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Hace 14 días exactos se firmó un decreto que pasó desapercibido para el grueso de la opinión y que, en esencia, ratificó lo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro consideró es la necesidad de mantener vigente al menos por un año más una planta temporal de trabajadores en la Unidad Nacional de Protección (UNP) de 1.170 personas y cuya vida jurídica la obtuvo en octubre pasado.
El documento está fechado del 27 de diciembre de 2024 y quedó rotulado con el serial 1595, el cual se emitió desde el despacho del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y si bien esos nuevos cargos llevaban poco más de dos meses operando –un total de 1.000 son escoltas–, este decreto decembrino revivió una polémica en torno a si en verdad era o no necesario generar esa ampliación de planta y por los modelos de selección del personal.
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“La necesidad de los empleos de carácter temporal creados al interior de la Unidad Nacional de Protección mediante el decreto ibidem (1268 del 11 de octubre de 2024), se requiere mantener vigente para desarrollar funciones que en razón al volumen de solicitudes no pueden ser realizadas en su totalidad por personal de planta actual y, por lo tanto, es necesaria la prórroga por el término de 12 meses”, quedó consignado en parte del documento que mantuvo la vigencia de los cargos temporales.
Lo que esto traduce –según fuentes de la UNP– es que la gente vinculada actualmente a la entidad no es suficiente para atender la cantidad de solicitudes de protección que llegan; solo en 2024, con corte a octubre, se contabilizaron cerca de 40.000. Además, de acuerdo con cifras oficiales, actualmente hay alrededor de 12.800 personas reconocidas con algún grado de riesgo que debe ser atendido, para lo cual se estiman gastos totales de unos $2,3 billones.
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Para ese universo de personas que requieren algún grado de atención para salvaguardar sus vidas desde los esquemas del Estado hay destinados cerca de 11.000 escoltas y alrededor de 5.000 camionetas blindadas. Pero, y aquí entra la defensa que la administración Petro hace de este movimiento de contratación temporal, el grueso de esas personas que protegen a los amenazados está tercerizado con privados; se habló de un 90 % de ellas.
Los cálculos que hizo en su momento el director de la UNP, Augusto Rodríguez –antiguo militante del extinto M-19 y una de las pocas personas que realmente le hablan al oído al presidente Petro–, es que por cada uno de los escoltas tercerizados se le pagan a los privados alrededor de $10,5 millones, de los cuales casi $4,7 millones le llegan a la persona por salarios y demás, y cerca de $1 millón es para apoyo de vestuario, armamento y otras necesidades del servicio que se deben cubrir. La diferencia, en palabras de Rodríguez, se queda en las empresas: unos $4,8 millones.
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Por todo esto es que, pese a que algunas voces de la oposición advirtieron de supuestas nóminas paralelas y hasta de presuntas alertas por la posible ideologización de quienes integran los esquemas de protección, la UNP entró con el decreto de diciembre en una nueva etapa de formalización laboral de los escoltas.
Los estudios técnicos de la entidad indicaron en su momento que es viable tener para 2026 entre 3.000 y 5.000 escoltas vinculados directamente a la UNP y que, para que eso se dé, uno de los primeros pasos administrativos es crear la planta temporal para así poderlos sacar de los procesos tercerizados. Estos 1.000 del decreto del 27 de diciembre pasado son el primer grupo.
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“La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante radicado 2-2024-072484, emitió concepto de viabilidad presupuestal para la prórroga de la planta de empleos de carácter temporal de mil ciento setenta (1.170) empleos, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, quedó especificado en dicho decreto para demostrar que el grueso del Gobierno, por instrucción del presidente Petro, está encaminado a una formalización que requiere de al menos $5.000 millones mensuales para sostener a estas 1.000 personas temporales dedicadas a la custodia de protegidos.
De hecho, tanto el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) –liderado por Laura Sarabia (cuya continuidad en el cargo está a punto de llegar a su final)– como la Función Pública también dieron su visto bueno a la continuidad de todo el proceso. Eso sí, es un tema que revive ahora que el Ejecutivo está en un momento de ajustes, pues tiene presupuesto general de $511 billones para 2025, pero que está desfinanciado en $12 billones. Además, se vienen un nuevo remezón en la cúpula del poder y no es claro si Rodríguez seguiría o no al frente de la UNP.
Entre tanto, y de acuerdo con personas del interior de esa entidad, se supo que esos 1.170 cargos temporales ya están operando con personal previamente seleccionado, pero que al ser parte de un proceso de formalización se abrirá una convocatoria, a través de una universidad pública, para garantizar transparencia en la vinculación de escoltas de forma directa a la planta de la entidad.
Ahora bien, esto evidencia que hay instrucciones directas del jefe de Estado que sus funcionarios deben tramitar por encima de sus diferencias, porque el llamado “fuego amigo” que denunció ante la Fiscalía la propia primera dama, Verónica Alcocer, y que no es otra cosa que una guerra interna por estar más cerca del poder presidencial, tiene a dos bandos que, con sus respectivos bemoles y más allá de este proceso en la UNP, cuentan entre sus filas –entre otros– a Sarabia y Rodríguez.
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Pero este paso es clave en la necesidad de limpiar los esquemas de protección, y no solo con la verificación de los riesgos reales de los protegidos, sino también porque no son pocos los casos de escoltas oficiales que han estado involucrados en narcotráfico, tráfico de armas y hasta en líos de corrupción para favorecer procesos torcidos dentro la misma entidad. De hecho, hace tres meses se supo de cabecillas disidentes moviéndose libremente por Antioquia en camionetas de la UNP sin que hubiese permiso alguno para hacerlo; eso derivó en una depuración.
Por eso, los sindicatos de la entidad han venido acompañando estos procesos, aunque no sin dar alertas sobre cómo organizar la llegada del personal de planta para garantizar su idoneidad y evitar, por un lado, que salgan personas capaces –hay varios exFARC vinculados– por cuenta de quienes entren a través del concurso que se piensa abrir, y por el otro la necesidad de blindarse de los intentos de personas ligadas a la ilegalidad que no quieren soltar el manejo de recursos públicos. Se sabe que los entes de control están vigilando todos los pasos que se den.
Decreto sobre la planta temporal de escoltas de la UNP:
Concepto del Dapre avalando la planta temporal de escoltas:
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