrática, respetuosa, que permita mandar la señal de que en medio de las diferencias, que son profundas, podemos ponernos de acuerdo en unos temas”, le afirmó hace poco a El Espectador el ministro Cristo.
Las cifras y el futuro
Ahora bien, mientras ese relato de consensos se impulsa y cambia de matices con los fantasma de la Asamblea Nacional Constituyente y el acuerdo nacional rondándolo, las cifras económicas tienen un poco de todo.
Es cierto que el dólar parece haberse estabilizado en la frontera de los $4.000 y las cifras oficiales mostraron que –con corte a abril pasado– la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los US$3.344 millones, lo que significó un incremento anual del 7,78 % frente a al mismo mes en 2023: en ese momento este ítem se ubicó en US$3.103 millones.
Estos elementos se suman a los continuos debates y desacuerdos en el frente energético, en el que la agenda del Gobierno ha sido descrita por algunos no tanto como una transición energética, sino como un choque de alto voltaje. Para este punto, las reservas de hidrocarburos (especialmente de gas natural) han descendido constantemente, sin que las opciones para reponerlas se materialicen al mismo ritmo de su consumo y agotamiento.
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Recientemente, Naturgas (gremio de las empresas del gas natural) aseguró que la oferta para la venta en firme de este combustible presenta un déficit de 7,5 % para la demanda estimada de 2025 y de 16 % para la de 2026. Si bien el país tiene una práctica común de importación de gas, el panorama que pinta el gremio abre la puerta para perder la autosuficiencia en este combustible; esto resulta determinante, además, en los planes de lograr una transición energética organizada.
Por otra parte, la ausencia de soluciones prontas para el vacío de poder y decisión en la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) le ha añadido tensión a un sector en el que se requieren acciones en una diversidad de frentes, incluyendo el de las tarifas eléctricas, que ha sido uno de los caballitos de batalla del Ejecutivo, pero en el que poco se ha logrado en beneficio real de los usuarios finales. Desde Palacio se culpa a las empresas y desde las firmas lo refutan con comentarios que suelen señalar de inexactos a trinos del presidente sobre este sector. Para todos los llamados a conversar y la prominente circulación de términos como “acuerdo nacional”, la fotografía que deja el sector de energía es, por momentos, más cercana a una trinchera que a una mesa de diálogo.
Así las cosas, el trabajo que hacen la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia –también salpicada por líos judiciales por el supuesto uso irregular de un polígrafo en un caso de pérdida de dinero en efectivo en su casa privada–, junto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla (otro mencionado en el escándalo de la Ungrd), buscando acercar al sector privado para entablar acuerdos comunes para fomentar el desarrollo será aún más importante en esta segunda etapa del Gobierno de Petro.
De hecho, en un par de semanas se conocerán los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo semestre. Analistas, empresarios y funcionarios del Ejecutivo buscarán en ellos señales claras de reactivación económica y, de paso, de optimismo. O al menos esquivar el negativismo. Paralelamente, se esperan los resultados de la apuesta por fomentar el turismo. Según un informe que la Casa de Nariño le entregó al Congreso el pasado 20 de julio, “en cuanto a la llegada de visitantes al país (no residentes), a diciembre de 2023, ingresaron un total de 5.976.217 visitantes, lo que representa un aumento del 29 % en comparación con el mismo período del año anterior (4.626.022 visitantes”).
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También es cierto que la inflación sigue en una senda de bajada y, después de un leve repunte mensual en junio, se espera que el indicador cierre el año rondando el 5 %, lo que representa una mejoría notable si se tiene en cuenta que alcanzó un pico de más del 13 % para marzo del año pasado. Pero el panorama también ofrece puntos más amargos, como el descalabro en las cuentas del Estado por cuenta del bajo recaudo tributario que se registró para el primer semestre de este año, que le costó al país unos $20 billones (prácticamente la pasada reforma tributaria).
La estrechez fiscal llevó a que la Casa de Nariño emitiera un decreto de aplazamiento de gasto (un recorte presupuestal, en palabras más sencillas) por $20 billones. Y organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) han advertido que el desangre del recaudo podría no frenarse para el segundo semestre, lo que llevaría a un segundo recorte presupuestal.
En medio de estos escenarios es que el Gobierno busca que el Congreso le apruebe una nueva reforma o ley de financiamiento (paralela al presupuesto) por $12 billones. Aunque el proyecto se está construyendo aún, el Ministerio de Hacienda ha indicado que se efectuará un recorte en la tarifa de renta para las empresas (con una reducción de 35 % a 30 % de forma gradual), lo que lleva a pensar a analistas que los recursos extra podrían entrar por alza de renta a personas naturales. Este sería el segundo ajuste de ese tipo durante la administración Petro.
(Así se gestó la constituyente que quiere Petro y que sacudió el debate por el 2026)
Y es frente a todo este panorama que se viene la segunda parte del mandato del primer presidente de izquierda, quien ya reconoció en público y en privado que busca que en 2026 el proyecto progresista pueda reelegirse, por lo que la oposición –con figuras como el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (Cambio Radical)– también desplegó sus propias estrategias de presión para frenar ese propósito y recuperar el poder en las siguientes presidenciales.
Pero, como dijo el propio Petro en una de sus tantas salidas a plaza pública en territorios rurales y urbanos, él no es un líder político que le tema a la confrontación y al debate, por lo que está listo a jugársela a fondo por implementar el programa que lo tiene en la Casa de Nariño y que, según notificó, no le temblará la mano para ajustar a su equipo de trabajo y el estamento institucional que legalmente se le permita las veces que sea necesario para cumplir su objetivo. Y eso ya lo están impulsando a fondo, con sus respectivos cálculos, desde la vicepresidenta Francia Márquez hasta una red de apoyos sociales y populares que tienen lazos con universidades y organizaciones en todo el país. La expectativa por lo que viene en todos los niveles es muy alta.
* Esta es la tercera de seis entregas relacionadas con los dos años del presidente Gustavo Petro en el poder, que se cumplirán este 7 de agosto.
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