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La victoria que se anotó el Gobierno en el Congreso al lograr mayorías para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones, tiene un impacto significativo en sus intereses electorales. La razón es que algunas de las partidas incluidas en el proyecto sirvieron para endulzarles el oído a varios de los que se oponían al avance de la iniciativa y, así mismo, para premiar a los más fieles a la Casa de Nariño. El común denominador es que la mayoría busca reelegirse.
Y no es un tema menor. La campaña exige mostrar resultados e inversiones, y de paso tener financiación para hacer el proselitismo regional que se requiere, lo cual explica por qué regiones y entidades dominadas por fortines políticos cercanos al petrismo fortalecieron sus chequeras, mientras que las que se identifican con la oposición terminaron con recortes significativos.
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Una de esas movidas se reflejó en Atlántico, ya que –al revisar el documento de inversión regional del presupuesto–se vio un aumento del 23,4 % en los recursos que tendrá para 2026 en comparación con el año anterior. En esta región tiene una fuerte presencia del clan Torres, que financió parte de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y que cuenta, además, con presencia en varias entidades, entre ellas la Superintendencia de Transporte.
Esta familia política también tiene a Dolcey Torres y a Jezmi Barraza en la Cámara, ambos avalados por el Partido Liberal y quienes dieron su voto positivo. Es por eso que la subida en las partidas regionales para su departamento se reflejó especialmente en la inversión destinada al sector vial, incluyendo infraestructura que pasa por las zonas de influencia de este clan.
Pero no es el único que opera allá. En efecto, el senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico y quien llegó a esa curul con el cupo que en su momento se le asignó al ahora ministro del Interior, Armando Benedetti, mueve los intereses oficialistas en esa región y por eso ayudó a mover el presupuesto.
Otro de los “ganadores regionales” con la aprobación de este presupuesto fue el conservador Alfredo Ape Cuello. Si bien no votó ni el articulado ni la ponencia final haciendo caso a las instrucciones de la oficialidad de la colectividad azul, sí ayudó a mover el resultado favorable de la iniciativa en la Cámara.
Este representante es oriundo de Cesar y tiene nexos con la operatividad del Ministerio del Deporte, lo cual derivó –con el respaldo de otros legisladores–en que tanto el departamento como esa cartera lograran un aumento de sus partidas.
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Los documentos que aprobaron las plenarias de Cámara y Senado reflejaron que el Ministerio del Deporte aumentó en COP 200.000 millones su presupuesto, pasando de tener COP 460.000 millones en 2025 a COP a 660.000 millones en lo avalado para 2026.
Y en lo relacionado con el departamento, la adición presupuestal en inversiónfue de 12,4 %, pues pasó de estar en 2025 en COP1,76 billones a COP 2,01billones en 2026. Este monto podría también representar el favor de otras caras que han votado a favor del petrismo, como José Eliécer Salazar (U) o Carlos Felipe Quintero Ovalle (Liberal). Sus dos votos fueron parte de los 74 positivos que tuvo el presupuesto en la plenariadela Cámara.
Vea el presupuesto por regiones
Boyacá también se ha convertido en un fortín petrista y en retribución el Gobierno respondió con un aumento de inversión del 16,14 %. Pese al enfriamiento de las relaciones entre Petro y el gobernador Carlos Amaya –quien fue contemplado para ser ficha presidencial de la izquierda–, el departamento recibirá una inyección para inversiones de casi COP 300.000 millones.
Para esto fue fundamental que Wilmer Castellanos (verde), presidente de la comisión Tercera, apoyara las estrategias del Ejecutivo para evitar que la oposición le metiera mano de fondo a los artículos claves del presupuesto. Un ejemplo se dio cuando el ministro Benedetti le pidió romper un quórum para evitar que se avalara una proposición del Centro Democrático y Cambio Radical que buscaba un tijeretazo de COP 26 billones al proyecto general.
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Además de Castellanos, otros congresistas que han respondido de forma positiva al oficialismo en esta región son Indrid Sogamoso (Conservador), Jaime Raúl Salamanca (Verde) y Héctor Chaparro (Liberal), además de Pedro Suárez (Pacto Histórico).
Esta “endulzada” al oído de los congresistas también se vio reflejada en el Senado. Fueron 57 votos en esta corporación los que permitieron la aprobación del presupuesto, incluido el de su presidente, Lidio García. El senador de la bancada liberal remarcó una posición de independencia frente a la Casa de Nariño, pero manifestó que su voto fue positivo ante las adiciones presupuestales para el funcionamiento del Congreso.
De hecho, fue la bancada liberal que impulsó que en esta corporación se aprobara el texto que salió de la Cámara. El senador Jhon Jairo Roldán presentó la proposición con la que finalmente el presupuesto para 2026 vio su aprobación en el Legislativo.
Referente a los recortes, Bolívar, donde tiene una fuerte influencia la familia de la senadora conservadora y de oposición Nadia Blel, perdió presupuesto de inversión en un 5,33 %. Lo mismo sucedió en Santander, departamento de origen del liberal y opositor Miguel Ángel Pinto. La región de quien también preside la Comisión Séptima del Senado –donde se hundió en un primer momento la reforma laboral y en donde se estancó la cirugía al sistema de salud – vio una reducción en cerca de COP 134.000 millones.
Y ejemplos como estos se vieron en varios departamentos y entidades donde hay presencia de oficialistas, pero también se notó el castigo a instancias que han mostrado distancia con la Casa de Nariño. Una situación así se vio con la reducción de COP 151.000 millones al presupuesto de la Defensoría que contrató con el aumento que tuvo de COP 280.000 millones tuvo la Presidencia; y todo esto en año electoral.
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Ante la polémica que ha suscitado esta serie de movimientos, el ministro Benedetti defendió las nuevas partidas con las que funcionará la oficina en cabeza de Angie Rodríguez, desestimando que estas tengan una posible destinación a la campaña. “En cualquier casa de mando de gobierno de cualquier país se necesitan recursos y nunca serán suficientes para atender las múltiples situaciones y eventos que se presentan”, señaló el jefe de la cartera política.
Ahora bien, el monto de los COP 546,9 billones se encuentra sujeto a la aprobación de una reforma tributaria que será próximamente debatida. Las bancadas opositoras ya tienen listas sus cartas para tratar de negar la llegada de nuevos impuestos que representarían COP 16,9 billones.
Parte de esta estrategia inicia en una demanda que será presentada por parte del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa. El congresista afirma que durante la plenaria del Senado se incurrieron en numerosos vicios de trámite y el texto que fue debatido no incluía, inicialmente, “la distribución per cápita por departamento y encima incrementaba la asignación de la Nación en COP 3.6 billones, es decir, menos plata para las regiones”.
Según aseguró el senador García a El Espectador, “esta iniciativa nació muerta”, pues los congresistas no están dispuestos a imponer nuevas cargas a los colombianos a semanas de arrancar oficialmente la campaña al Congreso. El trámite de una nueva iniciativa tributaria se dará también en el escenario de las plenarias donde incluso congresistas del oficialismo tratarían de apartarse de este proyecto.
La no aprobación de esta ley de financiamiento obligaría a que, como sucedió con el Presupuesto de este año, se congelen recursos de entidades y regiones. Las primeras en la mira del ministerio de Hacienda serían las alejadas al Gobierno.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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