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El presidente Gustavo Petro estaba concentrado en poner a andar su estrategia política y administrativa para este 2025, lo que incluía renovar su gabinete, mostrar resultados tangibles y radicalizar su discurso. Esperaba culminar su remezón ministerial esta semana, reuniéndose cara a cara con cada uno de los funcionarios salientes para evaluar la ejecución de las carteras, hablar temas de empalme y examinar sus posibilidades electorales, pues la reelección del proyecto progresista sigue siendo la meta de los comicios presidenciales y de Congreso del siguiente año.
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Pero estalló la ola de violencia y sangre en El Catatumbo, que aunque ya estaba avisada por algunas entidades, cogió por sorpresa al Gobierno y lo obligó a posponer sus planes para examinar cómo superar el doloroso momento que en once días ya deja más de 40.000 personas desplazadas y al menos 80 asesinadas.
Fue por esto que se decretó estado de conmoción interior y se ofreció una recompensa de hasta $3.000 millones por información que lleve a las capturas de los principales cabecillas del ELN: Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista y Eliécer Herlinto Chamorro.
Varios funcionarios coinciden en que no se esperaban una situación de tal magnitud que –según la Defensoría del Pueblo– ha ocasionado el desplazamiento forzado más grande por un solo evento desde 1997, año en el que se empezó a hacer registro. En 2024, por ejemplo, 105 eventos registrados ocasionaron el desplazamiento de 25.611 personas, dijo la defensora Iris Marín.
Esto terminó “desbaratando” la primera estrategia política de 2025 de Petro, que incluso lo llevó a hacer un cónclave de 48 horas con todos sus altos funcionarios para definir el rumbo de su proyecto progresista. Ahora no solo examina la situación de orden público, también qué medidas le quedan para mantener su gobernabilidad sin soltar su plan electoral en estos poco más de 18 meses que le quedan de mandato.
Por ello, el camino más claro que vio el jefe de Estado para enfrentar la problemática fue a través del decreto de conmoción, la figura que desde hacía 17 años no era empleada por ningún gobierno. El documento se publicó finalmente este viernes en la mañana, pero tardó varios días en “cocinarse” en medio de reuniones entre Petro, su gabinete, su equipo jurídico y la cúpula militar y de Policía.
Y si bien los movimientos ministeriales no han cesado, pues hay fuertes pujas por algunas carteras que ya se quedaron sin cabeza o que todo apunta a que quedarán vacantes (ministerios de las TIC, Vivienda, Minas), no es el tema prioritario del presidente, quien incluso se ha molestado por los rumores que circulan en los pasillos de su propia administración.
Antes de que se conociera el decreto, que tendrá una vigencia de 90 días y se aplicará en 19 municipios de Norte de Santander y Cesar, el jefe de Estado tardó días en sentirse conforme con el texto y las medidas a aplicarse, que igualmente no se han conocido en su totalidad, pues aún quedan pendientes los demás folios sobre recursos, pie de fuerza y atención humanitaria.
Diariamente se sostuvieron reuniones y el presidente, a pesar de que le podía costar mediáticamente, llamó a Nicolás Maduro –líder del régimen venezolano– para pedirle ayuda con la vigilancia de la frontera, por donde han cruzado los grupos criminales colombianos para refugiarse y planear ataques. De hecho, de acuerdo con la Casa de Nariño, con el país vecino se alcanzó un flujo migratorio de 700 personas diarias huyendo de la violencia en suelo catatumbero.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó en la noche de este viernes que ya se reunió con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, con el fin de aunar esfuerzos para la captura de los integrantes del ELN y evitar sus cruces en la zona fronteriza.
Según fuentes oficiales, se creyó que mucho estaba por superarse el jueves pasado, día en que se publicaría la medida. Pero, cuentan que a última hora el mandatario se echó para atrás.
Ese día, después de reunirse por varias horas en la Casa de Nariño con sus ministros y de incluso tener listo un primer decreto, el presidente se disponía a viajar en la tarde a Barranquilla, donde lanzaría un programa de economía popular para beneficiar a población que asumió préstamos de gota a gota.
Creyendo que ya este capítulo estaba zanjado, varios ministros se desplazaron hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) para tomar un avión rumbo a la capital del Atlántico. Sin embargo, a último minuto, cuando ya incluso habían abordado, un oficial les pidió descender de la aeronave.
No fue la única directriz que se impartió, pues al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño se le ordenó eliminar de las redes sociales toda publicación que prometía la visita del presidente al evento.
El motivo detrás de esto es que el jefe de Estado prefirió cancelar su visita para quedarse más horas en Palacio con su equipo jurídico, al que le pidió incluir en el decreto al departamento de Arauca, zona por la que el grueso del ELN se estaría movilizando de civil para llegar hasta el Catatumbo.
“El presidente no quiere aflojarle al tema con los jurídicos. Los generales dicen que no vale nada atacar el síntoma si no se incluye a Arauca”, le contó ese jueves un funcionario a El Espectador.
Ya el solo hecho de redactar un decreto de estado de conmoción interior, que tuviera posibilidades de seguir vivo tras la revisión de la Corte Constitucional, había sido una ardua tarea para la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que tras horas extensas de diálogo encontró el hecho sobreviniente en la cifra nunca antes vista de desplazados por un único suceso.
Y aunque Arauca no se pudo incluir finalmente, para no arriesgar la constitucionalidad de la medida, sí quedaron consignados los municipios de Río de Oro y González (Cesar), que de acuerdo con el decreto constituyen una de las puertas de entrada a la región de El Catatumbo y es utilizada por el ELN para el tránsito de sus estructuras y sus rentas criminales. Además, por ahí estaría intentando meterse el Clan del Golfo a la zona, lo que agravaría la guerra.
En el círculo de voceros de las mesas de diálogo también hubo dudas sobre la medida que anunció el presidente por primera vez a través de su cuenta de X. Algunos expusieron que otra figura podía ser más efectiva y de una argumentación más sencilla ante el alto tribunal, que en anteriores oportunidades le ha tumbado varias intenciones al mandatario por inconsistencias.
“Yo soy más amigo de la emergencia social. Creo que el Catatumbo requiere hoy en día que se atienda la situación que hay en materia social”, dijo el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, integrante de la mesa de diálogo suspendida con el ELN.
Mientras el presidente defendía ante sus jurídicos que debía ser el decreto de estado de conmoción interior, en otras salas de la Casa de Nariño se adelantaron diferentes reuniones, como la que tuvo el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, con voceros de los Derechos Humanos y el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Iglesia- Estado en Colombia.
Poco se supo de esta cita del pasado jueves, pues los participantes acordaron que era información confidencial. No obstante, a la salida de la Casa de Nariño, uno de los integrantes le dijo a este diario que –aunque la situación de orden público se veía tensa– “los caminos aún están abiertos”.
Y aunque esta persona, que tiene un papel protagónico en los diálogos, no especificó qué caminos, quizá no sean los del ELN, pues en los últimos días el presidente Petro endureció su discurso contra este grupo, a cuyo cabecilla alias Pablito señaló como responsable de la ola de violencia que azota a El Catatumbo.
De otro lado, los presidentes del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador) y de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), se movieron rápidamente para citar a los congresistas a una sesión el próximo martes 28 de enero (antes del cierre del receso legislativo) en la que discutirán si el Ejecutivo tiene razones suficientes para adoptar una medida extraordinaria o si, por el contrario, puede atender la emergencia humanitaria con sus capacidades ordinarias.
En el decreto, el Gobierno dejó claro en un párrafo que “el accionar del ELN ha escalado a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado”.
“Va a ser todo un desorden y caos la sesión”, dijo una congresista del oficialismo, anticipando que el Gobierno tiene pocos días para delinear una estrategia clara y convincente.
Y es que además de las cifras de violencia que presentará el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para convencer a los legisladores, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, y el director de Planeación Nacional, Alexander López, deberán especificar de dónde se conseguirán los recursos suficientes para atender la emergencia. Y esto, con un presupuesto desfinanciado de $12 billones y con otra tarea que tienen encima y no han cumplido: redactar dos decretos económicos para implementar un plan de austeridad y aplazar inversiones.
Ya algunos funcionarios y congresistas han dejado ver una posible intención a usarse y es la de recurrir a una parte de los recursos consignados en la ley de financiamiento, que las comisiones económicas negaron el año pasado.
“Es entendible que en esta situación de excepcionalidad, que implica un decreto de conmoción interior focalizado, el Gobierno busque fuentes de financiación y de ingresos adicionales, y posiblemente apele a varios de los que planteó en el debate de la ley de financiamiento”, indicó el representante del Pacto David Racero.
El director de Prosperidad Social y amigo cercano al presidente, Gustavo Bolívar, fue más tajante y señaló al Congreso como “culpable indirecto” de que el Gobierno no tenga cómo responder a la situación de orden público por la situación económica.
“Ni el Congreso, ni el presidente sabían que esta situación en Catatumbo se iba a presentar, pero se está ambientando a que los congresistas hagan lo mismo que hicieron con la ley de financiamiento, cuando el señor Efraín Cepeda armó un grupo y le hizo oposición. Hay un ánimo de cercar al Gobierno para que tenga cómo reaccionar”, indicó Bolívar.
Cepeda, quien fue clave en el hundimiento de la ley de financiamiento y señaló al gabinete Petro de no ejecutar recursos y tener dinero suficiente sin utilizar, indicó que para este 28 de enero se espera el análisis del decreto.
“La actitud de condescendencia del Gobierno con los criminales del ELN se traduce hoy en muerte y desplazamiento. Haremos control político y tendremos un plazo de quince días para el pronunciamiento de fondo”, mencionó.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, le indicó a El Espectador que espera que los congresistas rodeen al Gobierno: “No es momento para la polarización”.
Y si bien este no fue el tema principal, sí se esbozó en la reunión que tuvo este viernes Petro en la Casa de Nariño con integrantes del Pacto Histórico, pues aunque hay muchos frentes por responder, el mandatario no deja de lado a las elecciones de 2026, año en el que espera que el progresismo se suba nuevamente al podio. Con las fuerzas de izquierda habló sobre cómo avanza la conformación de un partido único y de cuáles serán las prioridades legislativas.
“Tuvimos un diálogo alrededor de la necesidad de avanzar en la implementación del Plan de Gobierno y respaldar al presidente en el Congreso y en la calle, con la gente. Le hablamos sobre la consolidación del partido único con el que disputaremos las elecciones”, sostuvo el representante Gabriel Becerra.
Precisamente, las calles son un escenario que volvió a ser foco en las últimas semanas luego de los hallazgos de restos óseos en La Escombrera de la Comuna 13, en Medellín.
Y es que se ha visto a numerosos congresistas y militantes del Pacto en medio de las jornadas para pintar la frase “Las cuchas tienen razón”.
Este viernes, además, la coalición convocó a otra cita para pintar frases alusivas al Catatumbo y en la capital se les vio a la senadora María José Pizarro y al exviceministro de Juventud Gareth Sella en esas jornadas de activismo. De hecho, a última hora la coalición convocó a marchas para este 26 de enero.
Pero hay otro frente que también se mueve y es el remezón que Petro pausó temporalmente. Una persona cercana al presidente aseguró que este proceso continuará dentro de poco, cuando las aguas se calmen y el mandatario tenga reuniones bilaterales con los ministros salientes.
Como lo indicó El Espectador, varios partidos estarían a la espera de los nombramientos y se han empezado a acercar al Ejecutivo para ver si reciben un guiño.
El Partido de la U es uno de estos, que por esta semana ha estado molesto con el Gobierno porque al Fomag no llegaría ninguno de sus opcionados, sino Aldo Cadena, presidente de la Nueva EPS tras ser intervenida y secretario de Salud en la Alcaldía de Petro.
Por lo mismo, esperan que no les retiren su representación en el Ministerio de las TIC, del que acaba de salir Mauricio Lizcano. Luego de haberse reunido en Bogotá, definieron tres hojas de vida, la de John Alejandro Linares, gerente de Teveandina y exrepresentante; la de Julián Molina, exsuperintendente de Subsidio Familiar, y la del abogado Said Naví Lamk Beltrán, exdirector técnico del Mintic.
Otra molestia para la agrupación fue enterarse de que Armando Benedetti había presuntamente entrado al sonajero para quedarse con la cartera. Sin embargo, fuentes cercanas al actual asesor de la Casa de Nariño indican que él realmente está buscando el Ministerio del Interior que dejará Juan Fernando Cristo.
Igualmente, este diario estableció que las posibilidades son bajas y que Benedetti no estuvo presente ni en el cónclave del alto Gobierno ni en las reuniones relacionadas con el decreto de conmoción interior.
Otros nombres que suenan para quedarse con la cartera son los del viceministro Gustavo García, el del exsenador y superintendente Roosvelt Rodríguez, y el del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
Pero hay más carteras que quedarán desocupadas en las próximas semanas y desde el Pacto hay un llamado fuerte para que los entrantes ministros sean del corazón del proyecto, como en el caso de Jorge Rojas, quien aunque no se ha posesionado ya se le vio en tareas relacionadas con el Dapre que dejó Laura Sarabia para irse a la Cancillería.
También hay una aparente calma con el nombramiento de María Fernanda Rojas en el Ministerio de Transporte, quien aunque viene de la Alianza Verde y es políticamente cercana a la exalcaldesa Claudia López –quien pasó de aliada a crítica del jefe de Estado–, es del grupo petrista.
El presidente deberá elegir si se va por una línea más abierta en pro de que avancen sus reformas en el Congreso (le quedan pendientes salud, laboral, justicia y jurisdicción agraria) o si cierra su círculo con ministros de su misma línea ideológica que le ayuden a potenciar su discurso.
Y si bien la segunda opción es la que al final quiere el mandatario, más allá de qué decisión tome habrá una directriz inamovible y es la de mejorar la ejecución presupuestal, pues en 2024 se habrían quedado sin ejecutar cerca de $97 billones.
De otro lado, la Cancillería, a la que renunció Luis Gilberto Murillo, tendrá un papel protagónico con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nada más este viernes, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó congelar prácticamente toda la ayuda exterior hasta que el mandatario revise lo que se le está dando a cada país.
Eso sí, tanto el vocero hispano del estadounidense, Jaime Flórez, como el embajador en EE. UU., Daniel García-Peña le dijeron a este diario que las relaciones entre ambos países van más allá de los presidentes.
“Lo que es importante aquí no es la relación entre Petro y Trump, sino la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Muy pronto, el embajador o el canciller tendrá que intercambiar con el secretario de Estado de los Estados Unidos y ahí se van a comenzar a plantear inconformismos”, señaló Flórez.
Varias fuentes del Palacio indicaron que mientras la canciller entrante, Laura Sarabia, trabajará en una reunión que acerque a Petro con Trump, el jefe colombiano potenciará su discurso contra algunas de las medidas del país norteamericano en materia de migración y comercio en un intento de impulsar un bloque latinoamericano.
Ahora bien, aunque hay quienes dicen que el paso de estas semanas de enero han dejado agotado al mandatario, otros señalan que Petro es un político de cabeza fría que está pensando meticulosamente sus decisiones. En todo caso, el mandatario tiene tareas en su lista de pendientes y poco tiempo para determinar cómo responder a las emergencias y cómo mantener a flote su gobernabilidad mientras juega en el ajedrez electoral.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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