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El pasado miércoles, mientras en Guapi (Cauca) el presidente Gustavo Petro y 18 de sus ministros atendían una nueva jornada de “Gobierno con el pueblo” desde el litoral Pacífico —al tiempo que intentaban seguirle la pista a los incendios forestales que han arrasado con más de 17.000 hectáreas de vegetación—, el canciller Álvaro Leyva abandonaba la fría Ginebra (Suiza), donde participaba en el Foro Mundial de Migración, para buscar un vuelo comercial que lo trajera a Colombia.
Llegó en la madrugada del jueves para encargarse del llamado a juicio disciplinario y la suspensión de tres meses que le ordenó la Procuraduría por el caso de la licitación de pasaportes; una decisión que impactará en por lo menos tres escenarios: el del pleito con la multinacional Thomas Greg & Sons, el del latente revolcón ministerial y el del rumbo que tomará Petro en la segunda mitad de su gobierno, de cara al 2026. Esto último justamente cuando el uribismo y algunos sectores conservadores trazan sus metas y agenda para las próximas elecciones.
El canciller regresó tranquilo, atendió varias reuniones en su despacho y se mantuvo al margen de los medios. En contraste, el jefe de Estado sí subió el tono desde ese miércoles y en todas sus declaraciones desde el Pacífico, e incluso vía X, cuestionó la medida contra Leyva. Primero dijo, sin mencionarlo, que le iban a “suspender ministros aquí y allá”, que ya le sucedió durante su paso por la Alcaldía de Bogotá y que eso demuestra que “no nos van a dejar gobernar”.
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Luego, desde López de Micay, también en el Cauca, señaló que la suspensión de Leyva llegó justo cuando lo necesitaba para gestionar ayuda extranjera por la crisis del fenómeno de El Niño y que el caso es similar al de Olmedo López, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo suspendido por la Contraloría. Así, el mandatario dirigió su discurso a un primer objetivo: los órganos de control con los que ha chocado durante toda su administración: “¿Eso es hacerle bien al país?”.
En una defensa más a su canciller, también se fue contra Thomas Greg & Sons, la empresa que buscaba el contrato de los pasaportes. “El ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre”, dijo en un trino. Según los abogados, este revuelo que generó la decisión de la Procuraduría favorece a la compañía, que ahora tiene más argumentos para impulsar su demanda por $115.507 millones contra el Estado.
Pero Petro fue más allá y aseguró que hay una fuerza que lo quiere “tumbar”, que los medios no lo defienden y que, por dichas razones, “el principal aliado del Gobierno está en el pueblo”. En este punto lanzó pullas contra otro de sus contradictores más férreos de estos 17 meses, el fiscal general, Francisco Barbosa, quien a propósito ha estado bajo la lupa de la opinión por las declaraciones que parecerían un intento de aumentar su perfil político para cuando deje el cargo el 12 de febrero próximo. “Está en el corazón de esta lucha, si la Fiscalía investiga las mafias o las mafias se toman la Fiscalía”, dijo Petro el viernes.
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Tampoco descuidó los flancos de sus disputas internacionales. En el caso del choque permanente con Israel, por la ofensiva de Netanyahu sobre Gaza, el mandatario celebró como “un triunfo para la humanidad” el fallo de la Corte Penal Internacional que ordenó a Israel impedir un genocidio de los palestinos. Además, se enfrentó al presidente argentino, Javier Milei, luego de que éste lo llamara “comunista asesino”, lo que motivó el llamado a consultas del embajador en ese país, Camilo Romero.
Aunque esa narrativa no es nueva, pues el presidente ya se había referido en otras oportunidades a los intentos de no dejarlo gobernar y, como cuando denunció un posible “golpe blando”, en esta oportunidad hay un ingrediente extra que llama la atención: las elecciones de 2026.
Desde el fin de semana pasada, justo cuando se conoció la noticia del fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, Petro comenzó a insistir en unificar a las fuerzas del Pacto Histórico; es decir, fusionar las personerías en un solo partido que llegue con fuerza a la próxima contienda legislativa y presidencial. De hecho, según explicó, es la muerte de Córdoba la que obliga a pensar en la “historia del progresismo colombiano” y en la oportunidad de crear un frente amplio para mantener las ideas del “cambio”.
Aunque esa propuesta no ha empezado a andar y lo más probable es que encuentre varios baches en el camino, lo cierto es que marca la agenda y el discurso de Petro para los próximos años y, de paso, la de la oposición, que ya lo señaló de preferir “estar en campaña” por encima de gobernar. Cabe mencionar que dicha oposición intenta fortalecer el relato de un Petro que se quiere quedar en el poder y al que hay que derrotar en las urnas.
“Necesitamos años (…) aquí no hay que devolverle el poder a la oligarquía colombiana, hay que volver a pelear y volver a triunfar. El 2026 tiene que ser como el 2022. Decía alguien por ahí cuiden el 2022, ahora me toca decir a mí decir cuidemos el 2026, porque aquí cambió Colombia”, dijo el mandatario desde Timbiquí. Así, en lo que podría considerarse una estrategia de doble vía, le pide a sus simpatizantes defender el Gobierno, pero con miras a la próxima puja presidencial.
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¿Qué pasará con el gabinete de Petro?
Aunque ninguno se ha pronunciado públicamente, la suspensión de Álvaro Leyva golpeó el ánimo de los ministros y de algunos funcionarios de primer nivel del Gobierno. “Es una noticia dura y dolorosa, pues el canciller ha sido un hombre que se ha jugado internacionalmente por este cambio que se propone en el Gobierno”, le dijo a El Espectador uno de sus compañeros de gabinete.
Sin embargo, más allá de estas reacciones, la decisión contra el canciller reconfigura el panorama de las movidas políticas en la Casa de Nariño. Fuentes del Ejecutivo le confirmaron a este diario que la posibilidad de anunciar cambios ministeriales desde el Pacífico sí estaba prevista, pero que, además de la emergencia que se desató por los incendios, la sanción de la Procuraduría lo impidió.
La razón estaría en que el presidente no quiere enviar el mensaje de un remezón impulsado por una orden de la entidad que maneja Margarita Cabello, tal y como habría sucedido cuando la captura que ordenó la Fiscalía contra su hijo Nicolás Petro, que, aunque ya está libre, detuvo cambios en ese momento cuando la primera administración de izquierda completaba 12 meses. Así las cosas, hay varias opciones sobre la mesa y todas confluyen en que será únicamente Petro el que se decante por alguna.
Una de las que más suena es la de rodear al canciller y aprovechar los tiempos de la medida, pues Leyva aún no está notificado, para retrasar todo lo que se pueda su suspensión. En este escenario también podría aparecer un recurso ante el Consejo de Estado, que al fin de cuentas es el encargado de revisar las sanciones disciplinarias.
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Para varios en el Gobierno, a pesar de ser uno de los cancilleres más controversiales de los últimos años, Leyva tiene ganada la confianza de Petro, que hasta ahora lo ha respaldado plenamente en el caso de los pasaportes. Aunque también ha sonado su posible salida de la Cancillería, no se descarta que siga en el Gobierno, por ejemplo en un cargo cercano a los procesos de paz, tema que ha seguido toda su carrera.
Dos ministros consultados por El Espectador señalaron que en el gabinete no les preocupan los aires de remezón y que, por ahora, el presidente les ha pedido concentrarse en la ejecución de sus proyectos, ya que “el tiempo es corto”. “Yo no he escuchado nada, todos estamos trabajando juiciosos. Lo que sí tengo claro es que el presidente no le cuenta a nadie de esos cambios”, dijo uno de ellos.
En el mismo sentido, el segundo señaló que los ministros no están jugando a la “gabinetología” y que el presidente está en buenos términos con todos, incluso con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a quien le pidió ponerse la pilas con la producción y exportación de café. “Jamás escuché al presidente regañar a la ministra, que es estupenda; jamás vi algún maltrato. Este es un grupo de gente capaz de levantarse a primera hora, meterse en un helicóptero, ir hasta municipios donde no había ido algún presidente. Hay muy buen ambiente”, dijeron las fuentes.
Sin embargo, los rumores se mantienen y en el aire siguen sonando cambios como el del mismo Leyva por Luis Gilberto Murillo, la renuncia de Astrid Rodríguez por la polémica de los Panamericanos, el enroque entre Laura Sarabia y Carlos Ramón González o las salidas de Iván Velásquez y Luis Fernando Velasco. Este último, para zanjar la discusión, dijo recientemente que “el contrato de los ministros se renueva todos los días”.
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Cualquier decisión del mandatario estará atravesada por el regreso del Congreso, que desde febrero retomará la discusión de sus reformas sociales, las cuales no terminan de convencer a los partidos. Este escenario podría limitar el giro del gabinete hacia un perfil más petrista, pues la promesa del “acuerdo nacional” podría materializarse en representación política. En febrero, además, habrá nuevas movilizaciones de la oposición, lo que –por otra parte– alienta esa confrontación en las calles que ya ha mencionado el propio Petro.
Tras su regreso a Bogotá, se espera que el presidente anuncie algunas decisiones entre lunes y martes. Por ahora, el canciller se queda y Petro compagina el revés de la suspensión con el discurso que podría marcar su agenda, nacional e internacional, durante lo que le resta de mandato.
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Por David Efrén Ortega
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