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El Gobierno busca tomar el control del discurso sobre la seguridad en Colombia con una alocución que comenzó con un llamado del presidente Gustavo Petro, acompañado por la cúpula militar, a desmentir que hay un “colapso de violencia”. Pero la ola de enfrentamientos que se tomó el Catatumbo y que ahora deja un “plan pistola” con 21 uniformados (16 policías y cinco soldados) asesinados en menos de un mes golpeó al país, puso a las regiones afectadas a pedir al mandatario acciones contundentes que empiecen a mostrar resultados de la cuestionada política de paz total.
“Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia”, afirmó.
Y el “balance real” que había anunciado el mandatario 27 horas antes de que se iniciara la alocución presidencial sobre la seguridad, comenzó con una pulla al Consejo de Estado por la decisión de prohibir la transmisión de los consejos de ministros en canales privados a menos de que sea necesario. “Estamos ante un hecho casi sui generis de la historia universal y ante los países del mundo: se intenta censurar y callar la voz del presidente”, expresó el jefe de Estado.
El ausente fue el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, y en su lugar estuvo James Hares Chaid Franco, quien funge como secretario de Mindefensa y ministro (e). El jefe de la cartera se encuentra en reuniones con el líder del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Hosley, en Doral, Florida.
Lo cierto es que, más allá del mensaje que envió el Gobierno con este consejo de ministros, las diferencias que ya eran palpables entre la Casa de Nariño y los mandatarios locales volvieron a la mesa con esta nueva ola de violencia. No han sido pocos los que se han referido a la política de la paz total como un “fracaso”, una línea que ha venido incluso desde las filas del Ejecutivo: el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que esta “no ha salido bien”.
Sugerimos: Petro negó en alocución presidencial que haya un “colapso de violencia” en el país
Y es que esta ofensiva que inició el Clan del Golfo a mediados de abril, tras el asesinato de uno de sus cabecillas, José Miguel Demoya Hernández (alias “Chirimoya”), ya toca a 14 departamentos. Las represalias de los grupos armados ilegales tras el operativo que desplegó el Ejército Nacional se sienten en Córdoba, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre, Atlántico, La Guajira, Risaralda, Valle del Cauca, Meta, Chocó, Santander, y el Magdalena Medio y Urabá.
Las alarmas ya están prendidas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, —quien ya en el pasado ha tenido diferencias con el mandatario por el manejo de la seguridad en el país— instó al mandatario este lunes a firmar el decreto con el que aumentaba el pie de fuerza en el departamento. Incluso, señaló que no se trata de una “decisión ideológica”, sino de un “mandato constitucional de preservar el orden público”.
“La solicitud de asistencia militar se eleva ante el presidente de la República por la limitación del pie de fuerza que tiene la Policía del departamento y por el riesgo que existe sobre sus integrantes. (…) Espero que conforme a lo que ocurre en Antioquia, el mandatario esté a la altura y disponga de las acciones que correspondan para que esto tome lugar y nos permita salvaguardar la vida de los uniformados y la seguridad de los antioqueños”, señaló el mandatario local.
Desde departamentos como el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro también ha pedido el aumento del pie de fuerza. Tanto ella como el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ya fijaron recompensas para encontrar a los responsables de los crímenes y este último ha pedido respaldar a la Policía y al Ejército en medio del asedio.
Y no han sido pocas las críticas que llegan al Gobierno por tener “maniatada” a la Fuerza Pública con la paz total, algo que conecta directamente con el crecimiento en números de las estructuras criminales. Si bien el principal dinamizador del “plan pistola” es un grupo armado con el que el Gobierno suspendió el cese al fuego en marzo de 2023 —el Clan del Golfo—, los señalamientos son también por los otros con mayor presencia en el territorio colombiano, como el ELN y las disidencias de las Farc.
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Este lunes se levantó un paro armado de esa guerrilla en el Chocó que dejó cerca de 32 mil afectados, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. La gobernadora Nubia Córdoba le dijo a este diario que la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo les ha permitido ganar mayor espacio, por lo que “la única manera de evitar que crezcan y se fortalezcan es que el control del territorio lo tenga el Estado”.
“En un departamento como el Chocó, donde sus condiciones geográficas determinan las dinámicas tanto del conflicto como de las economías de los grupos ilegales, la Fuerza Pública requiere más herramientas, eso es lo que hemos solicitado”, señaló. De todas formas, aseguró que, desde su perspectiva, las fuerzas armadas no están maniatadas.
Mientras la paz total trata de sortear los calificativos de “estancamiento”, tiene la mirada puesta en la mesa de negociación con el Frente 33 para que dé frutos. El anuncio de este sábado sobre la Zona de Ubicación Temporal en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, ya fue calificado por Benedetti como “un avance importantísimo”.
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Y esto viene después de las críticas que rodearon a la Casa de Nariño por levantar el cese al fuego y después expedir el Decreto 0048 de 2025, con el que Petro ordenó suspender las operaciones militares ofensivas contra las disidencias. Eso sí, el Gobierno ya advirtió que “si no se concentran, entonces se acaba la mesa de negociación”.
Mientras el Gobierno trata de tomar las riendas de la política de seguridad para dar resultados en un año en el que ya tuvo que invocar la figura de conmoción interior para hacerle frente a los combates en el Catatumbo, las regiones piden mayor presencia de la fuerza pública. En el entretanto, no soltará la paz total, la apuesta más ambiciosa de Petro en materia de seguridad.
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