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Una antigua hacienda que fue centro de operaciones del bloque Calima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Buenos Aires, Cauca, y un negocio avícola incautado por presuntas acciones vinculadas al narcotráfico son ahora administrados por campesinos y comunidades negras víctimas de la guerra.
Esas tierras, con una sangrienta historia paramilitar y en donde se planeó la masacre del Naya, ocurrida entre el 10 y 13 de abril de 2001, pasaron a manos del Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca, microcuencas ríos Teta y Mazamorrero, en un reconocimiento de sus derechos territoriales y de cara a la reforma agraria y a la restitución de tierras en el marco del primer punto del acuerdo de paz firmado hace siete años con las extintas Farc.
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El predio Granja Salomé Alto del Cauca, conocido antiguamente como Hacienda San Carlos, fue entregado a la comunidad este 13 de diciembre por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y por el presidente Gustavo Petro, como parte del proceso de restitución vía extinción de dominio. Ese territorio, ubicado en la vereda San Miguel, fue históricamente habitado por comunidades campesinas; sin embargo, fueron desplazados por grupos paramilitares en los años 2000. Luego de la desmovilización de las AUC, en entre 2004 y 2005, y cuando la comunidad intentó recuperar su territorio, llegaron otros dueños que instalaron la avícola Sociedad Gavigan, que no sólo fue incautada por lavado de activos, sino que algunos de los pobladores la señalaron de ser responsable de la contaminación de quebradas cercanas y de malos olores.
“La comunidad no estaba de acuerdo con la construcción de la avícola, pero después de exigirle a los gobiernos que regularan los procesos, estos se han ido tecnificando y ahora es amigable con el medio ambiente”, le contó a El Espectador Yorleby Chambal, de la junta directiva del Consejo Comunitario, que se fundó en 2006 y que está integrado por 12.874 personas. Según Chambal, luego de la incautación, vieron una oportunidad de sembrar las tierras y continuar con el proyecto avícola de forma sostenible. La antigua sociedad, que pertenecía a Oswaldo Marín, hijo de Belcy Gómez Murcia, alias la Señora, quien será extraditada a Estados Unidos (EE. UU.), fue incautada por la Fiscalía y entregada a la SAE el pasado 10 de agosto
Así, después de años de lucha, las tierras no solo fueron devueltas a las comunidades, sino que también mantuvieron el modelo de negocio de engorde de pollos, pero asumieron mandato sobre el mismo. “Nosotros sabíamos en manos de quién estaban nuestras tierras y fue gente que nos causó mucho daño. Colocamos muchas demandas, hicimos protestas en la carretera e incluso, tuvimos conflictos internos. Pero, teníamos la responsabilidad de proteger el territorio”, señaló Ramiro Cortés Trujillo, también miembro del Consejo Comunitario, quien agregó que no sólo resistieron al paramilitarismo, el desplazamiento, desaparición forzada y a los daños de la avícola, sino también frente a empresas mineras y cultivos de uso ilícito.
El territorio recuperado es de 387 hectáreas e incluye la avícola, con 9 galpones y una capacidad de 400 mil pollos de engorde y la infraestructura para una lechería con capacidad para 190 vacas. “Para nosotros es un logro muy importante reiniciar una actividad desde nuestra comunidad”, aseguró Cortés. En el predio intervienen actores populares y privados; las empresas comunitarias ARDECANC y FUNDAMERCA, que agrupan a más de 1500 familias, asumieron la administración del negocio. Mientras tanto, una multinacional norteamericana mantiene el contrato para el engorde, pues aproximadamente 400.000 pollos no habían terminado su ciclo de 42 días en el momento de la incautación. No obstante, los miembros del Consejo son quienes han asumido el proyecto avícola y retomado la producción ganadera y agrícola.
Ahora, en la restitución también intervinieron otras entidades del Estado como el Alto Comisionado para la Paz (OACP), la Unidad de implementación del Acuerdo Final (UIAFP), el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Banco Agrario, entre otros. De acuerdo con el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, lo más complejo para lograr la restitución del predio y de otros a lo largo del país han sido los procesos jurídicos. “La comunidad colocó la denuncia y en la Unidad hemos venido haciendo varias reuniones para armonizar el proceso”, contó el director, quien señaló que hay varios procesos de restitución parados pues no han sido resueltas las demandas. Es más, señaló que el Gobierno apoya un proyecto en el Congreso que busca poder entregar tierras por vía administrativa, sin que los procesos lleguen necesariamente a los estrados judiciales, con una reforma a la Ley 1448.
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“Hay procesos que no tienen oposición y que podríamos sacar en etapa administrativa, para que no tengamos que recurrir a las demandas ante los jueces y magistrados de restitución”, aseguró Yule, quien afirmó que hay procesos que se han demorado lo que lleva de fundada la Unidad de Restitución, es decir, 12 años, pues en los tribunales no se han terminado de resolver las demandas, pese a que hay tierras que tienen un solo reclamante. “Hay personas que han muerto esperando la restitución (…) Nosotros lo que hacemos es cumplir las sentencias” explicó.
Por otro lado, el director de la Unidad dijo también que la finca podría catalogarse como un ejercicio agroindustrial, pues el predio tiene “la posibilidad de que la comunidad tenga unos excedentes económicos en ganadería y en pollos”, por el momento, por una vigencia de tres años por el que fue emitido el certificado sanitario. “La restitución no solamente es entregar la tierra, sino que hay que restituir la vida social, cultural, económica e incluso espiritual de las familias. Pero, esto se ha demostrado que sí podemos ser capaces de ser una potencia alimentaria a través de proyectos productivos, como lo ha manifestado el señor presidente”, precisó.
“Esta experiencia multiplicada, puede mostrar cómo todos los combatientes podrían no serlo y como la organización del pueblo puede mitigar la violencia”, dijo Petro.
De acuerdo con el presidente, este ejercicio de restitución hace parte del proceso de paz total y de la construcción de “democracia popular”. Además, aprovechó su discurso en medio del evento de entrega oficial de la hacienda para lanzar algunas pullas a gobiernos anteriores. Según dijo, en su primer año de administración ya lleva un 48 mil hectáreas restituidas, “más que (Iván) Duque”.
En algunos casos, en los que la víctima prefiere no recibir la tierra, pues es una persona mayor, ya no puede trabajarla o reside en otro lugar y no quiere regresar, la URT aplica compensaciones económicas. Chambal vive ahora en Cali, tras ser desplazado por la violencia, pero aseguró que aunque no está en su territorio, haberlo recuperado lo hace sentir una satisfacción enorme.
Igualmente, dudo en regresar por la difícil situación de orden público y porque la zona se ha convertido en un campo minado. “Después de los Acuerdos de Paz de 2016 y la llegada de las disidencias, uno ya no sabe qué grupo está atacando, ni cómo identificarlo. Por eso le decimos un campo minado”, dijo Chamnal. Por su parte, Cortés señaló que “nuestras raíces son del campo y, aunque hay que desplazarse, uno está incómodo”.
Ahora, pese a las bondades del proyecto, hay dudas entre algunos miembros de la comunidad sobre la sostenibilidad del proyecto, por la persistencia de actores armados cerca al predio, el mal estado de las vías terciarias y la ausencia del Estado en términos de seguridad.
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Por Laura Duarte Sandoval
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