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En las últimas 24 horas, el gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que el terreno que creía haber ganado en el Congreso no fue más que una pasajera ilusión, pues ante el freno que la Comisión Séptima del Senado le puso a la reforma laboral, el jefe de Estado anunció públicamente que buscará convocar a una consulta popular para que sean los colombianos los que determinen si se deben o no realizar las reformas sociales. Este mensaje terminó casi que por confirmar que sí hubo una “ruptura” entre los dos poderes, como lo advirtió previamente el mandatario, y que la ruta que tomará la Casa de Nariño será la de medir sus fuerzas en las urnas de cara al 2026.
Para Petro, el hundimiento virtual de la reforma laboral por la radicación de la ponencia de archivo con mayorías es muestra de un “bloqueo institucional y de una dictadura contra el voto popular”, que en 2022 lo llevó al poder como el primer mandatario de izquierda. Por ello, dijo que no le queda otra opción que impulsar el llamado a las calles y convocar a la consulta, casi que pasando por alto las decisiones que ha venido tomando el Legislativo.
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La determinación la tomó luego de uno de los días más agitados de la legislatura en el Capitolio, en el que los plantones, los gritos, las reuniones de urgencia y especialmente, la ponencia de archivo contra la reforma laboral, fueron protagonistas. Y no solo comunicó su iniciativa durante una rueda de prensa desde la Casa de Nariño, sino también, en una alocución presidencial en la que estuvo acompañado de todos sus ministros y varios congresistas del Pacto Histórico que cargaron carteles con la frase #SíALasReformasSociales.
Es un hecho que ya sindicatos, militantes del Pacto, congresistas y ministros preparan una movilización para el próximo 18 de marzo, una convocatoria que mostrará la fuerza o desgaste que tiene el gobierno y que le ayudará a Petro a medir las posibilidades con las que cuenta para sacar adelante sus reformas laboral y a la salud y en últimas, para reelegir su proyecto el próximo año.
Y aunque, al parecer, Petro busca llenar el espacio público a la magnitud del estallido social de 2019 y 2021, es ahora él quien está en la silla de la Casa de Nariño, por lo que buscará que esta vez las movilizaciones sean contra la institucionalidad misma y los actores que, según él, están afectando su gobernabilidad.
¿Estaría en una especie de campaña el Gobierno? Esa es la versión que empezó a circular la oposición inmediatamente después de que se anunciara el mecanismo que buscará el jefe de Estado. Pero para que la Casa de Nariño virara su estrategia mucho pasó antes.
Desde el mismo Ejecutivo hay quienes reconocen que la ponencia de archivo, que se radicó en la mañana de este martes con ocho firmas (Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Esperanza Andrade, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Lorena Ríos, Ana Paola Agudelo y Berenice Bedoya), sorprendió incluso a los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y del Interior, Armando Benedetti, quienes llegaron casi que corriendo al Congreso para intentar frenar el hundimiento virtual de la reforma.
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Nada más la semana pasada, el Ejecutivo logró la aprobación en segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, lo que dejó a Benedetti sintiendo cierto triunfo, pues mucho habrían tenido que ver sus diálogos y negociaciones con los partidos políticos. Sin embargo, el sentimiento cambió en menos de una semana con la decisión de los ocho senadores.
Según algunos de estos legisladores de la Comisión Séptima del Senado (compuesta por 14 legisladores), ninguno de los dos funcionarios les dirigieron la palabra al entrar a la secretaría y se limitaron a tomarle una foto al documento que fue radicado en medio de gritos y reclamos del plantón que impulsaron el Pacto Histórico y el Sena en el edificio nuevo del Congreso. Ambos optaron por no dar declaraciones, pero el mininterior le dijo a este diario que mucho quedaba por delante.
Y es que al parecer, las mayorías de esta ponencia, que lideró el liberal Miguel Ángel Pinto, se formaron a última hora. En los pasillos del Capitolio, congresistas del Pacto reprocharon con una fuerte molestia que las senadoras cristianas Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA) se “echaron para atrás”, pues antes les habrían indicado que no acompañarían la ponencia negativa.
Ambas desmienten un acuerdo previo con el oficialismo y mucho menos que estén buscando representación en el Gobierno a cambio de apoyo a la agenda legislativa. Sin embargo, otras voces indican que tendrían especial interés en la Dirección de Asuntos Religiosos del Mininterior, que quedó vacante este mismo martes.
El silencio que adoptaron los ministros frente al revés de la reforma no fue replicado por el presidente Petro, quien solo minutos después de que se radicara la ponencia calificó a los firmantes como traidores del pueblo trabajador y advirtió que por ello se podría dar una ruptura con el Congreso, que terminó corroborándose en la noche.
Este es un planteamiento que no es nuevo en su trayectoria política, pues durante la dirección de Iván Name (Alianza Verde) en el Legislativo también hizo sonar la idea por las demoras en el debate de la reforma pensional, que está siendo estudiada a detalle por la Corte Constitucional. Cuando era alcalde de Bogotá hizo lo propio con el Concejo.
Sin embargo, ahora la llevó a la acción misma, pues esta convocatoria, que igualmente deberá ser aprobada por el Senado, ya despertó malestares en el seno del Legislativo, que siente que no se están respetando sus decisiones ni la autonomía e independencia de poderes.
El disgusto también es debido a que solo este martes el mandatario publicó en su cuenta de X más de 13 trinos relacionados con el hundimiento virtual de la reforma. En estos, lanzó dardos contra el archivo, la Comisión Séptima y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien luego de reunirse en un almuerzo con los ocho firmantes y el director general de la Policía Nacional, el Brigadier General Carlos Triana, anunció que se solicitó un estudio para determinar si los esquemas de seguridad de los involucradas deben o no reforzarse por las supuestas amenazas que estarían recibiendo tras su determinación de archivo.
Igualmente, el conservador Cepeda indicó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a los “peligrosos y repudiables” trinos del presidente Petro, que estarían poniendo en peligro a los ocho legisladores y a sus familias. También cuestionó que los congresistas del Pacto Alfredo Mondragón y Wilson Arias autorizaran el ingreso de cientos de personas al recinto para rechazar la ponencia de archivo y gritar uno por uno los nombres de los ocho senadores.
Petro defendió sus señalamientos y argumentó que si bien estuvo abierto para un acuerdo nacional, su intención fue “burlada”, por lo que ahora no tiene otras opciones que dejarle la decisión al pueblo que en 2022 le dio 8.5 millones de votos en la primera vuelta y 11.2 millones en la segunda.
“Hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a manifestarse sino a decidir a través de una consulta popular”, indicó Petro.
Esto fue respondido directamente por Cepeda, quien le recordó al mandatario que si él sumó más de 11 millones de sufragios, el Congreso lo dobla con 22.6 millones de votos.
Mientras los disgustos salían a la luz en el Capitolio y varios legisladores responsabilizaban directamente al presidente de cualquier perjuicio en su contra, en la Casa de Nariño el mandatario se reunió con Benedetti y otros funcionarios para definir qué cartas le quedaban sobre la mesa para no tener que declinar de las reformas que viene prometiendo desde hace casi tres años. Varias fuentes del alto Gobierno han venido asegurando que esta agenda reformista se convirtió en un punto de no retorno para el presidente.
En todo esto, mucha relevancia tendrá la presencia de Benedetti, quien según fuentes cercanas, llegó para meterse de lleno a la campaña del proyecto progresista, sin caer en inhabilidades. Son escenarios en los que sabe moverse.
El presidente tiene ya un gabinete renovado y con directrices claras de acelerar la ejecución, también fichas desplegadas para sumarse a las aguas electorales y sobre todo, un discurso que podría darle gasolina a su relato y la manera de esquivar el incumplimiento de un gran número de sus promesas.
Y la oposición, con Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras a la cabeza, ya entraron en modo campaña para frenar este intento del Gobierno y recuperar el poder.
Las calles y la eventual consulta popular serán una especie de termómetro para mostrarle qué tan dispuestos están los colombianos de darle una oportunidad más al progresismo en la Casa de Nariño.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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