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En menos de siete días, el presidente Gustavo Petro remató una jugada estratégica de tres bandas con la que busca cumplir el que será el objetivo principal del último tercio de su administración: consolidar un legado con sus reformas y, por esa vía, intentar repetir un triunfo electoral en 2026. Para conseguirlo, esta semana ahondó en sus pujas con otros poderes, volvió a pedir movilización social y sacrificó a buena parte de su equipo para tender puentes con la política tradicional. “Nos tocó pasar del romanticismo al pragmatismo”, comentó al respecto un integrante del gabinete de gobierno.
La oposición y otros sectores que también se mueven de cara a las elecciones no le perdieron el paso a Petro y respondieron a cada decisión y a cada trino, elevando el tono de la confrontación y dejando relegada la idea de un acuerdo nacional. Al tiempo, desplegaron algunas de sus estrategias de campaña en las regiones. Por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe estuvo en Norte de Santander hablando de seguridad, mientras que Cambio Radical, desde San Andrés, oficializó su intención de tener al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como candidato presidencial.
Es el jefe de Estado el que está marcando la agenda en esta carrera. En los últimos días, en aras del mencionado giro pragmático, hizo más ajustes en su primera línea de funcionarios para darles juego a los partidos e incluso, luego de 34 años, nombró a un militar (general Pedro Sánchez) como ministro de Defensa. Para algunos, esta última es una movida para atender uno de los temas de la confrontación política, el del orden público, que de acuerdo con las encuestas es uno de los problemas que más inquieta a los colombianos.
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Además, esta semana Petro demostró por qué llevó a Armando Benedetti a trabajar junto a su oficina. Tras las salidas de Laura Sarabia (ahora Canciller) y Jorge Rojas, el exsenador y exdiplomático pasó a ser el segundo con más poder en la Casa de Nariño y muy probable nuevo ministro del Interior. En su rol, se puso al frente de la agenda del presidente, pidió cuentas a varias carteras y hasta decidió quiénes y por qué entradas tienen acceso a Palacio. Todo esto con la venia del presidente, quien lo ha respaldado en todos los escenarios, incluso en medio del escándalo de “Papá Pitufo”.
Benedetti, en menos de 48 horas, se reunió con cerca de 100 congresistas de cinco partidos (Conservador, Liberal, La U, Pacto Histórico y curules de paz). Con todos habló de las reformas y de los compromisos de representación en el Ejecutivo. Así, asumió un rol de jefe político para intentar rearmar una suerte de coalición oficialista. Además, según fuentes de la Presidencia, hizo sesiones de microgerencia con varios funcionarios con los que analizó las demoras en el cumplimiento de varias metas.
Voces del gabinete y del Congreso le dijeron a este diario que el trabajo de Benedetti en esta última semana también sirvió para aplacar las diferencias internas. “Varios estamos gratamente sorprendidos porque está trabajando duro y nos pregunta constantemente qué necesitamos para avanzar”, señaló un ministro. “No se trata de afinidad, ya entendimos que él es un operador político y el presidente necesita eso y todos queremos las reformas aprobadas”, dijo una congresista del Pacto Histórico que resaltó que Benedetti ha ayudado a mejorar los canales de comunicación entre Petro y sus bases, que, según dijo, dejó maltrechos la ahora canciller Laura Sarabia.
La vicepresidenta Francia Márquez, por ejemplo, que se opuso al rol de Benedetti, ya habría cedido. De acuerdo con fuentes del alto Gobierno, esta semana le dijo al presidente Petro que no piensa renunciar al Ministerio de Igualdad, pues considera que ha trabajado durante un año y medio para sacarlo adelante y que sería injusto que alguien más lo tome cuando estaría a punto de despegar. Eso sí, Márquez también está pensando en el juego electoral y avanza en sus acercamientos con otras figuras del progresismo.
El siguiente paso del mandatario será -tras confirmar a Benedetti en Interior y seguramente hacer cambios en TIC, Deportes y Comercio- la “depuración” de su equipo en el nivel intermedio, pues durante toda la semana dijo que hay “corrupción” en ministerios como el de Transporte y que algunos de sus funcionarios “tienen miedo” de implementar los cambios. Por esa razón, les pidió a varios de los nuevos ministros hacer los relevos que sean necesarios y no descuidar los programas.
Todo parece formar parte de su interés de escalar la confrontación con los poderes que le hacen oposición. Esta semana dio muestra de ello en sus discursos y mensajes en X, en los que habló contra las cortes, el Congreso, los fondos de pensiones, las grandes corporaciones de alimentos, la prensa, algunos gobernadores y hasta Donald Trump.
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Las cinco peleas claves entre Petro y la oposición
Con el Legislativo, aunque negocia a través de Benedetti, Petro mantiene su pelea por los reveses que ha tenido con la ley de financiamiento y la reforma a la salud. El foco de sus críticas es el conservador Efraín Cepeda, quien esta semana, luego de que el mandatario anunciara que publicará los nombres de todos los que votan contra sus iniciativas, volvió a pedir respeto por la separación de poderes.
“El Congreso es autónomo en sus decisiones y no un apéndice de su gobierno (…) a todos los gobiernos se les han aprobado o negado iniciativas y todos aceptaban con espíritu democrático las decisiones, menos usted que pretende que seamos notarios de su voluntad omnímoda”, dijo Cepeda.
Aunque en la Cámara el Gobierno ha demostrado control de las mayorías, en los últimos siete días perdió todas las sesiones buscando votar la reforma a la salud; y se encontró con un nuevo obstáculo, la negativa de los vicepresidentes de la corporación, Jorge Tovar (curules de paz) y Lina Garrido (Cambio Radical), a incluir el proyecto en el orden del día.
Lo paradójico es que Petro necesita al Congreso aún más en la recta final de su gobierno, pues sus mismos funcionarios reconocen que él está convencido y hasta “obsesionado” con que las llamadas reformas sociales son su legado para el país. “Todo va a requerir concertación y aunque tenemos líneas rojas y el presidente maneja un talante fuerte para comunicarse, eso no obstruye el diálogo”, dijo el nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
El encargado de la cartera política, el ministro (e) Gustavo García, quien podría renunciar en las próximas horas, celebró que el Dapre y la jefatura de despacho estén apoyando el trámite y agregó que la conformación de una coalición va por buen camino. En cuanto a la beligerancia de su jefe, señaló que es una persona franca, directa y que busca comunicarse con la sociedad, pero que eso no le impide entrar al intercambio de ideas.
Las reformas también abren el segundo espacio de confrontación, puntualmente con el caso de la pensional. Las versiones sobre una ponencia de la Corte Constitucional que tumbaría esa ley, desataron la molestia del jefe de Estado, quien, además, recibió el no de los presidentes de las altas cortes a una reunión el viernes en la Casa de Nariño. Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Constitucional, aseguró que, precisamente por el tema de la reforma pensional, no ve conveniente asistir.
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El mismo viernes, Petro se despachó en X contra ese tribunal, esta vez por la subida de los intereses de los créditos del Icetex. “Fue la Corte Constitucional, en su sabiduría, aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés (…) ¿Por qué la derecha colombiana grita ahora porque no hay subsidios cuando fue ella la que promovió su derrumbe en la Corte?”, cuestionó Petro.
Sin embargo, horas más tarde, el mandatario les pidió a los magistrados convocar a una audiencia pública sobre el control de constitucionalidad de la ley. “No solo le permitirá a la Corte tener más elementos de juicio para decidir este caso, sino también profundizar la necesaria deliberación de los ciudadanos, la academia y los distintos sectores sociales y políticos, en relación con esta transformadora y necesaria reforma legislativa”, expresó.
Este año llegarán tres nuevos magistrados a ese tribunal, por lo que, como ya sucedió con la elección de Miguel Polo Rosero, es de esperar que el presidente entre en esa competencia. Por otra parte, si la Corte ordena volver a tramitar las reformas del Ejecutivo, como puede ocurrir con la pensional, vuelve a la escena la disputa con el Congreso.
La relación de Petro con las regiones da la entrada al tercer y cuarto foco de pelea. Por un lado, el presidente necesita la influencia del poder regional en el Legislativo y ya ha hecho acercamientos en ese sentido con figuras como Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y hoy por hoy uno de los jefes de la fragmentada Alianza Verde. Sin embargo, los mandatarios regionales piden una retribución, pues esta semana reclamaron más recursos y seguridad para sus regiones.
La clave parece estar en dos iniciativas que harán curso en el Congreso. La primera es la ley de competencias de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), apuesta que llevará más recursos a los departamentos. Desde Villa de Leyva (Boyacá), donde se llevó a cabo la cumbre de gobernadores, el presidente aseguró que quiere sacar adelante la ley este año para así ser él quien ponga en marcha, antes de 2026, el que es probablemente el mayor cambio al Estado después de la Constitución de 1991.
Esa apuesta requiere el apoyo del Congreso, como también ocurre con el nuevo intento de tramitar una ley de financiamiento para tapar el hueco de $12 billones en el presupuesto de este año. Ambos casos pueden poner en sintonía al poder central con el regional, pues si en los dos proyectos se garantizan recursos para los departamentos, los barones regionales estarían dispuestos a mover sus fichas en el Congreso. “En la ley de financiamiento están los recursos para el desarrollo territorial, ese apoyo de las regiones debe verse reflejado en las reformas en el Congreso”, confirmó García en diálogo con El Espectador.
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“Si hoy le preguntamos a los gobernadores quién está listo para trabajar con el Gobierno, pues todos estamos listos. Sin duda alguna son los impuestos nuestros que se manejan desde Bogotá los que esperamos que lleguen a cada una de nuestras regiones”, dijo Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba y nuevo presidente de la Federación de Departamentos.
Los gobernadores también pusieron sobre la mesa el tema de la seguridad sobre el que la mayoría de políticos quieren hacer girar su narrativa preelectoral. Mientras el mandatario pasa una mala hora en los diálogos con grupos criminales y fracturas internas en sus funcionarios de ese sector, en la oposición intentan capitalizar el momento. “Tenemos que reconstruir la seguridad, fortalecer la aviación militar, reconstruir la inteligencia, pensar cómo se va a ser más eficiente y buscar cómo se va a lograr seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública”, dijo, desde Cúcuta, Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático.
En el quinto frente de confrontación están el sector privado y sus gremios. El jefe de Estado tiene peleas casadas con los empresarios de la energía eléctrica, el gas natural, los fondos privados de pensiones y las grandes industrias. Incluso ha chocado con ellos por otro de sus enfrentamientos, el que tiene con Donald Trump por la migración y los aranceles.
El jueves, desde Ubaté (Cundinamarca), Petro aseguró que “Colombia pierde con el TLC con Estados Unidos”, ya que, aseguró, no cuidó la producción campesina. Por supuesto, el pronunciamiento generó una reacción de los gremios. Si Colombia pierde este acuerdo, el impacto sería profundo: más de 530.000 familias caficultoras dependen de sus exportaciones a EE. UU. (…) en lugar de discursos que tensan la relación, Colombia debería enfocarse en fortalecer y aprovechar las oportunidades que ofrece su principal socio comercial, en vez de arriesgar lo que ya tiene”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Alianza de Asociaciones y Gremios de Colombia.
A todos estos frentes se suman los que el presidente tiene con el alcalde de Bogotá por el Metro, con los propietarios de tierras por la reforma agraria y hasta con los medios por su manera de cubrir el Gobierno, lo que, según ha dicho, también lo ha llevado a comunicarse más por X.
Con esa narrativa desplegada y reforzada, además del pragmatismo que seguramente lo llevará a estrechar lazos con La U e incluso los conservadores, la movida se cierra con nuevos llamados a las calles. De estos se encargará el recién posesionado ministro Sanguino, quien ya se reunió con las centrales obreras y anunciaron movilizaciones para el 8 y 31 de marzo, el 9 de abril y el 1 de mayo.
Entre tanto, en el Pacto Histórico parecen estar dispuestos a ceder en esos puntos, pues aseguran que, aunque el gabinete sea cada vez menos progresista, deben mantener, con la ayuda de los Benedetti y otros, más de un 30 % del caudal electoral si quieren repetir lo hecho en 2022. Así las cosas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, la campaña está lanzada, aun cuando faltan 12 meses y 13 días para el primer llamado a las urnas.
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Por David Efrén Ortega
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