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La que acaba de pasar podría calificar como una de las semanas más agitadas del gobierno de Gustavo Petro. En menos de cinco días, el mandatario se reunió con delegaciones internacionales de primer nivel, como la de los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU; hizo cambios estratégicos en su gabinete, como el nombramiento provisional de Luis Gilberto Murillo en la Cancillería; y escaló la controversia por la elección de la nueva fiscal general, un debate que se trasladó de los tribunales y las redes sociales a las calles.
Para cerrar, este viernes viajó a Cartagena con el objetivo de reunirse con los 32 gobernadores posesionados el pasado 1 de enero, quienes lo recibieron con una petición contundente: aumentar al 47 % la tajada que reciben los departamentos de los ingresos corrientes de la Nación, que actualmente es de un 20 %. “Ese podría ser su mayor legado”, le dijo Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos.
La propuesta, según le comentaron a este diario varios de los gobernadores, también sirve para darle a entender al jefe de Estado que estarán unidos para alcanzar sus objetivos, entre los que, además del tema de las transferencias, está el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la definición de unas reglas claras en materia de paz y seguridad.
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Los 32 también tomaron una postura frente a lo sucedido el jueves en los alrededores del Palacio de Justicia, donde algunos manifestantes, en medio de las marchas convocadas por Fecode para presionar la elección de la nueva fiscal, bloquearon la salida de los magistrados y funcionarios de las altas cortes.
“La democracia se basa en el respeto a las decisiones autónomas de cada una de las instituciones. No debe haber ningún tipo de presión, la ciudadanía se puede manifestar, pero de manera pacífica. Yo sí creo que el jueves se rompió un poco el equilibrio. El presidente debe dejar que la Corte, en su majestad, tome una decisión sin ningún tipo de presiones”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.
Reacciones como esta tuvieron eco en diferentes escenarios políticos. La procuradora general, Margarita Cabello, también desde Cartagena, dijo que se podría decir que los magistrados estuvieron “secuestrados” por algunos manifestantes. En el Congreso, algunos opositores del Gobierno aseguraron que el presidente envió una “horda” para presionar la decisión, por lo debería hacerse responsable del “irrespeto a la separación de poderes”.
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Al final, el mandatario se reunió con la cúpula militar y entregó un parte de tranquilidad; sin embargo, mantuvo la narrativa de un ataque contra su Gobierno, señaló a los medios de comunicación de distorsionar las noticias e insistió en que detrás de todo está la intención de algunos sectores de no permitir la elección de una fiscal de su terna.
De hecho, este fue uno de los puntos que destacó en su discurso ante los gobernadores. “Se me ocurrió presentar una terna que yo no conociera, que hubiera demostrado capacidad y valentía para luchar contra la impunidad; eso ha desatado una tormenta, no creí que sucediera en Colombia, un sector de la sociedad atacando la posibilidad de que se escoja fiscal”, dijo este viernes.
Sin embargo, a las pocas horas, la Corte publicó un duro comunicado en el que ratificó la gravedad de lo sucedido. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende pretender presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”.
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Al final de la cumbre, el presidente se refirió a la propuesta de los gobernadores y, aunque dijo que está dispuesto a instalar mesas técnicas y a acompañar en el Congreso una reforma al Sistema General de Participaciones, puso como condición incluir en un eventual proyecto más recursos para la atención de la primera infancia.
Además, hizo una breve referencia al pedido de algunos gobernadores, que también resuena en el Congreso, de más autonomía administrativa para las regiones. “Un federalismo puro, que se ha defendido en varias oportunidades; es decir, en el que no hay transferencias, nos puede llevar a mucha guerra, violencia y pobreza”, aseguró.
Tras el encuentro con los gobernadores, que no duró más de dos horas —no conversó con ninguno en particular, a pesar de que varios estaban haciendo fila para hablarle de sus proyectos— Petro volvió a Bogotá para atender una agenda privada. Los gobernadores vieron con buenos ojos su presencia, pero no se animaron a cantar victoria, pues el apoyo a su apuesta fue parcial. Varios esperan que la cercanía de Amaya con el Gobierno les permita mantener abiertos los canales de comunicación con el presidente y su equipo de Gobierno.
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Entre tanto, este martes 13 de febrero la Fiscalía quedará bajo la batuta de Martha Mancera, la vicefiscal que asumirá en reemplazo del saliente Francisco Barbosa, abiertamente cuestionado por el presidente. Como no habrá humo blanco por lo menos hasta el 22 de febrero, cuando la Corte Suprema retome la votación sobre la terna del presidente, todo indica que esa elección mantendrá la tensión en el país.
Así, el mandatario cierra un semana turbulenta que podría calcarse durante los próximos días, pues además de la elección de fiscal tiene frentes abiertos en la Procuraduría, en el Congreso que está a punto de retomar la discusión de sus reformas y en el propio gabinete, que en lo que va de 2024 ha estado rodeado por la sombra de la inestabilidad.
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Por David Efrén Ortega
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