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¿Por qué hay tanto ruido y qué hay de fondo en la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de quitarle facultades mineras a Antioquia?
Es una retaliación más de las varias que ya ha tomado Petro contra Antioquia. Comenzando este año ya le había quitado la misma delegación y capacidad de fiscalizar los cuatro grandes proyectos mineros del departamento; además, posteriormente, intervino sin razón Comfenalco y Sabia Salud, que es la aseguradora del régimen subsidiado para 1′700.000 de los más pobres entre nuestros paisanos. También ha reiterado en distintas ocasiones su renuencia a hacer el cierre financiero y cubrir faltantes por cerca de $3 billones que necesitamos para culminar las Autopistas de la Montaña o las vías de cuarta generación.
¿Se verán frustrados esos proyectos?
Pues él aduce que esas son vías para los ricos, pero realmente son vías que habrán de conectar el suroccidente colombiano con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe, que es en el nuestro, en el Urabá antioqueño. Entonces, esa es una primera razón de retaliación y la otra es ya muy propia de un centralismo fastidioso, asfixiante, innecesario, en el que Colombia lleva caminando hace muchos años. Pero Petro está empecinado en concentrar más poder, diciendo que las regiones son incapaces, que no son competentes para hacer funciones que demandan un gran conocimiento del territorio. Pero, en todo caso, esa es la razón por la que esa decisión del gobierno Petro es altamente inconveniente y le pone un freno de mano al desarrollo regional en un tema tan clave para Antioquia como es el minero.
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Quienes apoyan la medida en materia minera argumentan que Antioquia, en plata blanca, estaba entregando territorio a punta de títulos mineros. ¿Qué les responde?
Lo que hay en el tema minero en el país es un mal arreglo institucional. Hoy día no solo en Antioquia, sino en el resto del país, más del 90 % de los títulos mineros conseguidos no se explotan. Entonces, allí hay un gran sector de la población que ancestralmente ha trabajado en la minería, ejerciendo esa actividad sin la protección debida al medioambiente, pagando sobornos a grupos ilegales de distinto pelambre, sin tributar, trabajando en la oscuridad. Por eso, queremos ir al Congreso con la bancada antioqueña para modificar ese arreglo institucional, para que se grave hasta en 10 veces más aquellos títulos mineros que no se explotan y, en consecuencia, sus titulares tengan incentivos a liberarlos bajo unas buenas prácticas y así entregarlos a quienes sí están dispuestos a trabajarlos. Así las cosas, en lugar de que ese minero artesanal tenga que pagar una extorsión al Clan del Golfo o a otro grupo ilegal, puede hacer un convenio con los batallones de las zonas o con la Policía y así todos ganamos.
Eso necesitaría el respaldo de más congresistas, no solo de los antioqueños…
Pero, y me perdona la expresión, así dejaríamos mamando a los bandidos. Todo el mundo podría trabajar por encima de la mesa. Lo que pasa en la minería es una manifestación más de las muchas que tiene Colombia de cómo se obliga a la gente a trabajar en la oscuridad. Yo fui en pleno paro minero al Bajo Cauca, en marzo de este año, y me decían allá que es preferible tener una cuenta bancaria con $10 millones de pesos fruto de su actividad, pese a que no las tienen porque nadie se las da (las cuentas), en lugar de tener $2.000 millones debajo del colchón y corriéndole a todo el mundo, como pasa actualmente. Necesitamos realmente ajustar la institucionalidad minera a una que permita trabajar a plena luz del día y no en la oscuridad como acontece hoy. Y medidas como la que toma Petro, lo único que hacen es dejar más a merced de la criminalidad a los mineros artesanales. No se está corrigiendo el problema de fondo.
Retomando el tema de las vías 4G, ¿qué va a hacer usted si no llegan los recursos del Gobierno Nacional, se frenaría todo?
Eso es una incertidumbre muy grande. Todo eso es un desprecio a lo mucho que puede hacer el sector privado en materia de infraestructura. Nosotros también queremos ir al Congreso para modificar la ley de concesiones actual, con el fin de que esos contratos vigentes sobre concesiones viales puedan modificarse temporalmente y adicionarse hasta en un 50% de su tiempo inicialmente concebido. Tienen un techo restringido del 20%. De esa manera, sin pedir un solo peso del Presupuesto General de la Nación, podríamos habilitar el cierre financiero de esos tramos que, en el caso de estas 4G, tienen faltantes que pueden ser superiores a los $3 billones. Ahora, a Petro se le olvida que Antioquia ha hecho un esfuerzo muy grande con esas vías. El departamento y el municipio de Medellín desde 2011 constituyeron vigencias futuras para aportar en el proyecto de las Autopistas de la Montaña. No terminar esas obras, por supuesto, afectará la competitividad de Antioquia y la posibilidad de generar riqueza y empleo a todo el suroccidente colombiano.
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En la campaña, gobernador, usted fue muy crítico con la política de paz total del presidente Petro y su departamento tiene alta presencia de grupos ilegales y bandas urbanas. ¿Le ve viabilidad a la paz total?
La paz total es un ejercicio más de esos de contemporización que infortunadamente ha tenido Colombia a lo largo de su vida republicana con los criminales. Lo que nosotros vemos, fruto de eso, es mucha zanahoria con los bandidos y garrote con los ciudadanos. Yo tengo una concepción muy distinta, para mí la paz es el imperio de la ley en todos los rincones del país. La paz se impone con seguridad, con justicia, y a eso habré de abocarme yo. La paz total es un embeleco del Gobierno Nacional, pero yo habré de honrar mis funciones como gobernador, asumir las competencias que tengo en materia de orden público, de seguridad ciudadana, y apelaré a lo mejor de nuestros soldados y policías que tienen en su corazón el cumplimiento de su quehacer misional. Todo esto para proteger la vida y combatir el crimen y el delito.
Siendo tan crítico con la Casa de Nariño, ¿augura o no un diálogo fluido con el Gobierno Nacional?
Yo tengo muy claras mis prioridades, que no son unas distintas a las de Antioquia. Yo soy una persona en esencia respetuosa, institucional, pero tengo muy claro que debo defender los intereses de nuestro departamento y de mis paisanos, de mis coterráneos, y a eso habré de abocarme. Ese fue el mandato que yo recibí. Nosotros vamos a tener mucho respeto y acudiremos al diálogo institucional siempre que nos lo permitan, pero no nos vamos a arrodillar. Aquí vamos a defender a Antioquia y a los antioqueños.
¿Pero cree que sí hay disposición del presidente Petro de hablar con usted?
Yo no tengo ningún problema en lo personal. Mi rol a partir del primero de enero será uno absolutamente institucional y yo siempre estaré dispuesto a dialogar en favor de los intereses de Antioquia y de mis coterráneos. El presidente es el presidente del país, de la nación. Él no puede dejar que se le embolaten sus prioridades. Un presidente no está para cobrar malquerencias. El presidente, además, desde nuestra Constitución, se supone que debe estar para consolidar la unidad nacional. Entonces, yo lo invito a él a que trabajemos en esa línea. Nosotros tenemos unas responsabilidades que asumir y que honrar. Es lo que esperan los ciudadanos. Los ciudadanos no están esperando diatribas ideológicas ni disputas dogmáticas. Los ciudadanos esperan ver en sus gobernantes que las cosas se den.
Gobernador, ¿cuáles van a ser los dos principales ejes de su mandato?
La seguridad, sin duda. Los romanos decían que la seguridad era el primer bien de la república. Nosotros necesitamos posibilitarles a los antioqueños que se vuelvan a acostar y a levantar sin miedo. En eso hay que acompañar a la Fuerza Pública en una gran tarea colaborativa por parte de la ciudadanía no armada, con mucha tecnología y con disposiciones administrativas. Yo, por ejemplo, le quebré el espinazo al microtráfico siendo alcalde de Rionegro, tumbando las casas de vicio. Esa es una decisión administrativa. Por eso he dicho, todas las casas de vicio que me reporte la autoridad policial en cualquier rincón de Antioquia procederé a demolerlas. No hay mejor forma para combatir el microtráfico que esa; el microtráfico en un gran articulador de la criminalidad. Los expendedores de droga no solo están dedicados a eso, están dedicados a extorsionar, a robar y a tejer toda suerte de crimen. Y, por otro lado, aquí nosotros tenemos unos dolores muy grandes alrededor del hambre. Hay dos millones de antioqueños aguantando hambre. Una violencia exacerbada en contra de las mujeres que necesitamos atenuar, reducir. Ojalá, Dios mediante, podamos acabarla.
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¿Cómo le fue en el empalme, qué tal el departamento que le entrega el saliente gobernador, Aníbal Gaviria?
Muy bien. Tuvimos un diálogo muy útil, abierto, para habilitar esta transición democrática. Fue muy distinto a lo que, infortunadamente, le tocó vivir al doctor Federico Gutiérrez en Medellín. Entonces, por supuesto, con diferencias, y con reparos, pero los ciudadanos esperan de los gobiernos, y sobre todo de quienes están en el liderato de los mandatos, menos quejas y más acciones. Tenemos que aprender a entregar soluciones a los ciudadanos. Ellos lo eligen a uno con la ilusión de resolver las distintas dificultades y no para quejarse.
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