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La carga política y simbólica de cómo quedará el mapa del poder regional tras las elecciones de este domingo 29 de octubre es tan alta, tan fuerte, que el propio presidente Gustavo Petro ha intentado incidir tácitamente en lo que pase en las urnas, ya que de frente tiene impedimento legal para hacerlo. En menos de dos semanas lanzó un plan de recompensas para “cazar” a compradores de votos que le valió un nuevo choque con la Fiscalía de Francisco Barbosa, esquivó las alertas sobre riesgo electoral diciendo que son “burbujas” y hasta sorteó una dura polémica que se formó cuando se planteó que las disidencias de alias Iván Mordisco harían presencia en la instalación formal de los comicios.
Y todo esto lo hace con los ojos puestos en darle validez electoral a su proyecto progresista, el mismo con que el año pasado ganó las presidenciales y le dio la credencial de ser el primer presidente de izquierda pura en Colombia. Por eso, los enredos y polémicas que se han desatado en torno a los comicios que arrancan este domingo desde las 8 de la mañana, y para los cuales hay 38,9 millones de ciudadanos habilitados para votar hasta las 4 de la tarde, empujan a esta cita a urnas hacia un escenario plebiscitario.
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La razón es que la Casa de Nariño está jugada porque Gustavo Bolívar gane en Bogotá, pero las cuentas no le auguran un buen resultado y le dan más favorabilidad a Carlos Fernando Galán y, dependiendo de la encuesta, a Juan Daniel Oviedo. También, en menos de un mes, realizó cuatro jornadas de “Gobierno escucha” en la capital para intentar promover el ideario de quien tiene su guiño.
Algo similar pasa en otras regiones, como Medellín y la misma Antioquia, donde Petro y sus alfiles vienen promoviendo las candidaturas de aspirantes como Juan Carlos Upegui, el heredero del polémico exalcalde Daniel Quintero y a quien tampoco le alcanzarían los votos para mantener a Independientes en el piso 12 de La Alpujarra; allá, en la capital paisa, todo apunta a que Federico Fico Gutiérrez, férreo opositor del jefe de Estado, se quedará con el cargo. Y para la Gobernación las apuestas están entre Luis Lupe Pérez, también impulsado por el petrismo, y Andrés Julián Rendón, la ficha del uribismo y el empresariado tradicional.
¿Votación plebiscitaria?
Figuras de la entraña del proyecto político del Presidente, como la senadora María José Pizarro y el representante David Racero -ambos del Pacto Histórico-, han dicho a lo largo de los últimos ocho días que las elecciones de este domingo, para las cuales se desplegaron 119.875 puestos de votación y se imprimieron 167,2 millones de tarjetas electorales, no son plebiscitarias para la actual administración.
En efecto, coincidieron en que la mecánica de unas regionales es muy distinta a la de unas votaciones nacionales, como las presidenciales de junio de 2022 cuando Petro obtuvo 11,2 millones de votos. En la reconfiguración del poder en los territorios priman intereses más locales y de ahí que las campañas sean más focalizadas, dijeron. Y para dar un empleo se remitieron elecciones anteriores, como cuando en 2003, siendo Álvaro Uribe un popular mandatario, vio cómo en Bogotá ganó Luis Eduardo Lucho Garzón, quien fue avalado por el Polo, colectividad opositora de la administración nacional de ese entonces.
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Pero Petro no quiere dejar cabos sueltos y, por eso, buscó formas para, sin transgredir las leyes, incidir en las regionales de este 29 de octubre. Y no solo con asuntos de la capital, cuyo electorado vio cómo el mandatario machacó con fuerza, y con viaje a China incluido esta misma semana que acaba de pasar, todo lo relacionado con el metro y su apuesta por volverlo subterráneo. Eso le abrió otro frente de batalla con la saliente alcaldesa, Claudia López.
Desde que realizó una destacada carrera siendo congresista de oposición, dando debates trascendentales como el de la parapolítica o los tentáculos que alcanzó a tener la corrupta Odebrecht, Petro ha denunciado la compra de votos en todas las elecciones en las que ha participado y lo ha impulsado como una narrativa para hacer campaña. De hecho, en las legislativas del 13 de marzo de 2022, cuando el Pacto Histórico logró 20 curules en el Senado con 2,8 millones de votos, se quejó con fuerza de la supuesta pérdida de unos 500.000 sufragios.
En ese entonces, se fue con todo contra la Registraduría de Alexander Vega, al igual que atacó a la firma Thomas Greg & Son, la que maneja los softwares electorales en el país, por supuestamente aupar un presunto fraude electoral que, valga decirlo, tribunales judiciales desmintieron. Por eso, apenas aterrizó el viernes en Colombia tras sus periplos por México y China, se puso al tanto de cómo avanza el plan de pagar recompensas a quienes den información que permita capturar a los compradores de votos y las organizaciones criminales que tienen detrás.
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Es una forma de notificar que el autodenominado “Gobierno del cambio” vigilará todo el territorio para evitar que se pierdan sufragios. Pero, para sectores de oposición, es una forma de anticipar una narrativa sobre supuestos intentos de fraude y deslegitimar los resultados que, de acuerdo con los sondeos de las dos últimas semanas, le serían adversos a su proyecto político.
No en vano, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó hace cuatro días que con base en información recopilada en terreno hay un alto riesgo de que en 133 municipios de 24 departamentos se registren “conflictos sociales” por inconformidad con los resultados. “Nuestro fin primordial es prevenir a las autoridades sobre los lugares donde podría presentarse un desconocimiento de los resultados electorales, desconocimiento que podría derivar en hechos de violencia”, precisó el funcionario.
Pero Petro, fiel a su tono confrontacional y convencido de la defensa de los principios que siempre ha enarbolado en cuanta campaña política ha estado, aseguró que -evitando señalar personajes en específico- “todo lo que han dicho fue una burbuja con la intención de generar votos”. Camargo, por supuesto, le ripostó y lo acusó de “mostrar una desconexión con la realidad de las comunidades más vulnerables”.
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Y en medio de esa polémica el país vio este sábado cómo desconocidos se metieron a la fuerza en la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar, y le prendieron fuego. Dos civiles y dos policías terminaron con quemaduras y una mujer, que quedó atrapada entre las llamas, perdió la vida en este hecho de violencia Algunas versiones apuntan a que todo se generó en represalia por la anulación de una candidatura a la alcaldía de ese municipio.
En todo caso, el Gobierno mantiene adelante su programa de pagar hasta $20 millones por información útil para “cazar” a compradores de votos y, como dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el Ejecutivo está convencido de que estas serán unas elecciones tranquilas, transparentes y con garantías para todos los espectros políticos.
“Nosotros no hacemos ningún tipo de alianzas con ninguna organización irregular. De hecho, esta es una elección en donde en cada región de Colombia hay competencias”, enfatizó Velasco. Además, recordó que se desplegarán 220.000 uniformados en todo el país para garantizar la seguridad de los comicios y que están colaborando para investigar los 211 expedientes judiciales que, según la Policía, se han abierto por cuenta de la comisión de posibles delitos electorales.
Oposición y presidenciales
Ahora bien, más allá de la milimetría política particular de una elección regional como esta, en la que está en juego el futuro de 32 gobernaciones, 1.102 alcaldías, 418 curules para diputados de asambleas departamentales, 12.072 para concejos y 6.885 para ediles, también hay expectativa sobre cómo les va a ir a los partidos aliados de Petro y a los de oposición.
La razón es que estas votaciones y sus resultados impactan en los apoyos que el presidente pueda tener en el Congreso para sus reformas sociales, tema que aún no avanza como se esperaba en la Casa de Nariño y tiene abiertos los rumores de cambios ministeriales. En efecto, si las colectividades aliadas del Ejecutivo toman fuerza, su negociación con otros partidos sería más sencilla porque el panorama regional entraría en los diálogos. Pero si es la oposición la que toma fuerza, el ajedrez legislativo cambia y necesitaría de mayor espacio burocrático para buscar los votos en el Capitolio.
No es del todo gratuito que en los meses previos a las elecciones se le diera la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) a Laura Sarabia, una de las mujeres con más poder en el Gobierno y quien tiene a cargo los $10 billones que maneja esa entidad; un rubro importante de ese dinero es para subsidios. Y, por otro lado, se le dio vida jurídica al Ministerio de la Igualdad, entidad que abrió espacio para más de 700 cargos y que tendría, según cálculos iniciales, un presupuesto de $500.000 millones; de esta cartera sale el pago de $1 millón a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que, como dijo Petro, no se dediquen “a matar”. El proceso quedó listo justo a dos semanas de la cita a urnas de este domingo. ¿Casualidad?
Por todo esto es que los partidos de oposición también se están jugando un reencauche electoral, pese a no tener un liderazgo fuerte y estar algo desdibujados en el debate nacional. Si tienen buenos resultados, no solo le muestran dientes a Petro, sino que plantean un escenario más favorable para el 2026. Estructuras como el Centro Democrático y Cambio Radical apuestan por tener varias alcaldías y gobernaciones para hacerle contrapeso desde las regiones al Gobierno y es la razón para que figuras como el expresidente Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras recorrieran con fuerza varias zonas para intentar consolidar sus proyectos. Y el expresidente Andrés Pastrana, con menos incidencia, hizo lo propio con Nueva Fuerza Democrática.
¿Y, la paz total, cómo queda?
En medio de estas pujas políticas también está en juego parte de la llamada paz total que impulsa el presidente y que hace tan solo 48 horas desató una dura confrontación institucional. Por un lado, este proyecto tiene un alto componente regional y de incidencia territorial, por lo que los alcaldes y gobernadores que ganen este domingo tendrán una fuerte influencia en su ejecución; esa es otra de las razones por las que Petro busca aliados en esos cargos.
Pero, por otra parte, la intención reversada de llevar a las disidencias de alias Iván Mordisco para estar presentes en el acto inaugural de las elecciones puso al Gobierno a reeditar su pelea con la Registraduría. El banderazo electoral de este domingo se cambió de Popayán a Armenia por lo mismo, y tanto el registrador Vega como el ministro Velasco se echaron mutuamente la culpa de por qué se dio la controversial invitación.
En video: Lo que debe tener en cuenta para votar este 29 de octubre
No es un tema menor, porque con esa agrupación criminal, que tiene cerca de 3.000 hombres en armas, hay unos diálogos de paz andando y, pese estar en una fase de cese al fuego, similar a la que hay con el Eln (otra negociación que aún no muestra avances sustanciales pese a haber comenzado hace ya un año), sus hombres no estaban permitiendo la entrada del material electoral en al menos 15 municipios del Cauca y había alertas por situaciones parecidas en Meta, Norte de Santander y Guaviare. “Estamos volviendo al resurgimiento del paramilitarismo delante de nuestros ojos”, le dijo a El Espectador el fiscal General, Francisco Barbosa, en una entrevista que también se publica este domingo.
Y para rematar este conato de crisis institucional, que tiene al presidente en un seguimiento minucioso de cómo se desarrollará toda la jornada, esta vez no se verá la tradicional foto de Gobierno y autoridades electorales abriendo los comicios desde el puesto de votación de la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Allí solo estarán los delegados del Ejecutivo, pues la Registraduría hará lo propio desde la capital del Quindío y el jefe de Estado sufragará en un colegio de un barrio del sur bogotano; es su lugar tradicional de votación, pero también es leído como un acto de campaña para hablarles a sus bases.
Lo que pase este domingo, en una jornada en la que el voto debe ser un ejercicio a consciencia e informado, pero en la que el dinero y las alianzas de última hora pueden mover fibras, marcará el rumbo de un país que viene inmerso en una dura polarización que se disparó desde que se firmó el acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016. Los discursos sobre seguridad están exacerbados, la confrontación sobre qué futuro debe tomar Colombia es muy dura y quienes queden al mando del poder regional entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre del 2027 -que son a quienes se eligen este 29 de octubre- tendrán la tarea de tender puentes con la Casa de Nariño que comanda el presidente Petro para garantizar la estabilidad institucional y democrática. La expectativa está en cómo todas las partes asumirán ese reto.
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