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El aplazamiento de una firma pactada a varias bandas para desembolsar poco más de $10 billones destinados a tres planes territoriales para la implementación del acuerdo con las extintas FARC, cuyo foco está en regiones azotadas por la violencia de grupos criminales y el narcotráfico –Catatumbo, Nariño y Cauca–, dejó al descubierto un cortocircuito entre ciertas entidades del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Lo que se delineó en cronogramas internos es que hace 26 días se les daría la viabilidad presupuestal a esos procesos desde el Departamento Nacional de Planeación, liderado por Alexander López Maya, pero la rúbrica prevista para ese 18 de diciembre no se dio. Si bien hubo intercambio de mensajes para justificar el retraso, la molestia quedó sembrada.
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Al Ministerio del Interior de Juan Fernando Cristo, quien desde que llegó al cargo hace seis meses se propuso entre sus objetivos ejecutar un plan de choque que le diera celeridad a una rezagada implementación de lo pactado en La Habana, no le cayó bien que luego de recorrer conjuntamente la mayoría de los 170 municipios PDET –en los que se concentran las acciones del Acuerdo de Paz– se le diera más largas a un asunto al que incluso el presidente Petro le había dado su bendición política y presupuestal.
Las diferencias por estos asuntos entre estas dos entidades se han intentado limar en las últimas 96 horas, incluyendo un encuentro en la tarde del pasado viernes para buscar alternativas, pero al no ser las únicas que están involucradas en este sigiloso pulso no se han podido destrabar las acciones planteadas pese a las buenas intenciones que se han esgrimido en esos diálogos.
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En efecto, la oficina del Comisionado de Paz –comandada por Otty Patiño–, junto a un par de instancias que estructuralmente dependen de ese despacho, ha esbozado inquietudes sobre cómo se diseñaron esos planes territoriales, incluidos los tres que tenían aval para firma, y lo que considera son los riesgos que se derivan de generar nuevas violencias al no tener entre sus actores a los ilegales que aún operan en las regiones de aplicación.
Y es ahí cuando entran en escena la Unidad de Implementación para el Acuerdo de Paz de Gloria Cuartas y la Agencia de Renovación del Territorio que conduce Raúl Delgado. Estas dos entidades, cuya línea de acción depende en gran medida del despacho de Patiño, han mostrado interés en sacar adelante lo ya pactado en esos planes, pero no sin dejar planteadas algunas inquietudes.
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Cuando El Espectador comenzó a indagar por todas estas diferencias, que no son menores cuando el propio jefe de Estado se comprometió públicamente a destrabar lo firmado con las FARC y a mover la institucionalidad para salvaguardar la integridad de los firmantes –de acuerdo con Indepaz mataron a 31 en 2024 y según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron 29 los asesinados (son más de 440 desde 2016)–, encontró que, sumado a las distancias políticas internas, también el tema monetario jugó un papel clave.
Ante la desfinanciación de $12 billones que tiene el presupuesto general de 2025 que proyectó Petro vía decreto por $511 billones, las vigencias futuras que se requieren comprometer para determinados procesos, entre ellos los planes territoriales de la implementación del acuerdo, están frenadas y en etapa de rediseño en el Ejecutivo. De hecho, esto será parte determinante del cónclave ministerial que el presidente citó en Bogotá para estos lunes y martes, porque no solo los asuntos de paz están siendo impactados.
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“Hay un consenso de que los pactos territoriales son procesos privilegiados para la implementación del acuerdo en los territorios, pero se debe pasar ya de la planeación precisamente a la implementación”, aseguró Carlos Córdoba, coordinador del equipo de paz del Ministerio del Interior y quien ha hecho parte de las mesas interinstitucionales en las que se discuten cómo mover lo pactado con los ex-FARC.
“He visto que no se ha impulsado lo que veníamos haciendo desde tiempo atrás y luego de cumplir más de 700 actos emitidos por la JEP, por lo que no se desarrolla el plan de acción que traíamos; pero sí necesitamos impulsar esto, porque no podemos innovar sino cumplir”, le dijo a este diario a comienzos de enero la directora Cuartas.
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Esas dos posturas son tan solo un par de pinceladas de las diferencias entre entidades que hay por estos planes territoriales, pero que al final las partes dicen están dispuestas a superar. Y es que en las regiones todos tienen intereses.
El plan del Catatumbo, tasado en $4,2 billones, busca transformar esa región “en un territorio ordenado alrededor del agua con justicia social y ambiental”, el cual, entre otras cosas, posibilite “la construcción de paz territorial”. En esta zona, de hecho, hay una presencia fuerte del ELN, grupo criminal que está en una estancada mesa de diálogo con el Gobierno, al igual que reductos de las disidencias y se concentra el grueso de las 40.000 hectáreas de coca que se calcula tiene Norte de Santander; además, está en la frontera con Venezuela, país que resguarda a varios de los cabecillas.
Otro de estos planes es el de Cauca por $1,3 billones y cuyo eje, entre otros ítems, está en “generar condiciones para la transformación territorial y la consolidación de la paz”. En este departamento también hay reductos elenos y del Clan del Golfo, así como una fuerte presencia de la disidencia que comanda alias Iván Mordisco, la cual terminó fragmentada entre un bando liderado por este sujeto y otro que está manejado por Alexander Díaz, conocido con el mote de “Calarcá Córdoba”. El Plateado es tal vez el municipio más golpeado.
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Y el tercero es el de Nariño, que tiene una inversión prevista de $5,1 billones y busca “impulsar la implementación de las transformaciones necesarias que requieren los territorios nariñenses para superar las brechas históricas y promover el tránsito de las economías ilegalizadas hacia economías lícitas”. La principal apuesta de la llamada paz total de Petro en este departamento es el diálogo con la disidencia elena que se autobautizó Comuneros del Sur.
Esa presencia de ilegales en las regiones en las que hay proyectados planes territoriales, como estos tres que se debían firmar desde el 18 de diciembre y aún siguen en veremos, es la que puso sobre la mesa otra arista que sacude las diferencias institucionales. Mientras el Ministerio del Interior se mantuvo en que se deben promover esos procesos con quienes ya firmaron la paz hace ocho años, la oficina del Comisionado de Paz esbozó la tesis de que ahí deben incluirse –con ciertos bemoles– las estructuras delincuenciales que aún están en armas.
Patiño dijo, en un foro reciente de Cambio, que “ese es un temor que tengo sobre los pactos territoriales donde no estén los actores armados”. Aunque este diario buscó al funcionario en reiteradas ocasiones para que precisara esta postura, que argumentó en su momento está basada en el riesgo de que los ilegales recuperen espacios de poder si no entran en estas fases de construcción, no contestó ninguna llamada ni mensaje.
Pero no es lo único que sacude los pulsos internos entre despachos por cómo ejecutar el Acuerdo de Paz. El Espectador conoció por diversas fuentes que en la Casa de Nariño ya hay un borrador de decreto para reorganizar la institucionalidad de la implementación, lo que podría restarle margen de maniobra a la oficina de Patiño y devolverle fuerza a la unidad de Cuartas e incluso a la agencia de Delgado, pero su firma está frenada precisamente por las diferencias que se están ventilando.
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Petro, desde 2023 y ante la población de ex-FARC ubicada en un ETCR de Miravalle (Caquetá) –que estaba ad portas de un desplazamiento forzado por la violencia que sobre ella desplegaron las disidencias–, se comprometió a dar ese revolcón institucional, pero ya arrancó el 2025 y eso no se ha ejecutado. Este diario también estableció que será otro de los temas que, al igual que el futuro de los frenados planes territoriales, se abordará en el gabinete ampliado de esta semana.
Cuando se le consultó a Planeación Nacional por todos estas desavenencias y el motivo de por qué no han rubricado los tres planes ya avalados, ni el director López Maya ni el segundo a bordo, David Flórez, aceptaron dar su versión. De acuerdo con sus asesores, se está trabajando en la reunión ministerial de estos lunes y martes y podrían solo pronunciarse después de esa cita.
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En todo caso, fuentes de la entidad sí reconocen que las diferencias entre despachos y la falta de claridad sobre las vigencias futuras son parte de lo que aplazó la firma de los planes territoriales que se tenía prevista para hace 26 días. Además, dijeron que se está verificando si la cirugía al Sistema General de Participaciones (SGP) que pasó el año anterior el gobierno Petro por el Congreso, al significar la redistribución de ciertos rubros regionales, tendría impacto en estos procesos.
“Hemos venido acompañando todo el proceso de construcción de los planes territoriales y les damos toda la importancia”, le ratificó Delgado a este diario con el fin de enviar un mensaje de que, pese a esta radiografía, se están buscando acuerdos.
Por ahora, todo está en manos del presidente Petro, pues desde todas las entidades consultadas coincidieron en que su voz es la única que puede destrabar este pulso y apagar el cortocircuito que se desató. Hay expectativa.
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