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Aunque son varias las voces que incluso desde el seno mismo del progresismo de izquierda que representa la Presidencia de Gustavo Petro han lanzado alertas por lo que podría ser el colapso inminente de la llamada paz total –ante la falta de avances concretos que permitan mostrar resultados en las mesas de diálogo que se vienen implementando con organizaciones criminales–, la Casa de Nariño no está dispuesta a dar su brazo a torcer.
Y es por eso que emitió un documento de tres páginas, en poder de El Espectador, en el cual hace una férrea defensa de las nominaciones que el presidente Petro hizo a por lo menos 18 exnarcoparamilitares como gestores de paz, entre ellos Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo –dos sanguinarios protagonistas de la guerra colombiana–, lo cual le valió una lluvia de cuestionamientos por la anulación de los derechos de las víctimas que un paso de esa naturaleza puede representar.
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En efecto, en el oficio que se le remitió al Congreso, la Presidencia justificó que un paso así es potestad constitucional y legal del jefe de Estado, el cual está en marcado en la política de paz total que busca, por ahora sin mayores éxitos, desmantelar bandas y grupos de narcos ligados al conflicto.
“Es importante anotar que este grupo de gestores de paz no consiste en un proceso de negociación, sino en una mesa de trabajo. Su finalidad principal es revisar los compromisos establecidos en la Ley 975 de 2005, así como los compromisos pendientes por parte de los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lo anterior, toda vez que los únicos materiales escritos que existen al respecto están relacionados con el desarme y los lugares fijados para la dejación de armas”, quedó explícito en el oficio, firmado por Daniel Fernando Eslava, asesor de la Consejería Comisionada de Paz, que además tiene membrete de la Presidencia.
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Y se agregó: “En ese sentido, la mesa de trabajo busca recuperar los posibles acuerdos establecidos en el marco del proceso de desmovilización con las AUC”.
Este apartado del oficio gubernamental coincide con la narrativa del presidente en torno a cómo, desde su óptica, la desmovilización paramilitar que se dio durante la administración del exmandatario Álvaro Uribe (2022-2020) quedó mal hecha y que, por lo mismo, dejó vacíos de memoria judicial que deben repararse. De hecho, cuando Petro confirmó que Mancuso sería gestor de paz, lo cual sucedió hace un mes en un evento en Córdoba, ratificó esta tesis.
Por eso, de acuerdo con el documento al que accedió este diario, se cita la misma Ley 975 de 2005 –base jurídica de la Justicia y Paz y el desarme narcoparamilitar–, así como la resolución 091 de 2004, parte del artículo 189 de la Constitución y los decretos 614 de 2009 y 1175 de 2016, para justificar por qué narcos extraditados y luego retornados terminaron convertidos en la actual administración en una suerte de consejeros sobre cómo construir proceso de reconciliación en los territorios sobre los que dejaron su estela de guerra y sangre.
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Incluso, el oficio de Palacio dijo que en esas y otras normas las antiguas autodefensas fueron calificadas, a la luz del derecho internacional, como grupos armados organizados al margen de la ley (gaoml).
“Los desmovilizados en el marco de ese proceso de paz, como exmiembros de las AUC, pueden ser reconocidos como gestores de paz por el Presidente de la República, según lo dispuesto por el marco legal. Con base en el marco jurídico vigente, no existe un requisito legal adicional para que el Presidente otorgue la calidad de gestor de paz. En consecuencia, no hay un conjunto de criterios previamente establecidos, sino que esto depende de una valoración presidencial”, defendió la Casa de Nariño.
Además, tras ratificar en varios apartados que la decisión es del resorte exclusivo del mandatario –en este caso Petro–, el Gobierno advirtió que se deben cumplir con ciertas reglas que vigila la oficina del comisionado de Paz, ahora mismo liderada por Otty Patiño –el segundo en ocupar el cargo en la actual administración–, lo cual incluye un plan de trabajo de seis meses con acciones concretas y ejecutables.
“La gestoría de paz se otorga por un plazo determinado y conlleva el compromiso de actuar conforme a la función legal, asistir a las diligencias judiciales cada vez que sean requeridos, firmar un acta de compromiso ante el Consejero Comisionado de Paz y rendir un informe mensual de actividades relativas a la gestoría. Todas las gestorías de paz otorgadas por el Presidente de la República, incluyendo las concedidas a exintegrantes de las AUC, se rigen por este marco regulatorio y, por lo tanto, implican estos beneficios y compromisos”, se aclaró en el documento oficial.
Toda esta defensa tiene el fin de proteger jurídica y políticamente la resolución 453 del 8 de noviembre de 2024, con la cual se le dio sustento legal a la designación de Mancuso, Giraldo, Ramón Isaza y –entre otros 14 exnarcoparamilitares– Jorge Tovar Pupo (”Jorge 40″), como gestores de paz. De hecho, algunos de estos sujetos fueron expulsados de Justicia y Paz y rechazados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su nulo aporte a la verdad y a la reparación de las víctimas.
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Y aunque es potestad del jefe de Estado dar este tipo de pasos, y más para buscar resultados en un año convulso, los cuestionamientos no han sido menores, pues reductos de estas estructuras, al igual que las disidencias de las FARC, los elenos y otras bandas criminales, son las responsables –entre otros múltiples delitos– de las más de 230.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito que tapizan al país.
Incluso, esa resolución de noviembre pasado fue demandada ante tribunales judiciales para intentar frenarla. Eso sí, tanto el presidente Petro como quienes rodean su proyecto progresista la defienden como una necesidad para la reconciliación.
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“Estas personas designadas ya no hacen parte de estructuras armadas, sin embargo, poseen un conocimiento del territorio y de los actores que inciden en el mismo. Este es uno de los elementos alrededor del cual se va a elaborar el plan de trabajo que cada uno de los gestores deberá cumplir durante la vigencia de su designación”, se finalizó en la defensa oficial de la decisión adoptada por el presidente Petro.
En todo caso el debate no es menor, pues las más de seis mesas de diálogos con grupos criminales y narcobandas urbanas, así como los acercamientos a otras estructuras ilegales, están prácticamente estancadas y varios de sus voceros han dicho que antes de 2026 –cuando se prevé cambio de Gobierno–, no habrá resultados concretos.
Por lo mismo, Petro y su equipo de paz buscan acelerar procesos más pequeños, como el que se adelanta en Nariño con la disidencia elena que se autobautizó Comuneros del Sur, para tener cartas que le permitan evidenciar gestión en esta órbita y construir un relato que dé sustento a la política de paz total.
Este es el documento completo del Gobierno del presidente Petro:
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