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Los ocho tiros de una pistola Glock nueve milímetros que disparó un menor de 14 años el pasado 7 de junio, de los cuales tres impactaron en el cuerpo del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) –a plena luz del día en el occidente de Bogotá–, rompieron el devenir político de un país sumido en una profunda polarización. Y no solo por las grietas evidentes en la seguridad de quienes hacen parte de una convulsionada campaña, sino porque dejó explícitas las cartas con las que todos los bandos quieren jugar en medio de la agitación que este hecho desató.
Aunque las primeras horas posteriores al atentado mostraron visos de unidad entre dos sectores cuya confrontación verbal escaló a puntos como el de acusar al contrario de “nazi fascista” o de señalar al otro de “drogadicto y dictador”, ni el poder actual que tiene el progresismo desde la Casa de Nariño ni la vocería que asumió la oposición desde la cúpula del Congreso lograron mantener los puentes tendidos para reducir la tensión institucional reinante.
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Desde la misma tarde de aquel sábado en el que el país tuvo un flashback de esa violencia terrorista que lo azotó durante las décadas de los ochenta y los noventa, con al menos cuatro candidatos presidenciales ultimados a tiros en solo una de las doce contiendas electorales que se dieron en esos años, el presidente Gustavo Petro comenzó a recibir información directa de qué estaba pasando. De paso, por otras vías, comenzó a hilvanar la tesis –también en investigación– en torno a que los hechos podrían tener como objetivo una desestabilización.
Esto último, casi al borde de la madrugada de esa fecha –durante la cual llevaron primero a Uribe Turbay a un centro clínico de Fontibón para su primera atención y luego lo trasladaron a la Fundación Santa Fe con el fin de realizarle intervenciones de fondo–, lo confirmó en una de las dos alocuciones que ha hecho el jefe de Estado durante estos últimos nueve días.
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Dijo, incluso, que el ataque podría tener participación de organizaciones criminales arraigadas en el exterior. Y luego, exactamente cinco días después, aseguró en un plazoletazo con tintes electorales que la oleada de más de 24 ataques terroristas que sacudieron al occidente del país en solo 48 horas podría tener relación con lo ocurrido el sábado pasado en Bogotá. Incluso, en ambos escenarios, afirmó que los hijos de él y sus ministros, al igual que el del legislador abaleado, eran víctimas de seguimientos ilegales.
Pero todos estos episodios de sangre y polémica –que incluso tuvieron de por medio un cruce de dardos entre Colombia y Estados Unidos por la forma en que la Oficina Oval dijo que el ataque a Uribe Turbay era “resultado de la violenta retórica izquierdista” (lo cual rechazó con dureza el Palacio de San Carlos)– no fueron ajenos a un debate electoral que paralelamente se calentó con la expedición del decretazo de la consulta popular de Petro y la posterior confirmación de que el objetivo final sería una Asamblea Nacional Constituyente.
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Y aunque en la mitad de ese reacomodo de fichas se echó a andar una estrategia milimétrica para intentar superar la tensión intentando sentar este lunes en un solo escenario a la cúpula institucional, la cual viene liderando la Iglesia Católica con el cardenal Luis José Rueda a la cabeza, la desescalada verbal que el grueso de la sociedad civil pidió para llegar a acuerdos mínimos no cuajó. Por eso, el país político que desde las 5:30 de la tarde del pasado 7 de junio se sacudió con un punto de inflexión, en medio de todo, no deja de ser una radiografía de la polarización que ya se venía viviendo; con menos adjetivos, aunque con igual carga.
Un gabinete alineado
Los cerebros del decretazo de la consulta y la asamblea constituyente con verbo “popular” son los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, quienes han sido asesorados por juristas con millonarias contrataciones públicas. Y fueron, precisamente, los que le dijeron a Petro que las apuestas por el 2026 –apoyadas en la tesis de promover las reformas que no han logrado consensos en el Congreso– no se deben detener.
De ahí que Petro usara una convocatoria sindical a favor de su administración el pasado jueves en Cali, la misma capital que en marzo de 2024 fue el escenario donde por primera vez ventiló su intención de ir a una constituyente, para notificar que sí puede bajarles el tono a sus discursos, pero no desfallecer en su propósito de que la izquierda tenga una segunda oportunidad en el solio de Bolívar tras los comicios del próximo año.
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“Me han pedido que baje el tono y me comprometo a hacerlo, pero bajar el tono no significa silenciarse ni arrodillarse”, precisó aquella noche el jefe de Estado. Y horas después, a través de sus redes, dejó en claro que –tal y como lo reveló El Espectador en su pasada edición dominical– la estrategia pasa por graduar de “enemigos del pueblo” a quienes no profesen sus ideales.
En efecto, dijo que el decreto de 33 páginas y rotulado 0639 del 11 de junio de 2025, con el cual se convoca a una consulta popular que tendría su capítulo de urnas el 7 de agosto –día en que Petro comienza su último año presidencial–, se le remitió a la Corte Constitucional para su análisis; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez liderará ese estudio. No obstante, dejó claro que si se lo tumban ahí o en el Consejo de Estado, donde también puede ser abordado por ser un acto de carácter administrativo, solo le queda la vía “del pueblo”, esa misma que con tanta fuerza resonó en Venezuela y El Salvador, dos Estados políticamente antagónicos y sumidos en un régimen con igual impacto dictatorial.
“Si tampoco el Estado colombiano lo permite, claro que ya no queda sino el poder constituyente, que no convoco yo, sino el mismo pueblo, con su voto. (…) Cuando se instale la constituyente no seré presidente de Colombia. Quizás si el pueblo lo quiere, en ese entonces y esté vivo, seré constituyente, que no se me asusten”, fue uno de los mensajes del mandatario.
Y los ministros Benedetti y Montealegre, al igual que el resto del gabinete, salieron a respaldarlo bajo la tesis de que hay un estamento en los poderes Legislativo y Judicial que no puede ser ajeno a lo que, según el relato oficialista, se evidencia en las calles. Eso mismo va en la vía de saber cómo queda la reforma laboral que está en su último debate en el Senado y a la que le faltan no más de 20 artículos para pasar, pero que tendrá que ir a conciliación con la Cámara; el Gobierno ya dijo que si queda tal cual la propuso, retiraría la consulta.
Eso sí, aún no se sabe qué va a suceder con la reforma a la salud que está pendiente de tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y que, de no avanzar, derivaría en otra consulta más que, de hecho, ya está pendiente de ser votada –con 16 preguntas (12 laborales y cuatro de salud)– en la plenaria de la misma corporación. Todo esto se ha analizado con detalle y sigilo en reuniones privadas en Palacio, cruces de mensajes y llamadas telefónicas, así como en espacios más privados que ha liderado el propio Petro con su equipo y asesores externos.
Y como lo que está en juego es el poder y el escenario crucial son las urnas, la oposición no se quedó quieta. El presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), junto a los expresidentes César Gaviria (jefe del Partido Liberal) y Álvaro Uribe Vélez (líder del Centro Democrático) –y con el respaldo de fuerzas como Cambio Radical y La U– se unieron para cuestionar a la Casa de Nariño por mantener enfiladas sus baterías sin pausar la agenda por lo sucedido el 7 de junio.
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No solo no fueron el lunes pasado a la Comisión de Garantías Electorales que citó el Ejecutivo, sino que abrieron un escenario alterno a instancia del procurador Gregorio Eljach para buscar protección y rutas que deriven en unas elecciones sin amenazas para sus fuerzas. Incluso, pidieron un espacio similar con las cabezas de las Fuerzas Militares y de Policía, lo que les valió la acusación palaciega de “sedición” y “golpismo”.
Además, para este domingo y en al menos 20 capitales, está previsto que esa misma oposición y sectores independientes –con varios precandidatos en las filas– realicen la llamada “Gran marcha del silencio” en rechazo al atentado contra Uribe Turbay y a la retórica petrista que está en su propia campaña. La Casa de Nariño ya dijo que dará todas las garantías para su realización, mientras que la familia y el equipo del legislador que está en cuidados intensivos –incluyendo a María Claudia Tarazona (destacada abogada y pareja del senador a quien se le ha visto útilmente junto a sus hijos vestida completamente de blanco)– analizan si participar o no.
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La razón es que el día en que hizo el anuncio el Centro Democrático, cuyos otros precandidatos (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra) pausaron su agenda electoral, paso que también dieron aspirantes de otros sectores políticos, no hicieron presencia quienes han hecho trabajo electoral con Uribe Turbay. Se habla de diferencias internas que vienen desde antes.
Eso sí, tras la marcha de este domingo y con la expectativa de cómo sale la reforma laboral del Congreso, la actividad proselitista dejará la pausa y comenzará de nuevo a moverse con fuerza, pues los pasos del progresismo no se han detenido y la lucha por los votos al final no se frenó, solo se dispersó. Eso explica por qué Petro y partidos afines citaron a un plantón frente al Capitolio este lunes mientras se debate esa iniciativa, y hace 48 horas oficializaron ante el Consejo Nacional Electoral la intención de que la izquierda se una en un solo partido bajo la chapa de Pacto Histórico.
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Y todo este escenario está, además, permeado por cómo la seguridad recupera su papel protagónico. Ahora no es solo por las balas que impactaron sobre un precandidato, sino que tiene el antecedente de que en algunos sondeos se evidenció que la situación de orden público y seguridad está entre las principales preocupaciones, como es el caso de Invamer, que en una medición de finales de marzo pasado mostró que el 21,2 % de sus encuestados coinciden con ese ítem, mientras que el 19 % indicó que es el desempleo y la economía.
Esto último era el otro eje sobre el que se estaba dando la discusión pública con más fuerza hasta lo ocurrido hace nueve días. El déficit público llevó a la Casa de Nariño a plantear la suspensión de la regla fiscal en momentos en que se busca anticipar recaudos de renta vía decretos, lo cual tiene en alerta al sector empresarial y, entre otras instancias, a las calificadoras de riesgo; y se sumó al anuncio de una nueva reforma tributaria.
Así las cosas, con una violencia política que sacude hace varios años a regiones y que regresó a escenarios urbanos con el ataque contra Uribe Turbay, hay un país que está expectante por la altura que tomarán sus líderes actuales para superar la crisis, pero que en medio de la misma polarización que no se detuvo ni con el regreso del fantasma de los magnicidios, dejó en evidencia la falta de liderazgos que realmente congreguen más allá del actual petrismo y oposición que se disputan el poder. Sí, desde el 7 de junio Colombia dio un giro, pero quienes están al frente de sus decisiones parecen –tras sus movimientos por el todo y con la base de que ya no habría otras apuestas por perder– beneficiarse del tono confrontativo.
Las urnas, en marzo (Congreso) y mayo (Presidencia) –con peleas de por medio por la contratación que ejecuta la Registraduría de Hernán Penagos que antes debe resolver si organiza o no la votación de la consulta–, serán las que determinen el rumbo de una Colombia que aún intenta superar la estela de guerra y narcotráfico que la ha golpeado por más de seis décadas.
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