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El Gobierno del presidente Gustavo Petro se apresta a librar desde esta semana un duro pulso con el Congreso, debido a su interés por sacar adelante una consulta popular que le permita al progresismo medir fuerzas en urnas de cara a las elecciones de 2026 con la tesis de que es la ciudadanía la que debe definir si quiere o no darle aire a la hundida reforma laboral.
El round que disputará la Casa de Nariño tiene su génesis precisamente en el despacho presidencial. Para las siguientes 72 horas, a menos que haya algún movimiento en la agenda oficialista, está previsto que se radique en el Capitolio el proyecto de ley con el que se busca darle piso jurídico a la convocatoria de una consulta con la que se quiere plantearles no más de 12 preguntas a los ciudadanos en torno al sistema laboral.
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El Espectador estableció que el grueso del cuestionario que se va a radicar ante la Secretaría General del Senado ya tiene el visto bueno de Petro y de todo su gabinete, por lo que las firmas necesarias se están plasmando en los documentos de la iniciativa que incluye, además, una memoria justificativa en la que en plata blanca se dice que el “constituyente primario” es el llamado a dirimir las diferencias entre las ramas del poder público que tienen origen en el voto.
Y aunque el temario es amplio y busca incluir ítems como la contratación de los aprendices del Sena y el fortalecimiento de ciertas actividades sindicales –entre otros asuntos–, la nuez para el Ejecutivo está en dos factores que generan división entre varios sectores políticos y algunos voceros de los privados.
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Se trata del reconocimiento del recargo nocturno desde las 6 de la tarde y el pago de un 100 % de los dominicales y festivos trabajados, aspectos que han generado resistencia entre un sector empresarial por los costos que esto traería pero que –en contraste– han sido una petición formal de los trabajadores del país desde hace varios lustros cuando, bajo la tesis de fomentar el empleo, fueron modificados durante la administración del ahora expresidente Álvaro Uribe.
De hecho, esos temas estaban en la frustrada reforma laboral que se hundió hace algunas semanas en la Comisión Séptima del Senado y que desató una dura controversia entre la Casa de Nariño y el Capitolio, pues mientras desde la primera insisten en que supuestamente se cercenó la deliberación legislativa por no avalar la iniciativa, desde el segundo defienden la separación de poderes y la independencia constitucional frente a sus decisiones.
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Durante el trámite de la iniciativa hundida se presentó un estudio del Banco de la República que alertó por el impacto sobre más de 400.000 empleos formales que podrían transitar hacia la informalidad si pasaba la reforma, pero desde el Ministerio del Trabajo tienen análisis que dan cuenta de que, por el contrario, los ajustes al sistema laboral implicarían la creación de al menos 92.000 puestos nuevos cada año.
“Estamos terminando de formular las preguntas, que tienen que ser limpias, sencillas y leales con la reforma laboral que este Gobierno ha venido impulsando y sobre la que los colombianos ya saben quiénes se atravesaron en su camino; esto es por la recuperación de derechos”, le confirmó a El Espectador el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
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En el proceso de construcción de esta iniciativa, que tras su radicación en el Senado debe surtir su trámite en la plenaria en un plazo de máximo 30 días (20 iniciales y 10 más de prórroga que contempla el ordenamiento jurídico), se recibieron más de 20.000 sugerencias a través de canales virtuales, además de los pliegos de peticiones que enviaron centrales sindicales, comunales, indígenas y –ente otras– de la sociedad civil. Y, en paralelo, se están elaborando decretos sobre derechos colectivos que serán publicados en cuestión de semanas.
El miércoles pasado cuando se instaló la Mesa de Negociación Nacional Estatal 2025 –en la que el Ejecutivo y centrales obreras negocian el aumento salarial de los funcionarios públicos–, el ministro de Trabajo aseguró que el proyecto se le entregaría este 21 de abril al Senado para que comenzara formalmente su discusión.
Pero tanto desde la Casa de Nariño como en el Congreso le aseguraron a este diario que esa fecha podría moverse un par de días más debido a la emergencia sanitaria que el presidente Petro declaró por cuenta del brote de fiebre amarilla que hay en algunas regiones y que –según el entorno del jefe de Estado– es el tema que quiere priorizar en su agenda pública.
Incluso, el consejo de ministro de este lunes era sobre seguridad por la escalada violenta que disidencias, ELN, Clan del Golfo y otras narcobandas rurales y urbanas desataron en semana santa, pero el mandatario ordenó cambiar la agenda y que se haga sobre la fiebre amarilla, con transmisión a través de canales privados incluida, pese al fallo del Consejo de Estado que le puso a esto un freno.
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En medio de todas las definiciones técnicas para ultimar la iniciativa que en todo caso esta semana llegará al Capitolio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, está trabajando en el diálogo político con las bancadas que tienen asiento en el Senado, pues la batalla por los votos está en ese escenario que viene de ser en cierta medida hostil a los intereses del petrismo.
Benedetti se ha mostrado optimista sobre cómo lograr el respaldo que requiere la propuesta en su trámite legislativo, pues –más allá de la polémica que se desató entre oficialismo y oposición– el Gobierno arranca el debate con al menos 25 votos fijos (20 del Pacto Histórico y cinco de Comunes). Por mecánica congresional, una propuesta como esta necesitaría de una mayoría simple, lo que se traduce en la mitad más uno de los senadores que estén presentes el día en que se convoque la discusión de fondo del articulado.
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En contraste, el Centro Democrático (12 senadores) –del expresidente Uribe– y Cambio Radical (11 senadores) –del exvicepresidente Germán Vargas Lleras– ya dijeron que sus bancadas votarán no a la consulta en el Congreso, lo que indica que ya hay 23 votos negativos. Eso implica que colectividades que están fraccionadas internamente, como los partidos Liberal (13 senadores), Conservador (15 senadores), Alianza Verde (13 senadores) y La U (10 senadores), entre otras fuerzas minoritarias), verán cómo se valoriza su postura por el poder de inclinar en cualquier sentido la balanza.
Eso se traduce en que las negociaciones por la representatividad en el Ejecutivo de parte de quienes conforman esas colectividades están calientes y es un nodo de esa milimetría política con la que el Gobierno busca apoyos en diálogos directos con los legisladores y no a través de la institucionalidad de cada una de esas fuerzas.
“Es mediante esta consulta que buscaremos fortalecer la democracia y asegurar que los derechos laborales sean una prioridad en nuestra agenda nacional”, precisó Benedetti.
El pulso por librar no es sencillo, pues a este ajedrez político y electoral hay que sumarle que los liberales presentaron un proyecto de ley que, en resumen, busca que se pague el recargo nocturno desde las 6 de la tarde y que se reconozca el 100 % de los dominicales y festivos laborados, dos aspectos claves que el Gobierno quiere tramitar vía consulta popular.
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Lo que pasa de fondo es que la iniciativa liberal está tomando fuerza, al punto de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), aseguró que ese proyecto puede lograr consensos entre varias bancadas y obtener su aprobación con celeridad. Eso derivaría en que la consulta se quede sin oxígeno, pero el Ejecutivo no quiere ceder.
A todo este panorama se le debe sumar que en el Senado también se dará al pulso por la elección de quien sucederá en el cargo a la magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo, para lo cual el presidente Petro radicó una terna con los nombres de Karen Caselles Hernández (magistrada auxiliar de ese alto tribunal), Dídima Rico Chavarro (magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz) y Héctor Carvajal, uno de los abogados personales del jefe de Estado y del propio Pacto Histórico.
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Además, pero en la Comisión Séptima del Senado que tampoco ha sido favorable a los intereses palaciegos, arranca el tercer debate de la reforma a la salud, otro proyecto petrista que ha desatado una dura controversia.
Y es en medio de esas turbulentas aguas legislativas que Petro y sus aliados quieren sacar adelante una consulta popular, con la cual buscan movilizar electoralmente a sus bases y demostrar que –desde su óptica– sí tienen apoyo para reelegir a la izquierda en 2026. La oposición, por su parte, aún no define una acción conjunta para enfrentar este proceso.
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