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Algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) le han estado preguntando a su compañero Benjamín Ortiz, quien investiga desde hace más de un año la campaña del presidente Gustavo Petro, cuándo presentará el expediente del caso para que puedan estudiarlo y se vote en Sala Plena si se presentarán o no cargos contra el grupo del “Cambio”.
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Pues aunque Ortiz (Partido Liberal) dijo anteriormente que en marzo les daría una copia a los despachos y llevaría el caso a la Sala Plena, esto no sucedió, pues pidió nuevas pruebas y facturas relacionadas con los gastos de la campaña para contratar servicios de seguridad y de publicidad.
En todo caso, el cuándo se presentará el expediente no es la única pregunta que se hacen los magistrados. Las dudas giran especialmente en cómo votarán los ocho togados y en si lograrán la mayoría absoluta que necesitan para votar a favor o en contra del pliego, o si, por el contrario, la decisión final la tendría que tomar un conjuez del CNE.
En palabras sencillas, se necesitan al menos seis votos para que el CNE decida, y todo indicaría que están cinco contra tres: Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y César Lorduy (Cambio Radical) a favor de que se presenten cargos y Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Alba Lucía Velásquez (Polo Democrático) y Cristian Ricardo Quiroz (Alianza Verde) en contra.
Magistrados indican que si contaran con el voto del magistrado Altus Alejandro Baquero (Partido Liberal) se desenredaría la votación, llegando a los seis apoyos, pero este continúa suspendido por orden del Consejo de Estado, luego de que concluyera que no cumplía con los años de experiencia necesarios para el cargo. Se requieren 15 años y Baquero tenía 14 años, 11 meses y 24 días de experiencia profesional desde que recibió su título como abogado en 2007.
Por esto, en la votación podrían entrar a participar algunos de los 18 conjueces que tiene la organización electoral, que son abogados nombrados para actuar cuando se presenta un empate en una decisión. El año pasado, por ejemplo, la anulación de la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, se dio luego de que dos conjueces (Alberto Yepes y Jaime Hernando Suárez) se involucraran en el caso.
Fuentes cercanas a la entidad dicen que aunque algunos togados manifiestan que la entrada de conjueces a los expedientes son cosas propias de la normativa del CNE, otros no se muestran muy cómodos con esta alternativa para el caso Petro, pues sostienen que no les gustaría que una decisión de tal magnitud, como es presentar cargos contra la campaña que llevó al Poder a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda, quede en manos de funcionarios que no están de lleno en los asuntos de la entidad.
Entre los nombres de los conjueces resaltan abogados como Alberto Yepes Barreiro, exmagistrado del Consejo de Estado y quien ha representado a figuras como el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, y al concejal y excandidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui; el abogado tolimense Jaime Hernando Suárez Bayona, quien fue uno de los finalistas en la carrera para elegir nuevo registrador nacional, cargo que ahora ocupa Hernán Penagos.
También destaca el nombre de Majer Nayi Abushihab, entonces asesor del exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien fue abogado de la campaña de Federico “Fico” Gutiérrez a la Presidencia y sancionado en 2022 por la Corte Suprema de Justicia tras filtrar la declaración de la excongresista Aida Merlano en la que denunciaba la compra de votos en la costa Caribe. En este caso fue el apoderado del exsenador Laureano Acuña.
Otros conjueces son Lucy Jeannette Bermúdez, exmagistrada del Consejo de Estado y quien fue ponente del proceso de demanda de nulidad contra los resultados del plebiscito por la paz, apuntando que hubo un “engaño generalizado” que dio como resultado el triunfo del no; Alejandro Felipe Sánchez Cerón, quien ocupó el cargo de conjuez de la Corte Suprema y fue abogado del exgobernador del César condenado a 21 años Luis Alberto Monsalvo Gnecco por irregularidades en contratación del PAE.
Igualmente, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, quien hace menos de un mes fue nombrado director del Instituto de Pensamiento Liberal, centro académico de formación de esta fuerza política; y Jorge Iván Acuña Arrieta, quien fue el representante legal de Miguel Nule, uno de los responsables del “Carrusel de la Contratación” en Bogotá.
Y esta lista la completan María Andrea Calero Tafur, Javier Ignacio Castro Monsalve, Ronald Javier Vásquez García, Jaime Andrés López Gutiérrez, Libia Milena Ayala Romero, Fernando Guzmán Rodríguez, Jorge Enrique Sánchez Medina, Jesús María Carrillo Ballesteros, Julio Alexander Mora Mayorga y Marco Fidel Rodríguez Solano.
Para garantizar transparencia, el conjuez que se involucre en el expediente de la campaña Petro, ante un empate o de no alcanzarse la mayoría absoluta, será elegido mediante sorteo. Y puede ser pronto, pues el caso podría archivarse por vencimiento de términos en 2025 y todavía está en etapa preliminar.
Hasta ahora, Ortiz no les ha pasado a sus compañeros copia de los documentos que tiene bajo su poder, como las facturas de servicios contratados por el Pacto Histórico para la seguridad del entonces candidato Petro; los viajes aéreos en la Sociedad Aérea de Ibagué de él y de los candidatos al Senado por la coalición; la copia de la auditoría que hizo Nexia Montes & Asociados, que señaló presuntas anulaciones de facturas; las intervenciones de las personas citadas a rendir versión, como Laura Sarabia (directora DAPRE), Ricardo Roa (exgerente de la campaña y presidente de Ecopetrol), y los testigos electorales que dieron su versión sobre el presunto pago que realizó el equipo del “Cambio” a estas personas para que vigilaran el escrutinio de los votos.
Sin embargo, todo indicaría que sería pronto y los magistrados tendrían una semana aproximadamente para estudiar el expediente y llegar a la Sala Plena, donde se reúnen todos, con las observaciones que requieran y su voto definido. De aprobarse la formulación de cargos, se iniciaría la investigación formal a la campaña.
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Paralelamente, hay otra ponencia que pediría formular cargos al mandatario de los colombianos por posible uso irregular de propaganda electoral, pues, de acuerdo con denuncias que llegaron al CNE y que quedaron en manos del magistrado Alfonso Campo, Petro, siendo senador participó en eventos públicos en los que habría dejado clara su intención de aspirar a la Casa de Nariño y promovido su nombre.
Esta ponencia, sin embargo, ya ha sido dos veces aplazada en su discusión en la Sala Plena, pues los magistrados no quieren que se pierda el foco de la que lleva Ortiz con la ayuda de Prada y que termine deslegitimándose. Algunos togados le han dicho a Campo que frene el caso y espere que Ortiz presente el suyo.
Por lo pronto, la campaña Petro tendría cinco votos en su contra y la decisión de un conjuez podría abrir otro frente de batalla para el Gobierno, en el que tendría que demostrar y defender que su llegada al Poder se dio sin violar el tope de gasto permitido y ajustándose a la ley electoral. No es el único caso por el que tendría que responder, pues en la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes avanzan casos similares.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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