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La orden ya está dada. El presidente Gustavo Petro instruyó a todo su gabinete –y desde ahí hacia abajo al resto de dependencias del Ejecutivo– para que se vuelque por completo hacia la campaña por la consulta con la que quiere medir cuánto respaldo popular mantiene bajo la tesis de querer darles oxígeno a las reformas que no han logrado consensos en el Congreso. Y, para cumplir su propósito, delineó una estrategia en tres frentes que ya comenzó a aplicarse.
Durante al menos tres reuniones privadas que se realizaron esta semana en la Casa de Nariño, y otro par que se hicieron a puerta cerrada en las últimas 48 horas en Barranquilla, se determinó que los comités del sí que defenderán al Gobierno deben ser liderados por cuadros de alto voltaje político y que tengan la suficiente experticia en la búsqueda de votos, especialmente en regiones donde la institucionalidad actualmente está en manos de sectores no afines al proyecto progresista.
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La línea, por decisión de Petro, la debe tirar todo el tiempo el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien además le deben reportar los avances de la campaña que ejecute cada nodo que se desplegará en los 32 departamentos. Esa es la razón por la que en casi todos los eventos públicos del jefe de Estado viene apareciendo a su lado el funcionario, lo cual es un mensaje –de acuerdo con fuentes de ese círculo de poder– a las bases sobre la persona que tiene el guiño para ordenar el proceso; eso se traduce en que le deben hacer caso.
El Espectador estableció que esa decisión se tomó para conjurar los episodios de rebelión en torno a Benedetti, pues para nadie es un secreto que en el propio equipo de Gobierno y en otros niveles hay descontento por los ruidos que rodean al ministro. Además, según confirmó este diario, el mismo presidente les notificó de este paso a sectores partidistas con los que se ha visto en Palacio, como pasó en la tarde del jueves cuando recibió a una fracción petrista de Alianza Verde que ahora lidera el senador León Freddy Muñoz.
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Eso, además, conecta con el anuncio que realizó Benedetti el viernes, cuando divulgó un video en el que aseguró que serán entre 10 y 12 preguntas las que se llevarían a las urnas y que, a menos que algo cambie en los siguientes días, el proyecto que se le debe enviar al Senado para que allí se habilite jurídicamente la consulta será presentado la primera semana de abril.
Y aunque para la Presidencia el Congreso ya dejó de ser una prioridad, pues leen que el Capitolio se convirtió en una especie de búnker de la oposición para frenar la agenda del Ejecutivo, se mantienen diálogos con sectores partidistas que a cambio de representatividad pueden ser susceptibles de ajustar sus decisiones. La razón es que para que la consulta pase por el Senado se requieren de al menos 53 votos y, hasta ahora y sumando algunas fuerzas aliadas del petrismo, las cuentas no pasan de 30.
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En este escenario hay un aspecto que la oposición llevó a un terreno que conoce bien el presidente Petro y es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, desde este lunes estará en Washington un grupo de legisladores de diversas fuerzas encabezado por el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), exigiendo lupa sobre la situación en Colombia, pues la tesis que se tiene es que el giro verbal del mandatario y las acciones de su equipo de activistas –entre ellos varios ministros– para presionar decisiones en otras instituciones son “una amenaza” a la independencia de poderes y “a la seguridad” de quienes no caminan en la ruta que espera la Casa de Nariño.
No es gratuito que Petro use cada vez con mayor frecuencia en sus redes y eventos públicos los términos “nazi” y “fascistas” para referirse a quienes no comparten su visión de Estado. Y eso, con toda la carga de profundidad que tiene, es leído como un “peligroso perfilamiento” que debe ser frenado por instancias internacionales ante, dijo la oposición, la imposibilidad de que el jefe de Estado pare esos señalamientos.
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Esto último lo ratifican, entre otras cosas, por la negativa del presidente Petro de retractarse ante una acusación que le hizo al exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre una obra en Bogotá y que, con fallo judicial ejecutoriado, el Consejo de Estado determinó debería concluir en un retiro público del señalamiento. El mandatario, dándole un uso electoral, dijo que así lo enviaran a la cárcel no podría, según él, ponerse del lado de una mentira.
“El presidente Petro sí es respetuoso de la institucionalidad y de la separación de poderes, pero hay decisiones que está en su derecho ciudadano de no compartir y por eso, sin desconocerlas, las contradice en público. Él es un provocador, en el sentido de generar y abrir debates públicos para que la sociedad entre en ellos”, le dijo a El Espectador una de las personas más cercanas al mandatario y que está enterada del paso a paso de lo que se quiere hacer para que el progresismo se quede en el poder en el 2026, que al final es el objetivo principal.
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Aquí entra en la ecuación la otra parte de la estrategia que se hilvana, pues Petro en particular y el resto de funcionarios de Gobierno en general –incluyendo contenidos que se divulgan por el sistema de medios públicos RTVC– endurecieron con mucha fuerza sus adjetivos para referirse a sus contradictores. No es solo “nazi” o “fascistas”, sino que habla de “bestialidad”, “asesinos” y, entre otros términos de alto calibre, “traficantes de la muerte”.
“Ya salieron los oligarcas, los dueños del dinero, los que matan y asesinan, a gritar contra la consulta popular porque le tienen miedo al pueblo de Colombia”, fue una de las frases más explosivas que usó en los últimos cinco días el presidente. Esta subida de tono, que es algo que se verá con mucha más frecuencia en la medida en que se caliente la campaña, es una idea directa de Petro respaldada por sus asesores y círculo de poder, pese a que mandatarios locales, agremiaciones como Asocapitales y Fedemunicipios y otros blancos de sus dardos han rechazado “esas estigmatizaciones”; la duda es si esto le ayudará o no en la construcción de lazos con las regiones.
Eso concuerda con las formas que ahora usan también ministros como los de Educación, Daniel Rojas, de Trabajo, Antonio Sanguino, de Minas, Edwin Palma, y otros más que vienen de una línea más activista que técnica y que son los rostros de los que ahora se quiere rodear el jefe de Estado. De ahí que la depuración de la que él mismo habló, en especial de quienes lo contradicen dentro del propio Gobierno, pasó del gabinete a cargos medios que comenzarán a salir en cuestión de días; el progresismo, por decisión del mandatario y en su derecho democrático tras ganar los pasados comicios, quiere estar en todos los niveles de mando.
Por eso es que la oposición, liderada en toldas distintas por el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Vargas también salió desde ya a hacer campaña a su modo. No solamente buscan oponerse a la votación de la consulta en el Senado, sino que instruyeron a sus partidos –Centro Democrático y Cambio Radical, respectivamente– para que promuevan entre sus bases la abstención si finalmente ese proceso llega a las urnas.
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Su decisión la justifican en los cerca de $500.000 millones que –según fuentes de la Registraduría– podría costar la consulta. Además, porque su interés principal es precisamente recuperar espacios de poder en la Casa de Nariño y el Congreso, por lo que buscan enfocar sus esfuerzos en mover los votos hacia ese propósito.
Los otros movimientos
Pero, al estilo oficialista, también han endurecido su tono. Llaman al presidente “mentiroso” y no en pocos debates califican al Gobierno de “inepto”, “corrupto” y hasta han llegado a decir que el paso del mandatario y varios de sus funcionarios por el extinto grupo criminal M-19 –convertido en movimiento político tras su desmovilización y entrega de armas– pone en riesgo la alternancia en el poder central que ha caracterizado a Colombia desde la expedición de la Constitución de 1991.
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En paralelo, mientras esto se agita, hay una coalición de colectividades tradicionales que se está cocinando y que busca abrirse espacio más allá de la polarización en la que entraron petristas y antipetristas. En efecto, como lo reveló este diario, los partidos de La U, Liberal, Conservador y Nuevo Liberalismo ya tienen listo un principio de acuerdo para ir de forma conjunta para las siguientes presidenciales, aliarse de cara a la conformación de mayorías en el próximo Congreso que se elige en 2026 y mantenerse en la abstención si hay consulta.
Los diálogos los vienen liderando el expresidente César Gaviria (liberal) y el exregistrador Alexander Vega (La U) y la apuesta es, en una consulta interpartidista que se proyecta para buscar un candidato único a la Presidencia, lograr al menos cinco millones de votos. Es casi la misma cifra que se calcula en el oficialismo que mantiene fija Petro y que puede heredar a quien enarbole finalmente las banderas de la reelección del progresismo.
Y el tercer frente, mientras todos estos pasos se dan, está en las calles. Este es el escenario predilecto del mandatario para hacer política y ejecutar la estrategia de que “no hay mejor manera de hacer campaña que volviéndose oposición”, pero como ahora es Gobierno busca es enfrentarse democráticamente a la institucionalidad que no le copia; esta ha sido una línea de Benedetti que Petro le ha comprado.
Ya el pasado 18 de marzo el país vio manifestaciones callejeras en varias regiones en favor del jefe de Estado y, aunque igual se firmaron contratos con recursos públicos que consolidan bases para promoverlas –solo con organizaciones indígenas hay al menos $180.000 millones destinados a esos procesos–, hay un grueso de gente que está con la Casa de Nariño. Las encuestas más sobrias hablan de un péndulo de entre el 20 y 30 por ciento del electorado que está con el mandatario (cifra que sube si el sondeo es pagado por Palacio) y, por supuesto, el Ejecutivo lo quiere consolidar.
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La ruta de las manifestaciones sigue el 9 de abril, día de las víctimas, y el primero de mayo, día del trabajo, fechas claves de la historia del país y que el Gobierno quiere aprovechar para que se den movilizaciones de sus afines.
Pero mientras estos tres frentes avanzan y la oposición trabaja en sus propias estrategias, porque como todos lo reconocen el país ya está en campaña así le falte aún año y medio largo a la actual administración, el presidente Petro usará sus consejos de ministros –algunos televisados– para exigirle a su gabinete que fortalezca la ejecución.
Es por eso que durante esta última semana se le vio en tres regiones diferentes y desde la que viene esa presencia será reforzada. Además, la intención es que los recursos se focalicen en programas y zonas que le son más fieles al progresismo, lo cual permitiría consolidar esos respaldos para los ejercicios electorales que se avecinan.
“Lo que viene solo será cada vez más polarización en busca de réditos políticos”, advirtió un reciente editorial de El Espectador. Y, por eso mismo, es que todos los sectores están en guardia, con los focos puestos en cómo la administración pública intenta seguir a flote en medio de la campaña, los riesgos de descertificación desde Washington, un orden público marcado con más violencia con el paso de los días y, entre otros varios frentes que en todo caso son matizados por el crecimiento económico y la estabilidad de los mercados y las divisas, una esquela de expedientes judiciales que tocan por separado a la cúpula que rodea a Petro y a fichas de alto nivel de la oposición.
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Eso sí, ante este panorama y según lo confirmaron fuentes de la Casa de Nariño, la orden es jugarse el todo por el todo, así no se logren los 13,6 millones de votos que se requieren para la consulta popular. Este último tercio de la primera administración de izquierda pura estará marcado por una campaña llena de pugnacidad constante y que tiene la reelección del proyecto progresista –por un lado–, y la estrategia de sus contradictores de frenarla –por el otro–, como objetivos principales de ambos bandos. Hay expectativa y alertas encendidas.
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