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La visita de la canciller Laura Sarabia a Viena (Austria), para participar en las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, remató una serie de movidas del presidente Gustavo Petro enfocadas en darle un giro a la política de drogas. Aunque se trata de una estrategia que viene desarrollándose incluso desde la campaña de 2022, tomó vuelo en las últimas semanas en medio de las crisis de orden público que se vive en Catatumbo, Cauca y otras regiones.
La canciller es una de las varias puntas de lanza de la apuesta, pues fue a ella a quien Petro le pidió buscar el respaldo internacional para tomar un nuevo rumbo en la lucha contra las drogas. Este lunes, la funcionaria dio un primer paso en ese sentido y le planteó a Naciones Unidas un debate del que ya había hablado el mandatario: la descriminalización de la hoja de coca, puntualmente con su exclusión de la lista de sustancias más dañinas.
“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía (…) La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, dijo la jefa de la diplomacia colombiana.
Lo que busca el presidente es repetir la victoria que logró hace un año en ese mismo escenario, cuando, con las gestiones de la embajadora Laura Gil en Viena, Colombia promovió y aprobó una resolución para que la política global de drogas incluyera las palabras “reducción de daños”, lo que en otras palabras implica abordar el problema desde el enfoque de la salud pública. “Hemos dado un paso sustancial y Colombia, de estar siempre de rodillas, ha pasado a ser líder en el mundo”, dijo Petro en esa ocasión.
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Desde entonces, el mandatario ha querido mantener una imagen de referente global en la materia; sin embargo, como lo reconoció Sarabia, él y todos en el Gobierno saben que el problema de las drogas es en buena medida un asunto doméstico que requiere acciones concretas y urgentes. Por esa razón, la canciller le dijo a la comunidad internacional que la administración seguirá siendo “rigurosa” en la erradicación e interdicción y, de hecho, recordó que en dos años se han incautado más de 1,9 millones de kilos de cocaína, 215 mil kilos de pasta base y que se han destruido 454 laboratorios clandestinos.
Cabe anotar que en 2022 Petro recibió el país con 230.000 hectáreas de hoja de coca, lo que representa un incremento del 21 % con respecto a los datos más actuales (250.000 hectáreas en 2023). Desde entonces, ha mantenido la idea de no fumigar con glifosato y insistido en mezclar erradicación voluntaria y la interdicción de cocaína.
Las movidas en Viena coinciden, precisamente, con la puesta en marcha de un ambicioso plan de sustitución de cultivos en el Catatumbo, esto en el marco de la conmoción interior por la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc. En esa región hay 53.000 hectáreas de coca, por lo que el Gobierno planteó erradicar voluntariamente cerca de 25.000 con una inversión de $330.000 millones. Según Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos, la idea es pagarles $1.280.000 durante cada mes durante un año a los cocaleros que tumben sus matas, esto mientras se garantiza su paso a una economía lícita.
La estrategia funcionará como una suerte de laboratorio para conocer si se puede escalar a otros departamentos, como Nariño, Putumayo y Cauca (todos con más de 30.000 hectáreas de coca). Este fin de semana, tras la escalada violenta en el Cañón del Micay, el Gobierno aceleró su plan en ese último departamento, en el cual –según el propio Petro– el territorio está “dominado por carteles mafiosos extranjeros”.
Según la Casa de Nariño, en esa zona, puntualmente en el corregimiento de El Plateado, se conjugan las dos caras de la actual política de drogas: la ofensiva contra los grupos armados vinculados con el narcotráfico y la erradicación voluntaria, con pagos de hasta $8,7 millones por familia. En ambos casos, sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de la apuesta, ya que las organizaciones campesinas temen que se calque el modelo del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), que fracasó porque, según dicen, las transferencias no compiten con la economía ilícita de la coca y menos si los pobladores están bajo las amenazas y presión constante de los ilegales.
Este mismo lunes, el presidente Petro citó a un nuevo consejo de ministros televisado para pedirles a sus altos funcionarios un plan de respuesta a la ola de violencia en el Cañón del Micay. “El campesinado decide si continúa con una economía ilícita que solo trae muerte de hijos y desesperanza o con el gobierno; y de manera voluntaria nos movemos hacia una economía para la vida, de producción alimentaria agroindustrializada y con posibilidades de exportación”, dijo el jefe de Estado, en uno de sus trinos, sobre el problema del narcotráfico en esa región.
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En este punto entran a jugar un papel clave los nuevos ministros de Defensa, Pedro Sánchez, y del Interior, Armando Benedetti; pues, de hecho, ambos estuvieron el fin de semana en el Cauca, recibiendo a los 29 uniformados que fueron secuestrados en El Plateado durante una asonada. A Sánchez, el presidente Petro le pidió sacar del territorio a los carteles; mientras que a Benedetti, lo envió para intentar limar asperezas con las comunidades y mostrar toda la oferta institucional.
Otra ministra con tarea es Ángela María Buitrago, quien también estuvo en Viena junto a Sarabia, explicando que la apuesta del Ejecutivo está planeada para el periodo 2023-2033 y va en las tres direcciones mencionadas: incautación, sustitución y agenda internacional. Buitrago, además, tiene el reto, también puesto por el mandatario, de respaldar en el Congreso un nuevo intento de regular el consumo adulto de marihuana.
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Según el mandatario, ese es otro de los cultivos que se puede sacar de la violencia, pues, actualmente, explicó, la criminalización de esa planta ha empoderado a las organizaciones mafiosas. La ministra y buena parte del Congreso respondieron positivamente al llamado, pero lo cierto es que no parece haber ambiente para la discusión, pues falta un año para las próximas elecciones y, además, la agenda está copada por otros proyectos del oficialismo, como la reforma a la salud y la laboral, aún pendientes de dos debates en el Senado.
Así las cosas, la política de drogas de Petro toma un nuevo aire en el último tercio del gobierno, con la mira puesta en la búsqueda de respaldo internacional y la recuperación de las regiones con más coca. Sin embargo, advierten los expertos, la estrategia aún carga con el lastre de la mala implementación del Acuerdo de Paz de 2016, las fallas de la llamada paz total y problemas de base como la falta de claridad en las metas, la ausencia de un funcionario que la lidere y los vacíos presupuestales, entre otros.
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