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El Gobierno de Gustavo Petro cerró un turbulento año diplomático, marcado por polémicas y decisiones judiciales en su contra, abriendo una de las 10 embajadas que prometió en la primera mitad de 2024: Senegal. A dos años y medio de su llegada a la Casa de Nariño, el presidente saca pecho de lo que su gabinete ha llamado “un proceso de reconexión histórica con África”, que quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 y en la ruta estratégica de la Cancillería bajo el nombre “Estrategia África”.
Esta intención, que incluyó también la apertura de una embajada en Etiopía el pasado octubre, llevó al canciller Luis Gilberto Murillo y a la vicepresidenta Francia Márquez a realizar múltiples visitas a ese continente, lo que generó críticas debido al gasto en viáticos para países que, según algunos opositores, no aseguran beneficios económicos claros para Colombia. Además, este balance sobre la relación con África enfrenta retos complejos, como el reciente problema señalado por el jefe de Estado: la presencia de mercenarios colombianos en las guerras internas africanas.
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La apertura de la sede diplomática en Senegal hace tres semanas, que implica un costo anual de cerca de 2.257 millones de pesos para su mantenimiento, según datos obtenidos por El Espectador a través de vías legales, es la segunda que abre la actual administración en esa región. La primera, ubicada en Etiopía, con un costo anual aproximado de 1.636 millones de pesos, comenzó a funcionar en octubre bajo la dirección de Yeison Arcadio Meneses, un docente oriundo del Chocó. Estas nuevas misiones son dos de las 10 embajadas que Petro prometió abrir en febrero de este año, con un costo proyectado de 4.600 millones de pesos, y son el resultado de la gira de la vicepresidenta a África en 2023.
Los costos asociados a la apertura de nuevas embajadas han puesto a Petro en el ojo del huracán, no solo por las sedes en África, sino también en países como Palestina, Rumania, Haití y Arabia Saudita. Un caso especialmente cuestionado es el de la misión ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que estuvo inactiva por 25 años y fue ocupada durante solo seis meses por el ahora consejero presidencial Armando Benedetti. Esa misión le costó al país cerca de 1.200 millones de pesos. En un contexto económico complejo, con la ley de financiamiento hundida y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 sacado por decreto con un hueco de $12 billones, desde el Congreso han solicitado al gobierno que “se apriete el cinturón”. En diálogo con este diario, por ejemplo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó como “gastos desbordados” las nuevas misiones diplomáticas.
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No obstante, desde la Vicepresidencia y el Ministerio de Exteriores resaltaron algunos logros de la construcción de relaciones bilaterales con países africanos. En el ámbito comercial, se destacó la autorización para que Ethiopian Airlines opere en Colombia, una alianza que permite que productos como café lleguen a África en un día. Además, el programa “Ella Exporta a África” conectó a 30 empresas lideradas por mujeres colombianas con mercados africanos y con una inversión inicial de aproximadamente 4.500 millones de pesos. Cuando abrió la embajada en Senegal, la Cancillería contó que Colombia ya exportó su primer lote de café a ese país y que “continuará trabajando por fortalecer las relaciones comerciales y afianzando los intercambios en materia de cultura, deporte e historia”.
“La política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez se centra en una diplomacia que reconoce el valor de la vida, promueve la democracia y además fomenta la paz y la dignidad de las personas”, aseguró este jueves el canciller Murillo.
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En el plano político, Márquez lideró visitas estratégicas a África, donde se firmaron 18 acuerdos de cooperación con países como Kenia, Etiopía y Sudáfrica. Según documentos en poder de El Espectador, en sus dos primeros años como vicepresidenta, sus viáticos han costado más de 86 millones de pesos. El primer viaje de su segundo año en el poder fue precisamente a Nairobi (Kenia) y Accra (Ghana), donde participó en la Cumbre Africana sobre el Clima (costo estimado de US$1.350) y se reunió con el secretario general de la ONU y altos mandatarios de la Unión Africana.
De hecho, sus dos siguientes viajes, aunque no tuvieron como destino África, estuvieron relacionados con el fortalecimiento de relaciones con esos países y con la agenda afrodescendiente. El segundo viaje fue a Nueva York y Washington (Estados Unidos), donde asistió a la Asamblea General de la ONU y participó en la Conferencia Legislativa número 52 del Black Caucus del Congreso estadounidense (costo estimado de US$1.912). El tercero fue a Boston y Amherst (Estados Unidos), donde sostuvo encuentros con embajadores del Caribe y África, representantes de USAID, congresistas estadounidenses y líderes en temas de justicia racial (costo estimado de US$1.575).
Por otro lado, el ministro de Exteriores intensificó su agenda en África y Medio Oriente en las últimas semanas, con reuniones bilaterales en Egipto, Senegal y Sudán. Una de sus prioridades ha sido abordar el fenómeno del mercenarismo, un problema que, según la Cancillería, afecta a exuniformados colombianos reclutados para conflictos internacionales como los de Sudán, Libia y Ucrania. “Colombia no puede seguir siendo fuente de personal para la guerra”, afirmó el presidente Petro recientemente y en un contexto específico relacionado con la situación africana.
En efecto, el Ejército sudanés afirmó hace una semana haber matado a “22 mercenarios de nacionalidad colombiana” entre las filas del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Además —y en respuesta a este contexto—, el Gobierno radicó un proyecto de ley que busca tipificar esta práctica como delito en Colombia, el cual fue aprobado en primer debate en el Senado. En noviembre, la Cancillería también activó el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) para asistir a colombianos en Sudán, quienes buscan regresar al país pero no pueden hacerlo al haber firmado un contrato para prestar sus servicios.
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De manera similar a la vicepresidenta, Murillo también adelantó, en paralelo, acciones relacionadas con los pueblos afrodescendientes. Hace unos días, celebró la Primera Cumbre de Pueblos Negros, Afrodescendientes, Garífunas, Raizales, Creoles y Miskitos del Gran Caribe en San Andrés. Para el ministro, este es un punto de inflexión de cara a la creación de la Confederación de Pueblos Afrodescendientes del Gran Caribe. Ambos aprovecharon el espacio de la COP16 en Cali para movilizar este tipo de agenda. Por ejemplo, durante esa cita, Colombia buscó que se reconociera a las comunidades afrodescendientes como actores clave en la preservación ambiental.
“Estamos interactuando mucho con la Unión Africana, pero también individualmente con Suráfrica, al igual que con Qatar y otros países. Tenemos una política de no alineamiento activo y de buscar nuevos socios”, le dijo Murillo a este diario en una entrevista publicada hace una semana.
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Y en general, 2024 fue un año complejo para la política exterior del gobierno Petro. Tras la salida obligada del excanciller Álvaro Leyva por decisión de la Procuraduría, Murillo asumió; sin embargo su permanencia en el cargo es incierta, pues su salida es inminente debido a sus intenciones de llegar a la Presidencia en 2026. Incluso, el fijo remezón ya fue confirmado por Petro y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Más allá de eso, la diplomacia enfrentó críticas internas y externas, siendo el reciente y fallido nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia uno de los episodios más controvertidos. Entre tanto, “el gobierno del cambio” sigue avanzando en su estrategia de reconexión con África, a pesar de los cuestionamientos por el alto costo que implica para la política exterior.
Vea aquí completa la más reciente entrevista con el canciller Murillo:
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Por Daniela Cristancho
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